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El fascismo está actuando en Santa Cruz, el gobierno debe investigar

Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás

Bien las reformas de la justicia, pero…


Por: Rafael Puente
La prensa ha informado de varios proyectos de ley encaminados a reformar los procesos judiciales, fundamentalmente a disminuir la burocracia judicial, a impedir los trucos procedimentales y a eliminar a jueces y fiscales irresponsables. No podemos menos de alegrarnos, pues se trata de reformas urgentes. Además, se puede confiar en que el Órgano Legislativo se apresurará en aprobar esos proyectos de ley, dado que vienen del poderoso Órgano Ejecutivo.
Hasta aquí muy bien, pero creemos que es insuficiente. En primer lugar falta reformar la forma de elección de las autoridades que tienen que ver con el ejercicio de la justicia. Y no porque la experiencia vivida haya resultado un fracaso, cosa que nadie niega, tendríamos que volver -como propone alguna oposición- a la famosa meritocracia (ya que seguiría sin resolver quién califica esos supuestos méritos, como no sean otros supuestos personajes meritorios, es decir una rosca de la cual ya estábamos hartos y hartas). Por el contrario, tiene sentido mantener y reforzar la innovación constitucional de elegir por voto ciudadano a las autoridades de justicia, pero permitiendo la difusión de las supuestas cualidades profesionales y humanas de cada candidato, y candidata, y de esta manera el voto informado de la ciudadanía; y, por supuesto, eliminando toda intromisión del Órgano Ejecutivo y del partido de gobierno en las elecciones judiciales… Esto es lo primero que falta resolver.
Lo segundo es la recuperación del valor constitucional de la Justicia Comunitaria, que en la Ley de Deslinde Jurisdiccional ha sido totalmente disminuido. Y si hablamos de descolonización tendríamos que incluir la descolonización de la justicia; es decir, poner en tela de juicio el Derecho Romano heredado de España y cuyos resultados son cualquier cosa menos satisfactorios. ¿Y de dónde arrancar para construir una nueva justicia que no sea colonial y que sí sea justa? Pues desde ahí, desde la Justicia Comunitaria bien entendida (nada que ver con linchamientos y otras barbaridades degeneratorias), que siempre ha sido una justicia reparadora, más que castigadora y que, además, ha sido ya bastante estudiada.
El tercer elemento a reformar es el de las sanciones. Resulta sorprendente que, a la hora de luchar contra las violaciones de niños y niñas -¡tema sin duda de primera urgencia!- nuestras autoridades piensen que la cosa va a mejorar con la aplicación de la cadena perpetua (¡referendo de reforma constitucional de por medio…!) en lugar de la actual pena máxima de 30 años.
A estas alturas está comprobado mundialmente que donde hay pena de muerte no hay menos índices de delincuencia; está comprobado que no es el monto de la condena lo que impide el delito. No pienso defender a los violadores, y menos aún a los violadores de niños, y niñas, creo que son lo más repugnante del género humano. Pero no nos hagamos ilusiones de que agravar la pena máxima va a mejorar la situación. Lo que hay que hacer es esfuerzos preventivos y, por supuesto, castigar a los culpables, pero no volver a abrir la Constitución para instaurar la cadena perpetua (que no sirve para nada).
Y un cuarto elemento sería, por supuesto, la reforma del sistema penitenciario que, cada vez está más claro, sólo sirve para perfeccionar la capacidad delincuencial, para profesionalizar a los delincuentes aficionados o principiantes y para convertir a la delincuencia a las personas que han llegado a las cárceles injustamente (que son muchas). Mientras las cárceles sean necesarias (en Suecia las están cerrando, pero es por falta de delincuentes, ésa sería la meta principal, acabar con la delincuencia), habrá que tenerlas, pero entendidas como centros de humanización, de rehabilitación, de reinserción a la vida social; exactamente lo que busca la Justicia Comunitaria bien entendida.
Por tanto, apoyemos las reformas propuestas por el Gobierno, pero no nos contentemos con eso. Lo que nos falta es mucho más…
Miembro del Colectivo Urbano por el Cambio (CUECA) de Cochabamba.

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