Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás
Por: Rafael Puente
La
prensa ha informado de varios proyectos de ley encaminados a reformar los
procesos judiciales, fundamentalmente a disminuir la burocracia judicial, a
impedir los trucos procedimentales y a eliminar a jueces y fiscales
irresponsables. No podemos menos de alegrarnos, pues se trata de reformas
urgentes. Además, se puede confiar en que el Órgano Legislativo se apresurará
en aprobar esos proyectos de ley, dado que vienen del poderoso Órgano
Ejecutivo.
Hasta
aquí muy bien, pero creemos que es insuficiente. En primer lugar falta reformar
la forma de elección de las autoridades que tienen que ver con el ejercicio de
la justicia. Y no porque la experiencia vivida haya resultado un fracaso, cosa
que nadie niega, tendríamos que volver -como propone alguna oposición- a la
famosa meritocracia (ya que seguiría sin resolver quién califica esos supuestos
méritos, como no sean otros supuestos personajes meritorios, es decir una rosca
de la cual ya estábamos hartos y hartas). Por el contrario, tiene sentido
mantener y reforzar la innovación constitucional de elegir por voto ciudadano a
las autoridades de justicia, pero permitiendo la difusión de las supuestas
cualidades profesionales y humanas de cada candidato, y candidata, y de esta
manera el voto informado de la ciudadanía; y, por supuesto, eliminando toda
intromisión del Órgano Ejecutivo y del partido de gobierno en las elecciones
judiciales… Esto es lo primero que falta resolver.
Lo
segundo es la recuperación del valor constitucional de la Justicia Comunitaria,
que en la Ley de Deslinde Jurisdiccional ha sido totalmente disminuido. Y si
hablamos de descolonización tendríamos que incluir la descolonización de la
justicia; es decir, poner en tela de juicio el Derecho Romano heredado de
España y cuyos resultados son cualquier cosa menos satisfactorios. ¿Y de dónde
arrancar para construir una nueva justicia que no sea colonial y que sí sea
justa? Pues desde ahí, desde la Justicia Comunitaria bien entendida (nada que
ver con linchamientos y otras barbaridades degeneratorias), que siempre ha sido
una justicia reparadora, más que castigadora y que, además, ha sido ya bastante
estudiada.
El
tercer elemento a reformar es el de las sanciones. Resulta sorprendente que, a
la hora de luchar contra las violaciones de niños y niñas -¡tema sin duda de
primera urgencia!- nuestras autoridades piensen que la cosa va a mejorar con la
aplicación de la cadena perpetua (¡referendo de reforma constitucional de por
medio…!) en lugar de la actual pena máxima de 30 años.
A estas
alturas está comprobado mundialmente que donde hay pena de muerte no hay menos
índices de delincuencia; está comprobado que no es el monto de la condena lo
que impide el delito. No pienso defender a los violadores, y menos aún a los
violadores de niños, y niñas, creo que son lo más repugnante del género humano.
Pero no nos hagamos ilusiones de que agravar la pena máxima va a mejorar la
situación. Lo que hay que hacer es esfuerzos preventivos y, por supuesto,
castigar a los culpables, pero no volver a abrir la Constitución para instaurar
la cadena perpetua (que no sirve para nada).
Y un
cuarto elemento sería, por supuesto, la reforma del sistema penitenciario que,
cada vez está más claro, sólo sirve para perfeccionar la capacidad
delincuencial, para profesionalizar a los delincuentes aficionados o
principiantes y para convertir a la delincuencia a las personas que han llegado
a las cárceles injustamente (que son muchas). Mientras las cárceles sean necesarias
(en Suecia las están cerrando, pero es por falta de delincuentes, ésa sería la
meta principal, acabar con la delincuencia), habrá que tenerlas, pero
entendidas como centros de humanización, de rehabilitación, de reinserción a la
vida social; exactamente lo que busca la Justicia Comunitaria bien entendida.
Por
tanto, apoyemos las reformas propuestas por el Gobierno, pero no nos
contentemos con eso. Lo que nos falta es mucho más…
Miembro
del Colectivo Urbano por el Cambio
(CUECA) de Cochabamba.
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