Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás
Por: Carlos Soria Galvarro
En
medio de los enredos que ensombrecen el panorama de este fin de año, a pesar de
las incoherencias de unos y otros, y por encima de las estridencias desatadas
por el apasionamiento político, hay en ciernes un avance positivo enfilado a
saldar una antigua deuda histórica de la democracia. Se trata del tratamiento
de una ley que debe establecer una Comisión de la Verdad para cerrar los casos
de persecuciones, asesinatos, torturas, desapariciones y otros atentados contra
los derechos humanos del periodo 1964-1982.
Si el
tema no vuelve a estancarse o postergarse sin fecha como ocurrió anteriormente,
si no se la deja de lado ante apremios políticos circunstanciales, en las
próximas semanas esta ley con sus objetivos primigenios tendría que ser
promulgada de una buena vez. Si esto ocurre, no solamente se atendería la
mencionada cuenta pendiente, aspecto que ya de por sí es relevante. También se
cumpliría un compromiso que, como Estado, Bolivia asumió en reiteradas
oportunidades ante organismos internacionales y que venía soslayando sin una
explicación coherente. Pero además, y esto es muy importante, la comisión a
nominarse tendría la suficiente autoridad para ordenar la apertura de archivos
clasificados, de todas las reparticiones del Estado y de cualquier otra
institución pública o privada.
Hace
poco, en actitud loable, el Ministerio de Relaciones Exteriores decidió la
desclasificación de sus archivos, una poderosa señal que se esperaba sea
imitada por otras instancias del aparato estatal. Si esto no ha ocurrido
todavía por iniciativa propia, tendría que suceder ahora por mandato de la ley,
si finalmente ésta se aprueba sin recortes ni limitaciones de última hora.
Quiere
decir lo anterior que en 2017 podría
crearse en el país un clima de saludable transparencia, por lo menos en lo que
se refiere a fuentes documentales, en especial del sector del Ministerio de
Defensa y de las reparticiones castrenses que están bajo su dependencia;
entidades que hasta hoy han sido las más reticentes a la apertura de sus
archivos, dejando la sensación de que se ocultan deliberadamente
responsabilidades y evidencias de crímenes como el cometido con Marcelo Quiroga
Santa Cruz y Carlos Flores Bedregal, el fatídico 17 de julio de 1980.
En el
año que está por llegar se cumple el medio siglo de la guerrilla de Ernesto Che
Guevara, acontecimiento que está inmerso en el periodo antes señalado y que
posee también diversas aristas investigables por la llamada Comisión de la
Verdad. Por ejemplo: el asesinato y la desaparición forzada de prisioneros
(entre ellos el propio Che, Simeón Cuba, Aniceto Reinaga, Julio Velasco, Jorge
Vázquez Viaña y otros, además de la larga lista de fusilados en la guerrilla de
Teoponte). El reparto de las pertenencias de los capturados como botín de
guerra no impidió que una parte de la documentación incautada en las acciones
fuera a parar a los archivos militares junto a los papeles producidos por la
propia institución castrense.
A estas
alturas y en correspondencia con el clima de apertura que podría generarse con
la ley que comentamos, correspondería realizar un acopio sistemático y riguroso
del material documental que ha quedado en manos privadas o ha desaparecido
(como el caso de toda la documentación del juicio de Camiri contra el
intelectual francés Regis Debray y el artista argentino Ciro Bustos). Pero a la
vez es imprescindible abrir esos archivos, rompiendo el trato discriminatorio
que ha imperado hasta el presente al permitir trabajar en ellos solo a los
investigadores militares. Después de 50 años, no tiene sentido seguir guardando
secretos que en gran medida ya no lo son.
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