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El fascismo está actuando en Santa Cruz, el gobierno debe investigar

Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás

¿Por qué el dinero de los jubilados?







Por: Carla Espósito Guevara

Hace unos días el gobierno anuncio que usará el 5% de los aportes de los trabajadores de las jubilaciones para otorgar créditos para el sector industrial. De este 5%, el 1% se destinará para conceder créditos al sector empresarial y el otro 4% para crear otros fondos de crédito. Esto significa la utilización de aproximadamente 150 millones de dólares, de un total de 13.500 millones de dólares.

Pese a que el dinero no supone un monto muy elevado respecto al total de los fondos de jubilaciones, la noticia ha sido rechazada sobre todo por los sectores rentistas y la COB por varios cuestionamientos.

El primero es de tipo ético, ya que el gobierno pretende usar el dinero de los aportes de los trabajadores con el fin de financiar al sector empresarial, por más productivo que este sea, para que logre ganancias privadas.

Segundo, la norma en la que se apoya esta determinación es la Ley de Pensiones, que en su artículo 140 indica que existe una obligación de las AFPs de invertir en el sector productivo y que se puede colocar hasta un 5% en pequeñas y medianas empresas sin calificación de riesgo, mientras el otro 95% debe deberán mantenerse en Entidades de Depósito de Valores debidamente autorizadas.

Actualmente las AFPs tienen recursos invertidos en empresas con calificación de riesgo, ahora bien, todos sabemos que el sector agroindustrial es un sector de riesgo por la creciente volatilidad de los precios de los alimentos en los últimos años y por los efectos del cambio climático que está provocando sequias e inundaciones que afectan a la producción agropecuaria, lo que lleva a suponer que existe un alto riesgo de que el sector agropecuario beneficiado por estos recursos no pueda devolverlos, por tanto sería la primera vez que se invertiría el dinero de las futuras jubilaciones en sectores de riesgo, lo que sentará un muy mal precedente sobre la administración recursos que el gobierno debería proteger en vez de poner en riesgo.

Tercero, estas inversiones deben ser hechas por las AFPs, no por el Estado, éste último estaría disponiendo de recursos que no le pertenece, sino que pertenece a los trabajadores, ya proviene de los ahorros para las futuras pensiones de su jubilación.

Cuarto, si bien la Ley de Pensiones establece que las AFPs deben invertir para capitalizar el dinero de las jubilaciones, lo que ahora se propone hacer con el dinero no es precisamente una inversión sino un préstamo al estilo de un banco comercial con latas condiciones de riesgo.

Esta determinación despierta por supuesto muchas preguntas. ¿No existen otros mecanismos para crear fondos de financiamiento para los pequeños productores? ¿Por qué no se usa Banco de Crédito Productivo que fue creado precisamente para ese mismo fin en vez de recurrir al dinero de los trabajadores para sus jubilaciones? ¿Por qué no se usa los 150 millones de dólares que bancos comerciales están obligados a prestar a la pequeña industria?

Esta medida se suma al fallo del Tribunal sobre los preavisos y a la del año anterior de retirar el segundo aguinaldo, medidas que afectan a los trabajadores y dan una mala señal hacia ese sector. No se debe olvidar además que uno de los sectores más desfavorecidos por las policías de gobierno ha sido el de los jubilados, que no gozaron del reajuste de sus pensiones por varios años y vieron deteriorarse sus pensiones.

Luego de los resultados del 21F que debieron traer consigo una autocrítica, en sentido de revisar las concesiones que se están haciendo al sector privado, agroindustrial y financiero, que han desfigurado los objetivos de un gobiernos socialista o que por lo menos aspira al socialismo, este 2017 todos esperaríamos un golpe de timón que enderece estos errores, sin embargo, vemos con preocupación que se afianza la línea de continuar otorgando concesiones al sector privado.
 

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