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Bolivia y la institucionalidad de la OEA

Por: Diego Pary Rodríguez

Bajo el beneficio de la distancia y la ausencia, hay quienes semanas atrás salieron a vociferar, insultar, humillar y crear falsas verdades sobre la actuación de la representación diplomática de Bolivia en la OEA. De manera deliberada se manipuló, engañó y se distorsionó la información con el simple propósito de sacar beneficio político. La convocatoria a sesión del Consejo Permanente en la OEA el 3 de abril pasado fue suspendida por Bolivia, al asumir la presidencia, sobre la base de la normativa de la organización y respaldados por el Art. 8 inciso “d” del reglamento de dicho Consejo, que faculta a la presidencia realizar consultas con los 34 países miembros de la OEA para coordinar, y en caso de ser necesario, consensuar las propuestas de resoluciones, como fue necesario en este caso, al ser un tema altamente delicado que involucraba a uno de los Estados miembros. Las decisiones asumidas no fueron personales, fueron institucionales.
La OEA es ante todo un organismo de debate político; ante temas de alta complejidad son evidentes las disidencias y actualmente se observan dos posiciones claramente definidas. En este caso, la presión generada por un grupo de países, apoyados por la nación más poderosa de la región (que controla la organización, a través del 59% del presupuesto), y la desesperación de ejecutar con carácter sumario a un país miembro pudo más que el respeto a su misma institucionalidad y el diálogo entre Estados soberanos.
La instalación del Consejo Permanente por parte de Honduras, impuesto por un grupo de países poderosos y la Secretaría General de la OEA, fue ilegítima e ilegal, porque el Art. 6 del reglamento establece que el presidente es el único facultado para convocar a una sesión; y en caso de ausencia o impedimento, le corresponde a la vicepresidencia. Pero en ninguno de los casos hubo ni ausencia ni impedimento, Bolivia, en la presidencia, y Haití, en la vicepresidencia, se encontraban en la misma sede de la organización. Las vulneraciones al reglamento y la ilegalidad se hicieron aún más evidentes al finalizar la reunión, la decisión se tomó solo con el apoyo de 17 países. La OEA está compuesta por 34 Estados activos, para cualquier decisión se requiere 18 votos de aprobación.
La presidencia a cargo de Bolivia, bajo el principio de igualdad soberana entre los Estados y el respeto a todos los países de las Américas (por más pequeños que éstos sean), tenía la obligación de consultar con los 34 Estados; los 17 países (la mitad de los Estados miembros) que no aprobaron la decisión (ilegal) del Consejo y que acompañaron la decisión de Bolivia no valen más ni menos que los demás.
Hoy más que nunca el país ejerce su soberanía en todos los espacios multilaterales y es actor en la dinámica internacional. La presidencia del Consejo Permanente en la OEA a cargo de Bolivia no aceptó ni aceptará imposiciones e instrucciones de otros gobiernos; no podía convertirse solo en un lector de un libreto diseñado por un grupo de países poderosos y que le instruyeran poner a votación una decisión ya predefinida.
Ante la firmeza en la defensa de la dignidad y los derechos del país, ciertos grupos —más allá del debate político, la crítica constructiva y el debate de ideas— intentaron, pues, atacar a la personalidad o al origen indígena de la persona. Ello solamente muestra el repugnante racismo y el carácter discriminador de su discurso.
La dignidad de la patria no se negocia, se la respeta y se la defiende frente a cualquier agresión. El debate político y de ideas se debe dar cuando sea necesario y en cualquier espacio; el racismo y la discriminación por condición indígena, jamás.
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