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El fascismo está actuando en Santa Cruz, el gobierno debe investigar

Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás

Mentiras evidentes de una carta inconsistente

Por: Alejo Brignole
El 23 de febrero. 57 firmantes presentaron una Carta Abier­ta en rechazo a la Ley Gene­ral de la Coca sancionada por la Asamblea Legislativa Plurinacional, el pasado mes de febrero. No obstante, el diario Página Siete dijo en su edición del 1 de marzo que fue suscrita por 147 intelectuales, agregando el sustantivo "intelec­tuales" para dar más consistencia al documento, aunque muy pocos de sus signatarios podrían encua­drarse en esa categoría, si los anali­zamos por actividades académicas, publicación de libros, etc.
Entre otras cosas, el texto de la carta asegura y da por ciertas las palabras del representante de la UNODC en Bolivia (Oficina de Na­ciones Unidas contra la Droga y el Delito). Antonino De Leo. Este funcionario diplomático de las ONU afirmó en una entrevista con ERBOL Radio, que según el estudio de UNODC habría casi un 92% de la producción de coca que no pasó por las vías legales ordinarias de venta y distribución. Pero si con­sideramos que la Oficina de Nacio­nes Unidas contra la Droga el Deli­to es un organismo absolutamente cooptado por la DEA y actúa según las planificaciones estratégicas de ésta, y de otras agencias estadouni­denses, poco podemos esperar de la objetividad del funcionario, cuya misión fundamental aquí es, ante todo, instalar la difusa idea de que la Revolución Indígena está conta­minada por intereses subterráneos ligados al narcotráfico. Nada dice la UNODC sobre el tráfico de opio llevado a cabo por la DEA y otras agencias en Afganistán, país que triplicó la producción de adormi­dera (la planta de la que se extrae la sustancia base de la morfina) a partir de la invasión estadouniden­se en 2001.
Hoy la producción afgana, tute­lada militarmente por Estados Uni­dos, representa el 75% de la producción mundial. Con los excedentes de esa vasta producción. EEUU fi­nancia atentados, operaciones en­cubiertas y presupuestos clan­destinos  de agencias  varias.  Sin embargo ningún organismo de la ONU lo denuncia o somete a debate. Tampoco Antonino De Leo, como cabría operar y ya sabemos.
La Carta Abierta contra la nueva Ley General de la Coca también cita un estu­dio de la Unión Europea sobre la deman­da de consumo interno de hoja de coca en Bolivia, que quedaría cubierta con 11.000 Tm. anuales. Lo que convertiría en exce­dente las otras 8.000 Tm. que autorizar la nueva ley. Sin embargo la idea no es achi­car las posibilidades de un cultivo ances­tral, sino ampliar sus usos, industriali­zarlos y hallar nuevos valores agregados legítimos parta una producción que debe ser fuente de riqueza y trabajo para el campesinado boliviano.
Que haya excedentes no significa que vaya a parar a manos de traficantes, aun­que tal goteo exista. Ni siquiera Estados altamente burocratizados y tecnificados como Suecia, Japón o Canadá logran fre­nar la fabricación de estupefacientes, y esa variable también está presente en Bo­livia. Podríamos mencionar a cualquier otro país: Francia, Malasia o España. El fenómeno del narcotráfico es transversal y a todos nos afecta.
Por fortuna, también es falaz la afir­mación de la carta sobre la "endeble burocracia estatal" del Estado Plurinacional para controlar las grietas del narcotráfico, cuando en realidad hoy el gobierno boliviano logró por prime­ra vez en su historia el control total y efectivo de sus fronteras, y mejor aún, de los funcionarios de su burocracia ad­ministrativa.
Bolivia ha sido consuetudinariamente un coladero para el intervencionismo y el espionaje estadounidense, para el nar­cotráfico auspiciado por los propios go­biernos neoliberales al servicio de Wash­ington y para las operaciones ilegales de la DEA, que es un organismo narco por excelencia. Y ésta no es una apreciación política o ideológica, sino fáctica y opera­tiva, demostrable con multitud de documentos, libros e investigaciones periodís­ticas de gran seriedad en todo el mundo.
La Carta Abierta también intercede por los pueblos originarios amazónicos, cuya expansión del cultivo de coca les afectaría. ¿Ahora resulta que los marginadores de siempre son defensores de los que ya están muy bien defendidos por un gobierno Indígena? Esta afirmación sobre el peligro eventual en las comunidades originarias también es falaz, por cuanto Bolivia es un Estado sub-explotado en términos agrícolas. Con una superficie que triplica la mayoría de los países del mundo, puede expandir aún mucho más sus cultivos, incluidos los de coca, sin afectar sus equili­brios domésticos.
También los firmantes del ten­dencioso documento apelan al pe­ligro de posibles sanciones internacionales por la promulgación de la nueva ley, que ubicaría a Bo­livia como nación promotora del narcotráfico y sus males aleato­rios (terrorismo, tráfico de armas, etc.). Así, los autores de esta declaración desestimable quizás no ad­virtieron que eso es precisamente lo que el mundo rico ha intentado hacer desde la inauguración del Estado Plurinacional: desviar los logros políticos y sociales de un cambio histórico, para some­terlos a un escrutinio internacio­nal ideológicamente enfrentado, que siempre desprestigia y difa­ma cuando el rumbo de un deter­minado país no es el que sigue la hoja de ruta capitalista. El fantas­ma del narco-Estado persiguió a Bolivia desde siempre. La diferen­cia es que durante los gobiernos de Hugo Banzer, de Tuto Quiroga, o Sánchez de Lozada, las sos­pechas estaban confirmadas. Con Evo Morales no hay resquicios por donde mirar, o siquiera sospechar.
Y para rematar este compendio de razones desdibujadas, de argu­mentaciones que se diluyen en su propia estructura, el documento afirma que la nueva ley va a bene­ficiar a una "pequeña proporción de productores agrícolas de Boli­via, que ni siquiera aportan al era­rio nacional". A esta última deslegitimación del campesino, llena de menosprecio y desconsidera­ción social, habría que replicar­la diciéndole a los firmantes: los campesinos soportaron la repre­sión ilegal, las torturas de agentes extranjeros y los helicópteros de la DEA durante décadas. Sumaron muertos y desaparecidos. Hoy les llegó la hora de trabajar en liber­tad y en paz con reglas claras. Y si alguno delinque, para eso existe este Estado fuerte, soberano y fé­rreamente decidido a llevar el con­trol democrático de todo lo que sucede bajo su bandera.

Y para concluir... Gracias por la Carta Abierta, señoras y señores firmantes, pero no dice nada relevante para nadie.

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