Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás
Desde una
historia social y jurídica, el "linchamiento", definido como una
práctica de violencia, tiene relación con la historia de la humanidad en
diferentes periodos. Desde la antigüedad se identifican castigos corporales
violentos, cometidos por autoridades políticas o eclesiásticas, y que
estuvieron legalizadas y legitimadas por instituciones de poder, como la
Iglesia y las Monarquías, las que desarrollaron sistemas de tortura, tales como
latigazos y otros suplicios que provocaban la muerte de la víctima juzgada por
un tribunal o corte. Un ejemplo es la Santa Inquisición, en la Edad Media, que
fue el tribunal de la Iglesia Católica y que cometió una serie de atrocidades
contra la humanidad, utilizando la tortura como un modo de castigo.
La justicia
medieval se auto-fundamenta en la teología judeocristiana que concibe al cuerpo
como lugar de origen del pecado; se decía que, para que el cuerpo se salve,
debía pasar por un suplicio que permitiera la purificación del alma, es decir,
sólo así se disolvía el pecado. En dicho contexto, no existía la separación
entre religión y justicia o religión y Estado, lo que en la práctica se expresó
en el ejercicio de una justicia dogmática, justificada por la teología tomista,
y que derivó en castigos corporales contra personas inocentes que, fueron
acusadas de brujas y herejes por proferir afirmaciones "científicas",
que para la iglesia significaban una ofensa, aunque con el transcurrir del
tiempo fueron la base para comprender la ciencia moderna. Esta realidad cambia,
primero, con los avances de las ciencias naturales (astronomía, física,
química); segundo, porque la filosofía racionalista desestructura la teología
medieval, deslegitimando los poderes políticos monárquicos, que luego van a ser
destruidos por la revolución francesa de 1789, evento que propicia la proclama
los Derechos del Hombre y del Ciudadano.
Cabe
mencionar que, etimológicamente, el término linchamiento proviene de los
ajusticiamientos que se dieron en el siglo XVIII en Estados Unidos, durante la
guerra de independencia norteamericana, cuando el juez Charles Lynch ordenó la
ejecución de personas leales al imperio británico, sin que hubieran pasado por
un juicio.
Por tanto,
el término linchamiento corresponde a prácticas que están fuera de un proceso
jurídico legal estatal, en todo caso expresa la forma arbitraria de hacer
justicia frente a un delito o falta grave.
Para una
comprensión objetiva del tema, es importante reiterar definiciones sobre el
"linchamiento", ya que actualmente las ciencias sociales estudian
estos hechos como parte del incremento de la inseguridad ciudadana y de
acciones delictivas que suceden en América Latina; así mismo, Bolivia no está
exenta de esta realidad.
El
linchamiento se caracteriza por la ejecución de acciones colectivas de
violencia extrema en sectores urbano populares y semi-urbanos, los cuales se
sienten desamparados por las instituciones encargadas de prevenir la
inseguridad ciudadana y actúan por cuenta propia.
El
linchamiento es parte de un problema macro social y consecuencia de la
inseguridad ciudadana, violencia, pobreza extrema, lo que genera en la sociedad
civil poca credibilidad en autoridades policiales, y a esto se suma la
ineficiencia en la aplicación de políticas de seguridad ciudadana por parte del
Estado. En otros términos, la sociedad se encuentra en una situación de
desigualdad, económica, política y social, todos ellos son factores potenciales
para que los sectores sociales desfavorecidos por el Estado, o que están al
margen de las políticas estatales, se encuentran hoy en día propensos a sufrir
hechos delictivos que ponen en riesgo sus derechos y garantías para sobrellevar
una vida digna.
Esto se
manifiesta en zonas de áreas urbanas y semi-urbanas de El Alto, Cochabamba y
Santa Cruz. En estas áreas, los hechos delictivos son pasibles a ser
respondidos con una violencia colectiva. Se trata de áreas urbanas de reciente
poblamiento, donde existe insuficiencia en la cobertura en los servicios
básicos, agua, luz y, sobre todo, seguridad ciudadana; por ejemplo, la falta de
iluminación en algunas zonas de la ciudad de El Alto ofrece condiciones para
que los actos delictivos proliferen. Ante esto, la presencia de la policía y
sus medios logísticos resultan ser insuficientes.
Los actos
considerados como linchamientos se caracterizan por la participación de un
grupo de vecinos o pobladores que imponen justicia de manera discrecional. En
ese orden, la población urbana popular asume por cuenta propia la decisión de
castigar físicamente a supuestos culpables de un hecho delictivo, lo cual tiene
como desenlace final, en algunos casos, el fallecimiento de una o varias
personas acusadas de cometer un delito.
El problema
de los actos de linchamiento expresa, por un lado, la deslegitimación de las
instituciones estatales, en concreto de la Policía y la Justicia. En relación a
la Policía, de un tiempo a esta parte, los efectivos del orden público están
siendo cuestionados por la sociedad civil rural y urbana, y, en algunos casos,
acusadas de ser cómplices, por ser benevolentes con las personas acusadas de un
delito. En relación a la justicia, según los medios de prensa, se identifica un
problema de acceso a la justicia de parte de sectores sociales rurales y urbano
populares, por un desconocimiento de los mecanismos jurídicos legales que les
permita sentar una denuncia ante una autoridad competente. A esto se añaden
otros factores que son recurrentes, como la excesiva burocracia, los costos
económicos y la desconfianza, que son variables que determinan las condiciones
precarias de un acceso real a la justicia.
En los
sectores urbano-popular y rural, también se identifican factores socio-culturales
que influyen en las formas de resolución de conflictos frente a hechos
delictivos, aunque esto no representa una justificación para actuar en forma
violenta ante una persona acusada de un delito. En los hechos, estos fenómenos
sociales violentos, estarían siendo motivados por la indignación colectiva de
un grupo de vecinos y/o comunidades campesinas, cuando éstos se sienten
víctimas de un robo, o atraco, que les provoca una reacción violenta e
incontrolable y que termina en un desenlace fatal.
La justicia estatal también aparece como una institución deslegitimada, sobre todo en contextos urbanos, ya que los jueces son cuestionados por liberar a personas acusadas de un delito. Esta situación agrava la desconfianza de la sociedad civil en el rol de los jueces y fiscales, por no garantizar un proceso judicial que sancione a los culpables conforme al ordenamiento legal del Estado.
La justicia estatal también aparece como una institución deslegitimada, sobre todo en contextos urbanos, ya que los jueces son cuestionados por liberar a personas acusadas de un delito. Esta situación agrava la desconfianza de la sociedad civil en el rol de los jueces y fiscales, por no garantizar un proceso judicial que sancione a los culpables conforme al ordenamiento legal del Estado.
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