Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás
Por: Fernando
Vicente Prieto y Micaela Ryan
Durante la sesión de la Asamblea Nacional de Venezuela realizada el lunes 9 de enero,
encabezada por el nuevo presidente del Poder Legislativo venezolano, Julio
Borges, se discutió un único punto: “Sobre el ejercicio constitucional del
cargo de presidente y la necesidad de abrir una solución electoral a la crisis”.
Así, acusaron a Nicolás Maduro de ser el responsable de “la crisis” en
Venezuela e intentaron una jugada de golpe institucional que no es compartida
por la totalidad de la oposición.
En la sesión, los diputados del partido Avanzada
Progresista, miembros de la coalición opositora, se abstuvieron de votar con su
bloque por considerar que “una declaratoria de abandono de cargo no es posible
sostenerla dentro del marco constitucional ni en el ámbito jurídico. Y
justificarla como una medida meramente política, que no obedece a criterios sólidos,
constitucionales y objetivos, lejos de contribuir a abrir caminos para la
resolución de los problemas nacionales, lo que hace es complicarlos aún más,
trayendo desesperanza, desilusión y engaño a las grandes mayorías”.
Poco antes, el Tribunal Supremo de Justicia emitió un fallo mediante el cual
ordenó a la Asamblea Nacional “no continuar” con el juicio político contra el
presidente Maduro, ya que esa acción no está contemplada en la Constitución y
por lo tanto, no es atribución del órgano legislativo. El TSJ debió reafirmar
la postura ya expresada en su sentencia N° 948 de la Sala Constitucional del
pasado 15 de noviembre, en la cual ordenó al Parlamento “abstenerse de
continuar el procedimiento de declaratoria de ‘responsabilidad política’ contra
el Presidente de la República”.
El máximo órgano del Poder Judicial recordó a los
diputados la prohibición que pesa sobre ellos de “convocar y realizar actos que
alteren el orden público; instigaciones contra autoridades y Poderes Públicos,
así como otras actuaciones al margen de los derechos constitucionales y del
orden jurídico”. Y realizó un llamado al diálogo como vía para resolver las
diferencias políticas “en función de garantizar la construcción de una sociedad
justa y amante de la paz, y de procurar la promoción de la prosperidad y
bienestar del pueblo”.
golpe1Julio Borges, vocero de los golpistas, junto a
Henrique Capriles y Leopoldo López en abril de 2002
Cruces institucionales
La Asamblea Nacional (AN) se encuentra “en desacato”
desde fines de 2015, según lo dictaminó el TSJ. Esto se debió a que sus autoridades
no cumplieron la sentencia de este tribunal, cuando ordenó la desincorporación
de tres diputados del Estado Amazonas, cuya elección el 6 de diciembre de ese año
fue impugnada debido a graves irregularidades durante el proceso electoral,
incluyendo la compra masiva de votos.
Luego de varios meses de pulseada estéril, el lunes 9
finalmente la AN decidió desincorporar a estos tres diputados impugnados, para
intentar redoblar la apuesta por la vía del “abandono del cargo” del
presidente.
La oposición venezolana está agrupada en la Mesa de
Unidad Democrática (MUD), una alianza que nuclea a diferentes partidos en su
mayoría de derecha, que no logran ponerse de acuerdo en un plan conjunto. Su
objetivo, el derrocamiento de Maduro, se ve obstaculizado debido a que un gran
porcentaje de la población continúa apoyando al chavismo, además de falencias
internas propias que tiene la MUD. Por otro lado, ninguna fuerza por separado
tiene la posibilidad de formar mayoría en el país, por lo que mantenerse juntos
es casi una obligación para la alianza opositora.
El jueves 5 de enero asumió la presidencia del órgano
legislativo el diputado Julio Borges, representante del partido Primero
Justicia. Al igual que su compañero Henrique Capriles, Borges tuvo una actuación
destacada durante el golpe de Estado de abril de 2002 contra el entonces
presidente Hugo Chávez.
En su primera alocución como presidente de la AN,
Borges instó a la Fuerza Armada a rebelarse contra el gobierno: “Hermanos en
uniforme de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), el reto es simple. ¿Quieren
ser los herederos dignos del Libertador o ser recordados como los guardianes de
Nicolás Maduro? Ese es el reto que tienen por delante”, arengó. Un día después,
el Ministerio de Defensa y las FANB firmaron un comunicado en el que rechazaron
el accionar de la AN y ratificaron su compromiso del lado de la ley y la
Constitución Bolivariana. “¡Basta de llamados que pretenden involucrar a la
institución en situaciones de corte faccioso contrarias a su esencia
constitucional y profesional!”, finaliza el documento.
La oposición, que controla la mayoría de la Asamblea
luego de su triunfo en las elecciones del 6 de diciembre de 2015, no logró
llevar adelante ninguna medida contra la situación de crisis económica que
atraviesa el país, tal como fue su promesa en campaña. Además, durante el 2016,
más de 30 sesiones del parlamento venezolano se suspendieron por la
inasistencia de los legisladores de esta bancada, que cuenta con quórum propio.
Todas las propuestas parlamentarias que formularon
fueron dirigidas a desestabilizar al Ejecutivo. Hay dos razones por las que aún
no lo lograron: porque no cuentan con un marco legal que se los permita y
porque no son apoyados por la mayoría de la población para este fin.
Por su parte, la bancada chavista, encabezada por Héctor
Rodríguez, denunció al accionar de la oposición como “un golpe parlamentario
fallido”. Rodríguez dijo que “en Venezuela no existe ese procedimiento y no hay
ningún artículo de la Constitución que lo avale”, por lo que se trata de “una
acción inútil que no tendrá efecto jurídico”.
“Desde esa tesis irracional, podríamos decir que la
Asamblea Nacional abandonó su cargo porque no nombró a los rectores del Consejo
Nacional Electoral (CNE), o porque no le ha pagado a los trabajadores; también
se podría aplicar al gobernador del Estado Miranda que abandonó su cargo porque
no construye viviendas, o porque es la entidad más insegura del país (…) Es una
barbaridad desde el punto de vista jurídico y político”, concluyó Rodríguez.
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