Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás
Por: Elizabeth
Peredo
En 2007 el IPCC (Panel Intergubernamental de Cambio Climático) encargó a
un grupo de expertos un informe especial sobre Cambio Climático y Agua. Una de
las conclusiones de este informe especial era, entre otras cosas, que nada de
lo que hemos conocido como patrones del ciclo hídrico y como tecnologías de
gestión del agua serían una referencia certera para enfrentar la magnitud de la
crisis del cambio climático en curso y que los Estados deberían prepararse.
El informe completo está a disponibilidad del público en la página de la
Convención de Cambio Climático las NNUU y, por supuesto, es una información que
está a disposición de los gobiernos –con un apartado que contiene un resumen
especial para tomadores de decisiones y responsables de políticas- junto a
todos los reportes del IPCC el último de los cuales, el AR5 (2014), remarca la
necesidad de dejar los combustibles fósiles bajo tierra, abandonar la práctica
de la deforestación y transitar hacia energías renovables.
La crisis del agua en Bolivia ha delatado no solamente la dimensión de
la crisis climática, sino la enorme debilidad de una gestión estatal que
debería estar obligada ya a encarar la transición urgente a sistemas de energía
y gestión sostenible de bienes comunes como son el agua y la alimentación que
se enfoquen en el contexto de estos dramáticos cambios globales.
Aunque Bolivia y su gobierno han sido emblemáticos en la propuesta de
justicia climática, el derecho humano al agua y los derechos de la Madre Tierra
en el contexto internacional, poco de lo que se dijo se ha hecho y -peor aún-,
el gobierno ha actuado contrariamente a estos principios al exacerbar un
desarrollismo extractivista basado en la industria fósil, la minería salvaje y
el impulso a inversiones enfocadas en el crecimiento del PIB, sin invertir
coherentemente en lo que realmente cuenta para la calidad de vida de la
población y el cuidado de la naturaleza.
Los principios de la "Guerra del Agua” que iniciaron el nuevo ciclo
social y político en Bolivia fueron expropiados por las nuevas élites en el
poder y se convirtieron en manos del gobierno en capital político para una
implacable "cruzada por el gas, la minería, el dinero y el crecimiento
económico”, con impactos muy graves en los ecosistemas y por tanto en la disponibilidad
y calidad del agua.
Al punto que la paradoja más grande en este hecho ha sido la
distribución temporal de agua en la ciudad de La Paz en cisternas de YPFB,
empresa estatal de petróleo y gas encargada de llevar combustible a los
distribuidores de gasolina.
Aún no parece quedar claro a las autoridades que un modelo que exacerba
el despojo de la naturaleza, que produce sin ruborizarse emisiones por
deforestación a un ritmo insostenible, que mantiene el ciclo de los
combustibles fósiles sin concebir una transición energética coherente y que
mantiene por un afán populista y codicioso una minería absolutamente
desaprensiva e irresponsable, otorgando concesiones por doquier, contribuye al
deterioro de las fuentes de agua es parte del problema.
La crisis del agua en La Paz, Potosí y Oruro han puesto en evidencia el
zafarrancho de la gestión pública y de la lectura oficialista machista del
mundo ("si ellos pueden, por qué no nosotros”) en una etapa en que se
requiere encarar urgentemente y con seriedad –dejando la soberbia de lado– la
transición energética y social.
La Paz podría ser un departamento líder en transición energética por las
características de la radiación solar que tenemos en el Altiplano y en las
ciudades (una de las más altas en el mundo) para evitar depender de energías
fósiles o grandes represas que destruyen bosques y contaminan las fuentes
de agua, la atmósfera por las altas emisiones de metano y alteran, sin
duda alguna (aunque nos dediquemos a contar los árboles de otras regiones para
forzar la conclusión de que "a menos árboles más agua”) el equilibrio
hídrico.
El gobierno podría fomentar la creación de embalses y captación de agua
atendiendo la problemática integralmente, podría impulsar la regeneración y
restauración del ecosistema de los Yungas y de nuestra Amazonia como fuentes
naturales del ciclo hídrico que ahora están deforestadas por una explotación
insostenible y depredadora.
Es momento de exigir al gobierno que destine nuestro dinero en el
cuidado de la vida, en la restauración de la naturaleza, en sistemas hídricos y
de gestión de agua y saneamiento bajo un enfoque integral y de respeto del
derecho humano al agua y una efectiva y sincera preocupación y sensibilidad por
la gente, por la naturaleza y, sobre todo, por el futuro de las nuevas
generaciones.
y Twitter: @escuelanfp
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