Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás
Por: Lourdes Montero
La prensa registra que en
Cochabamba Marina Ramos (29) muere en manos de su agresor al negarse a tener
relaciones sexuales; en Chuquisaca, una mujer fallece tras ser empujada a un
barranco por su esposo; en Santa Cruz, Ángela Rojas (19) asiste a la fiesta de
promoción de su mejor amiga y no retorna porque es asesinada por su violador. Y
esto solo en diciembre de un año que registra las tasas más altas de
feminicidio de nuestra historia. Hasta noviembre se habían contabilizado 85
casos, dando un promedio de muerte de una mujer cada tres días. Apoyando los 16
días de activismo contra la violencia, La Razón nos confrontó con el horror de
una infografía que refleja el perfil de cada una de las víctimas; y el 25 de
noviembre, cerca de 5.000 mujeres de seis ciudades del país se movilizaron bajo
la consigna #Ni una Menos.
Pero nada parece parar la
muerte. Nuestra sociedad sigue siendo misógina. Según información revelada por
el Ministerio de Gobierno, tan solo en 2015 se han denunciado 42.061 delitos
vinculados a la integridad de las mujeres bolivianas. Este problema social debe
preocuparnos y ocuparnos a todos y todas. Y así lo expresan numerosas
autoridades en sus sentidos discursos de fechas emblemáticas. Por ello, resulta
muy útil analizar la real voluntad política de las autoridades reflejada en su
mejor expresión, los presupuestos públicos, para darnos una idea clara de
cuánto verdaderamente inquieta el daño a la integridad psicológica, física y
muerte de tantas mujeres.
En ese sentido, resulta muy
útil el trabajo presentado por el Ministerio de Autonomías y el Centro de
Promoción de la Mujer Gregoria Apaza denominado Recursos de los municipios y
departamentos para la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Este
análisis refleja que, en la gestión 2015, del total programado por los
gobiernos municipales para proyectos y actividades destinados a la lucha contra
la violencia en razón de género tan solo se ejecutó el 47%, alcanzando a solo
el 0,33% del presupuesto de inversión total ejecutado en los 339 municipios.
Por otro lado, en la gestión
2015 los gobiernos autónomos departamentales destinaron Bs 26 millones
provenientes del IDH para la construcción y el mantenimiento de casas de
acogida; de los cuales se han ejecutado tan solo el 4%. Del nivel nacional no
tenemos mucho que decir en primera instancia, porque no existe información para
hacer seguimiento a los recursos destinados para prevenir y atender la
violencia de género de parte del Ministerio de Salud, Educación, Comunicación y
Trabajo (con responsabilidades directas en la Ley 348). Sobre esto solo
sabemos, según audiencia pública, que la Dirección General de Prevención y
Eliminación de Toda Forma de Violencia en razón de Género y Generacional cuenta
con Bs 23.000 del presupuesto estatal para todo su trabajo.
Recordemos que ya en 2013 los
ministerios de Justicia, Autonomías y la sociedad civil realizaron el primer
costeo para la implementación de la Ley 348 en el país. El costeo calculado
para siete años es igual al 0,35% del Presupuesto General del Estado (PGE); y
las acciones para paliar la violencia iban a demandar Bs 249 millones en el
primer año, con una reducción para los siguientes.
Ese cálculo quedó guardado y
no se logró implementar una institucionalidad acorde a las buenas intenciones
de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia.
Hoy solo podemos hacer un recuento de los daños en la brecha de implementación
de los marcos normativos que tanto nos enorgullecen. Por ello nos preguntamos,
¿cuántas personas de sexo femenino deben morir para que el Estado boliviano
asuma su compromiso con las mujeres de una vida libre de violencia?.
y Twitter: @escuelanfp
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