Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás
Por: Eric Nepomuceno
Hasta
la mañana del pasado viernes el número de asesinatos en el estado brasileño de
Espíritu Santo era de 121 en siete días. Casi una víctima fatal por hora. En
aquella misma mañana el gobierno local comunicaba oficialmente que no hubo
acuerdo con la policía militar, que cumplía la séptima jornada de una huelga
que transformó el estado en una tierra sin ley.
La
policía militar es la responsable de la seguridad pública y el patrullaje de
las calles. Sin aumento salarial en los recientes cuatro años, sus integrantes
decidieron entrar en huelga. Al paralizar actividades, Victoria, la capital,
entró en colapso. Autobuses no circulaban, escuelas permanecen cerradas, y por
las calles se repiten imágenes de saqueo a comercios, robos y asaltos por
doquier, depredaciones, familias confinadas en sus casas. Poco antes de la una
de la tarde el gobernador Paulo Hartung anunció que había interpuesto un juicio
contra unos 700 policías militares, acusándolos de amotinamiento y rebelión.
Mientras,
se elevó mucho la tensión en el vecino estado de Río de Janeiro, donde la
policía militar amenaza con seguir el ejemplo de sus colegas de Espíritu Santo.
La situación de Río es de penuria absoluta. Los funcionarios públicos del
estado no han recibido el sueldo íntegro de enero ni el aguinaldo. Los
hospitales están cerrados. El gobierno nacional impone condiciones rígidas para
conceder ayuda. Sabe que el caso de Río es ejemplar y que hay otros estados
importantes al borde de un colapso similar.

Resultado:
se suceden por las calles de Río verdaderas batallas campales entre los que se
oponen a que se privatice el agua y las fuerzas de seguridad pública. Que, a
propósito, también reivindican condiciones mínimas de trabajo, mientras la
violencia urbana registra fuerte incremento.
Hay
amarga ironía en todo eso: el gobernador de Espíritu Santo era loado, hasta
ahora, por cumplir estrictamente la receta neoliberal del gobierno nacido a
raíz del golpe institucional que destituyó a la presidenta Dilma Rousseff. Tal
receta incluye, entre otras medidas, un ajuste fiscal extremo, con cortes en el
presupuesto, eliminación de subsidios y beneficios del servicio público y el
congelamiento de los sueldos. Resultado: aplausos del equipo de Temer y una
huelga de policías que convulsionó a la población.
Mientras
todo eso ocurre, en la lejana Brasilia las prioridades son otras. Por estos
días de turbulencia callejera, Temer tardó una semana para proferir un
comentario. Dijo lo obvio: que el amotinamiento era ilegal. Antes, de su
ministro de Justicia hubo, sí, palabras caudalosas.
Ninguna
de ellas, sin embargo, se refiere al riesgo de que se eleve una ola de
convulsión social de dimensiones imprevisibles: propuesto por Temer para asumir
una plaza en el Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes habla sin parar
con los senadores responsables de evaluar las condiciones para cumplir con sus
nuevas responsabilidades. Conocido por defender medidas truculentas contra
manifestantes –mientras ocupó la Secretaría de Seguridad Pública del estado de
San Pablo se hizo famoso por elogiar la violencia de la policía militar contra
estudiantes de secundaria, especialmente las muchachas quinceañeras que eran
arrastradas por el piso o golpeadas en el rostro–, busca votos en la Comisión
de Constitución y Justicia, la más importante del Senado.
Su
trayectoria mediocre y su evidente falta de estatura para integrar la más alta
corte de justicia del país no serán obstáculo: 10 de los 13 senadores que
integran la comisión están denunciados por corrupción. Su presidente, el senador
Edison Lobão, responde a dos investigaciones en la misma corte suprema que
pasará a contar con Alexandre de Moraes, cuya misión será exactamente proteger
a los muchísimos sospechosos y denunciados que integran el gobierno, empezando
por el mismo Temer, quien en una sola –una– de las 77 denuncias es nombrado
nada menos que 43 veces. Igualmente están denunciados el presidente de la
Cámara de Diputados y el del Senado.
Todo
eso es solamente parte de la desolación que encubre a mi país. Un país a la
deriva, un país que naufraga poco a poco, frente a la ausencia total de acción
de un gobierno nacido de un golpe y cuya única función, hasta ahora, ha sido la
de destituir a una presidenta electa democráticamente, intentar arrasar a su
partido, el PT, e inhabilitar al más importante líder popular de las últimas
muchas décadas, el ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva.

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