Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás
Por:
Joshua Bellot Saénz
Semanas atrás, el Gobierno, conjuntamente
los empresarios agropecuarios del oriente del país, anunciaron la creación de
un fondo que otorgaría créditos a este sector con el dinero que más de dos
millones de bolivianos ahorran mes a mes para contar con una renta de vejez
digna.
Con la primera reforma al Sistema de
Pensiones en 1997 y ratificando este hecho en 2010 con la Ley de Pensiones N°
065, los bolivianos buscamos erradicar definitivamente la mala administración
de estos fondos, la corrupción y especialmente la intromisión política, que
lamentablemente promueve las dos anteriores.
En este sentido, se logró que cada
boliviano aporte para su propia renta de vejez, dejando nuestros ahorros en
manos de una institución con decisiones autónomas y fuera del alcance de los
políticos, y de los compadreríos, pensando en un uso efectivo, racional y
prudente de estos recursos de seguridad social de largo plazo. En la actualidad
las AFP administran un monto aproximado de 14.000 millones de dólares y los
créditos que anunciaron, utilizarán el uno o el 5% de estos ahorros,
equivalentes a 150 o 700 millones de dólares.
Sectores sociales, o por lo menos sus
dirigentes, como el máximo dirigente de la Confederación de Jubilados, y la
COB, inicialmente, apoyaron la medida, retractándose esta última en estos
pasados días. Todos pensábamos que los créditos irían dirigidos a los
empresarios de la Cámara Agropecuaria del Oriente y otros grandes empresarios,
pero luego aclararon que era para todos los productores agropecuarios del país,
incluidos los micro y pequeños empresarios. Sin embargo, debemos preguntarnos
si esta medida es correcta o adecuada, para lo cual planteamos dos criterios
importantes, el legal y el de eficiencia económica.
La Ley de Pensiones vigente establece
límites y prohibiciones respecto de la inversión de los Fondos del Sistema de
Pensiones para salvaguardar el uso indiscriminado de los mismos. Por ejemplo,
el inciso c, parágrafo II del artículo 140 de esta norma, establece: "No
más del cinco por ciento de cada Fondo podrá ser invertido en Valores o
Instrumentos Financieros sin calificación de riesgo emitidos por pequeñas y
medianas empresas…”.
De hecho, algunos dirigentes y personeros
de Gobierno mencionaron este texto para anunciar que esta medida tiene un
sustento legal. Sin embargo, debemos dejar claro que este inciso es sólo un
límite que se impone a las inversiones, ya que es evidente que si yo tengo la
posibilidad de elegir entre un proyecto con calificación de riesgo y otro sin
ésta, deberé elegir el primero, por el principio de prudencia y eficiencia en
el uso de estos recursos. Lo cual significa que si esta medida se sustenta en
este criterio y en este inciso, no es una medida eficiente, por lo menos en
términos económicos, sabiendo además que el sector agropecuario enfrenta
factores externos que lo hacen un sector riesgoso por naturaleza.
Además de lo mencionado, el parágrafo I del
mismo artículo 140 menciona: "Los
recursos del Fondo Solidario, Fondo Colectivo de Riesgos y Fondo de Ahorro
Previsional del Sistema Integral de Pensiones deberán ser administrados por la
Gestora pública de la Seguridad Social de Largo Plazo (por el momento AFP), de
MANERA INDEPENDIENTE…”; mencionando además en el parágrafo II, en la última
parte, que estos fondos se invertirán de acuerdo con una reglamentación de la
presente LEY. Lo que deja claramente establecido que si el Gobierno pretende
utilizar los fondos de este Fondo estará pisoteando la independencia en la
administración de los mismos.
Por otro lado, el inciso d del parágrafo II
del artículo 140 menciona: "Cada Fondo no podrá invertir en más del veinte
por ciento (20%) del capital social de una sociedad anónima”, lo que también
deja claro que los fondos se pueden destinar a empresas grandes, porque no sé
si le conviene a una empresa pequeña con capital de 10.000 dólares recibir un
crédito de 2.000 dólares sabiendo, además, que al ser unipersonal o máximo una
SRL, ni siquiera está contemplada en la ley para ser beneficiada con un
crédito. Al parecer estos créditos están destinados a los que en palabras del
Gobierno deberían ser denominados como "oligarcas”.
Por las consideraciones manifestadas,
pensamos que el Gobierno tiene dos caminos para llevar adelante esta medida: o
genera una nueva reglamentación para el uso de los fondos o designa a una
institución nueva o existente la administración de este nuevo fondo de
inversiones. En cualquiera de los casos u otra opción, el Gobierno estará
cambiando las reglas de juego, transgrediendo la ley, menoscabando aún más el
ordenamiento jurídico vigente del país, poniendo en riesgo los ahorros de los
trabajadores, atentando con la autonomía de las instituciones y ejecutando una
medida poco eficiente en términos económicos.
El autor es economista
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