Promesas incumplidas y conflictividad social

Por: Gisela Brito

 La legitimidad de un gobierno en buena parte se sostiene en su capacidad para garantizar estabilidad a la población. Certidumbre. En la Argentina de la era Macri el incremento de la conflictividad social comienza a marcar la agenda política. Cientos de miles de ciudadanos afectados por el ajuste económico provenientes de diversos sectores sociales se sienten interpelados a abandonar sus ocupaciones cotidianas para hacer oír sus demandas irrumpiendo en el espacio público. Los fallidos intentos oficiales por mostrar datos que avalen “el fin de la recesión” dan cuenta de que el gobierno enfrenta, además de la crisis económica, una crisis política y de credibilidad. Existen varios elementos que se conjugan para dar cuenta de ello.

En los últimos meses ha ido cuajando un clima de opinión pesimista respecto al futuro de la economía del país -y de la personal-, sustentado en la alta inflación, la reaparición del fantasma del desempleo y las desorbitantes subidas de tarifas en los servicios públicos. A pesar de ello, el gobierno insiste en que la recuperación económica está en marcha, y como único argumento para explicar la disociación entre su relato y la realidad social sostiene que la misma se debe a que “la calle todavía no siente la recuperación”.

Paradójicamente, Cambiemos se enfrenta a una situación en la que debe salir a desmentir con cifras en la mano la opinión mayoritaria de la ciudadanía. ¡Créannos! parece vociferar el gobierno. El país oficial poco se asemeja al país real. Estadísticas contra expectativas sociales. Exactamente lo contrario de lo que primó en el inicio del mandato de Mauricio Macri. Para amplios sectores de la población, prevalecía mayoritariamente un clima favorable basado en la esperanza en que la economía mejoraría en un futuro cercano. Sin embargo, el superávit aspiracional con el que contaba el PRO comienza a mostrar signos de agotamiento en un cortísimo lapso de tiempo.

Este momento bisagra parece estar generando un giro en el “estilo” discursivo de Mauricio Macri. Durante la campaña electoral y el primer año de gobierno, el presidente forjó un estilo de liderazgo zen, más allá del bien y del mal, que prometía paz, armonía y esperanza de un futuro mejor. Pero en las últimas semanas ha emergido otro Macri. En el discurso de apertura de sesiones legislativas el presidente inauguró un tono mucho más agresivo que el que lo caracterizaba. Ello se relaciona con otra novedad reciente que denota una posición cada vez más defensiva por parte del gobierno: la apelación a la teoría de la conspiración para leer el escenario político. Diferentes voceros oficialistas, incluidos los principales medios de comunicación, han comenzado a agitar el fantasma del boicot desestabilizador detrás del cual sitúan a un difuso “kirchnerismo”. Es la única explicación que le otorgan a las sucesivas manifestaciones de una conflictividad social creciente.

Los principales dirigentes de Cambiemos también están adoptando este nuevo tono. El Jefe de Gabinete Marcos Peña perdió los papeles en su última presentación ante el Congreso y exhortó a la oposición a “hacerse cargo de algo”, en referencia a la situación actual (!). María Eugenia Vidal, gobernadora de Buenos Aires, encabeza intransigente una pulseada a todo o nada con los docentes. En una reciente conferencia de prensa dejó de lado su imagen de hada madrina ingenua y exigió a los dirigentes sindicales que “digan si son kirchneristas” (!).

Así, en la cúpula de Cambiemos se observa el pasaje a un tipo de liderazgo que busca polarizar con el gobierno anterior en un tono mucho más agresivo. Ello se explica en que apelar a la “pesada herencia” recibida y a las “buenas intenciones” propias ya no es suficiente para calmar las ansias de una opinión pública que demanda respuestas concretas a la crisis. En ese contexto, el gobierno exhibió otra novedad: convocó -solapadamente- a sus partidarios a marchar en defensa de sus políticas el pasado 1 de abril. La concentración “espontánea” es significativa porque es la primera vez que Cambiemos exhibe poder de movilización, aunque resulta evidente que la convocatoria quedó reducida a su núcleo duro -amalgamado casi exclusivamente por el rechazo visceral al gobierno anterior-. Se trata de un sostén importante, sobre todo en el escenario actual, pero que en ningún caso le garantizaría un apoyo electoral mayoritario.

Las elecciones legislativas de octubre están a la vuelta de la esquina y todo indica que la estrategia que adoptará el gobierno es apostar a plebiscitar al kirchnerismo de manera cada vez más belicosa. El siguiente paso para contener la conflictividad social será, según ha anunciado la propia ministra de seguridad, la represión de la protesta. La espiral continúa en marcha.

En el escenario político actual, la máxima duranbarbiana que indica que las decisiones políticas deben guiarse por el humor social radiografiado en las encuestas comienza a exhibir sus evidentes límites. Cambiemos se topó antes de lo esperado con una verdad de perogrullo: gobernar no es tan fácil como prometer. La política requiere asumir responsabilidades ante la sociedad, ante todos los sectores de la sociedad. Y los conflictos no pueden desterrarse sólo porque el deseo de armonía lo exija. Administrarlos es parte del ejercicio de gobierno, y la virtualidad con que se lo haga influye en la percepción y apoyo de los votantes. De eso se trata. Pero todo ello escapa al marco de pensamiento de la coalición gobernante. Para Cambiemos, el antagonismo es una distorsión de la política, y la democracia podría construirse a partir de un idílico consenso social que, como por arte de magia, garantizaría la tan mentada “gobernabilidad”. Hacer buena comunicación política en el contexto de campañas electorales es una cosa, y gobernar, otra.

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