Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás
Por: Silvia Escóbar
Durante las últimas décadas, la reestructuración productiva en el país no estuvo centrada en la innovación tecnológica, el enriquecimiento del trabajo o la diversificación de la oferta de productos para responder a los cambios de los mercados con aumentos sostenidos en la producción y la productividad. Con pocas excepciones, predominaron las estrategias empresariales defensivas de adaptación a los nuevos contextos económicos, basadas en procesos parciales de transformación técnico-organizativa y en el desmantelamiento generalizado del sistema de relaciones laborales, con un enfoque de reducción de costos de la contratación y el despido unilateral de los trabajadores, acompañadas por discursos de modernización, eficiencia, y competitividad.
Los estudios realizados por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) en diferentes sectores de actividad económica muestran que este camino ha conducido a la consolidación de un régimen laboral altamente flexible que, con el paso del tiempo, ha afectado el ejercicio de los derechos del trabajo, llevando a un retroceso en las conquistas laborales de los trabajadores. En este marco, tanto la debilidad institucional del Ministerio de Trabajo, como los propios resquicios que ofrece la legislación laboral vigente para vulnerar los derechos, permiten que una parte de las empresas privadas -grandes, medianas y casi todas las pequeñas-, así como las empresas e instituciones públicas, adopten prácticas de contratación y despido que afectan a los trabajadores, todo con el fin de reducir costos laborales. Lo mismo sucede con normas como el Estatuto del Funcionario Público, que es otro instrumento de apoyo a la flexibilización del trabajo.
Además del preaviso de despido sin aceptación del trabajador o despido injustificado, sea éste legal o ilegal, por la ambigüedad que rodea a esta norma, en todos los sectores de actividad, y en la mayor parte de las empresas, los contratos eventuales consecutivos por 89 días, los contratos a plazo fijo con tiempos variables de duración o la subcontratación de fuerza de trabajo para tareas permanentes y regulares de las empresas son otros mecanismos a través de los cuales se hace un uso flexible de la fuerza laboral para facilitar el despido, afectando además la calidad de los empleos.
Algunos casos visibles que muestran el alcance de estas formas de contratación se encuentran entre los profesionales médicos, enfermeras y los llamados trabajadores "manuales” del sector salud, los funcionarios denominados consultores en línea o por producto del sector público y privado. A éstos se suman los obreros de la manufactura y la construcción, los empleados de los servicios a las empresas, gastronómicos, de limpieza y mantenimiento, los que trabajan en condiciones de alta rotación laboral, generalmente por causas ajenas al trabajador.
En esta coyuntura, marcada por la desaceleración económica, esta tendencia se ha visto reforzada; el ajuste en el mercado de trabajo ya no opera solamente por el lado de los salarios, sino también por el lado del empleo; esto significa un aumento de los despidos unilaterales con o sin preaviso, con o sin desahucio, mientras que son cada vez menos los trabajadores que se sienten seguros de mantener su empleo y, en su caso, de encontrar otro para reemplazar al actual.
En definitiva, a pesar de las disposiciones a favor de la estabilidad en el trabajo, promulgadas en los últimos 10 años, el proceso de flexibilidad de las relaciones laborales sigue su curso, esta vez con una fuerza renovada, como parte de las estrategias empresariales y estatales defensivas dirigidas a enfrentar la disminución de la demanda por bienes y servicios o la disminución de los ingresos fiscales, con el único factor que pueden controlar: la fuerza laboral. Por eso no debe sorprender que cada día disminuya el nivel de ocupación y aumenten el desempleo, y la inactividad forzosa.
Actualmente, las prácticas de uso flexible del trabajo y, específicamente, la libertad de despido se aplican en un contexto socioeconómico atrasado y nada competitivo, de modo que el recurso habitual a este mecanismo no ofrece ninguna garantía a las empresas para su permanencia en los espacios del mercado en los que participan. En cambio, sirven para cambiar la dinámica de las relaciones laborales, generando un incremento significativo de la precariedad del trabajo, junto a una mayor selectividad y discriminación en el acceso a las limitadas oportunidades de empleo de calidad.
Estas condiciones siguen acompañadas por un proceso de atomización de la acción colectiva de los trabajadores, a la que precisamente la flexibilización laboral apunta como objetivo. Así, el temor al despido, a la imposibilidad real de reinserción laboral luego de la cesantía conduce a una mayor subordinación, disponibilidad permanente, pérdida de control sobre el trabajo, etcétera, agudizando la explotación de grandes grupos de trabajadores en el mercado de trabajo boliviano.
y Twitter: @escuelanfp
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