Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás
Por: Carlos Soria Galvarro
Los
recientes acontecimientos luctuosos que vienen ocurriendo en Brasil nos
recuerdan que el grave problema de los regímenes penitenciarios tiene
dimensiones continentales. Pero lo que pasa en nuestro país posee
características propias y, en proporción al volumen de la población, podría ser
incluso mucho peor de lo que sucede en el país vecino. Bástenos recordar que en
el motín carcelario de Palmasola, en agosto de 2013, hubo más de una treintena
de muertos y que de modo incesante los casos de muerte tras las rejas han
continuado.
La
cuestión penitenciaria es uno de los componentes de la gravísima situación por
la que atraviesa la justicia boliviana, y posiblemente uno de los más
lacerantes visto desde el punto de vista de los derechos humanos. La
posibilidad de abordar por lo menos atenuantes, sin hablar todavía de
soluciones, pasa entonces por el encaramiento integral de esta problemática, la
búsqueda de cambios estructurales y la puesta en práctica de avances normativos
que en la práctica no se cumplen, se quedan en el papel como simples
enunciados.
A
juicio de especialistas que lleva años estudiando estos temas, ese es
precisamente el principal problema: un contraste entre leyes y decretos muy
avanzados y una realidad horripilante que tiene diversos orígenes. Entre ellos
el bajísimo monto que el Presupuesto General del Estado asigna a la Justicia
(apenas un 0,52%). También, el abuso persistente de la detención preventiva
llena las cárceles de prisioneros y prisioneras sin sentencia, dando lugar a un
hacinamiento descomunal (se calcula que de las 15.000 personas internadas, el
70% está en esa situación). Ejemplos sobran: la cárcel de Mocoví en el Beni,
construida para 150 personas, alberga en la actualidad a casi 500; en la de San
Pedro, de La Paz, existen más de 250 internos sin celda, que duermen en
pasillos, gradas o patios al descubierto.
A esto
hay que sumar la paulatina pérdida de control de los recintos carcelarios por
parte de la Policía y la toma de éstos por bandas organizadas que no solamente
monitorean acciones delincuenciales en el exterior, sino que además disputan
entre sí, a veces de forma sangrienta, para poseer la sartén por el mango. En
el trasfondo de este panorama se denuncia también el cercenamiento de la autonomía
del Órgano Judicial y su sometimiento constante a presiones y manipuleos de
diverso tipo.
Y por
si todo lo anterior fuera poco, circula en general una escasa y deficiente
información sobre estos temas, situación que es aprovechada demagógicamente por
algunos políticos para hacer creer a la ciudadanía que el endurecimiento de las
penas se traduciría en mayores niveles de seguridad, una falsedad refutada por
la experiencia mundial y por todas las investigaciones al respecto.
Varias
instituciones y personalidades han expresado más bien su temor de que esta
falta de información adecuada conduzca a retrocesos en la normativa; por
ejemplo, frente el fenómeno de las pandillas algunos creen que la solución
sería anular ciertos avances logrados en la formulación de los códigos sobre
niños niñas y adolescentes. Proponen penas más rigurosas, en vez de una
justicia restaurativa y educativa, como debe ser.
Lo
grave es que ya anda rondando por ahí un anteproyecto de ley en ese sentido.
En
resumen, en tanto no cambie de forma sustancial el régimen penitenciario, las
cárceles seguirán siendo una bomba de tiempo, a pesar de iniciativas como la
del reciente indulto presidencial de fin de año. En vez de reeducar a
ciudadanos y ciudadanas para reintegrarlos a la sociedad, seguirán entrenando a
personas que siguen cometiendo delitos y con más ahínco desde el momento mismo
que recuperan su libertad.
Síguenos en Facebook: Escuela Nacional de Formacion Politica
y Twitter: @escuelanfp
Rellene el siguiente formulario para suscribirse.
Comentarios
Publicar un comentario
Escriba sus comentarios