Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás
Por: Andrés Sal.lari
La
detención de los 9 funcionarios bolivianos en la zona fronteriza de
Colchane-Pisiga tiene una historia oficial y hechos reales que no han sido
incluidos en este relato.
Veamos
la crónica publicada aquellos días por el portal de la radio Bio Bio, una de
las más influyentes de Chile:
Agentes de la subcomisaría de la comuna
Colchane, en la región de Tarapacá, detuvieron este domingo a 2 militares y 7
trabajadores de Aduanas bolivianos armados luego de que intentaran asaltar a
mano armada a un camión chileno cargado de mercadería en el salar de Coipasa,
que pertenece a Chile.
Los carabineros se encontraban las
inmediaciones de la localidad de Cariquima cuando fueron informados de que
personal militar boliviano se encontraba fiscalizando al oriente del sector
conocido como Panavinto.
Según el parte policial, camiones militares
bolivianos y civiles de ese país controlaban los camiones en territorio
chileno, en las cercanías de la frontera, con la clara intención de robar los
vehículos y la mercadería del transporte que llegaba al lugar.
El fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia,
confirmó la situación e indicó que se produjeron incidentes entre los militares
bolivianos y los dueños de camiones que iban a ser asaltados: incluso habrían
disparado contra los civiles ya que uno de los vehículos tendría impactos de
bala.
En
primer lugar hay que explicarle a Bio Bio que el maravilloso Salar de Coipasa
no pertenece a Chile. Esta maravilla natural digna de recorrer pertenece a
Bolivia. El error es insultante; ya sería hora de que este tipo de
tergiversaciones para promover una animadversión contra Bolivia dejen de
promoverse desde medios de comunicación masivos.
El
relato oficial, que impulsaron estos medios de comunicación masivos fue
decidido por el gobierno en esas primeras horas, es por eso que la presidenta
Michelle Bachelet afirmó muy suelta de cuerpo que los 9 bolivianos habían
ingresado a territorio chileno a robar.
Pero si
Ud. repasa la misma publicación periodística citada, podrá observar que entre
el primer y el segundo párrafo incurre en una contradicción flagrante. En el
primero afirma que estaban robando y en el segundo informa que estaban
fiscalizando, como efectivamente ocurrió.
Otro
aspecto fundamental que no hay que dejar pasar es que quienes denuncian el
supuesto delito de los bolivianos no son ciudadanos imparciales, son los
contrabandistas chilenos.
A estas
alturas, todas las autoridades chilenas admiten off the record que los 9 bolivianos no estaban robando. Eso está
fuera de discusión -pero claro-, extraoficialmente.
Las
mismas fuentes a las que tuve acceso en esta ciudad afirman que en el accionar
de las fuerzas bolivianas, estas ingresaron a territorio chileno y utilizaron
sus armas de fuego contra los contrabandistas chilenos. La versión pareciera
verosímil, lo más lógico es que ante el fuego abierto por las tropas
bolivianas, los contrabandistas chilenos se hayan desbandado para acudir al
auxilio de los carabineros chilenos. Son especulaciones propias.
El
relato oficial omite otro dato trascendente.
Antes
de ordenar el traslado de los 9 de la frontera a tierras bajas de la pampa
chilena, la intendenta de Tarapacá, Claudia Rojas, mantuvo una conversación con
autoridades superiores del Ministerio del Interior. Estos podrían haber
ordenado la devolución de los funcionarios bolivianos al otro lado de la
frontera. Sin embargo dieron luz verde a la intervención de la fiscalía. Esto
quiere decir que hubo una orden política para judicializar el caso e impedir su
pronta resolución.
Los
motivos obedecen a índoles de política interna (electoral) y a una sumisión
sistemática de Santiago a los intereses de Washington, para quien mantener en
vivo la tensión entre los dos vecinos sureños es de vital interés, sobre todo
mientras el gobierno boliviano no responda a sus intereses geopolíticos.
Pero si
en un principio mostrar dureza con Bolivia podía tener réditos electorales;
hoy, con la certeza de que los funcionarios no estaban robando, el caso más
bien termina por afectar la imagen internacional de Chile y permite la
victimización de Bolivia, esto no es para nada conveniente en el marco de la
demanda ante La Haya.
Los
jefes militares de Tarapacá fueron varios pasos delante de las autoridades
políticas y judiciales. Los generales Fernando Petit Molina, Jefe de la Primera
Zona de Tarapacá de Carabineros y John Griffiths Spielman, Comandante del
Comando Conjunto Norte del Ejército de Chile, hubieran preferido que los 9
funcionarios bolivianos fueran devueltos inmediatamente al otro lado de la
frontera.
La
resolución política que generó la detención y judicialización de las primeras
horas fue festejada por el jefe de la Fiscalía regional de Tarapacá, Raúl
Arancibia, exoficial de la Armada chilena y reconocido ultraderechista en
Iquique. En su militancia dentro de las redes sociales puede evidenciarse su
admiración por Agustín Edwards, apologista y cómplice de la dictadura de
Pinochet; su indignación por los sucesos en Venezuela; su admiración por la
dirigente fascista venezolana María Corina Machado y críticas contra Rafael
Correa o el gobierno de Corea del Norte, entre otros. Un perfil absolutamente
reñido con el del cargo que ostenta.
Con
estos antecedentes, Arancibia no cumple con los requisitos elementales de
objetividad e imparcialidad necesarios para operar en el ámbito de la justicia.
Arancibia oscila entre su deseo de escarmentar a Bolivia y las presiones que recibe
del poder político para poner fin al absurdo. En ese contexto el canciller
Heraldo Muñoz parece haberle marcado la cancha y tras una reunión amable con
tres abogados bolivianos y el iquiqueño Claudio Vila, Arancibia terminó por
acordar que se llevará adelante un proceso abreviado con fecha de definición
fijada para el próximo 20 de junio.
El
canciller chileno, Heraldo Muñoz, fue el encargado de dar rienda suelta a la
noticia, que fue recibida con miradas de desconfianza en La Paz.
De esta
valoración surge otro punto clave. Durante ese proceso abreviado, los 9
tendrían que admitir que ingresaron a territorio chileno para ser liberados.
Si el
anuncio del proceso abreviado ya fue realizado se sobre entiende que ya hay un
acuerdo previo para que los 9 admitan que ingresaron a territorio chileno. Pero
en estas arenas movedizas mejor es no dar nada por sobre entendido.
Durante
esta cobertura en la que tuve la oportunidad y el privilegio de abrirles a
nuestros lectores y a nuestros televidentes de Ojo con los Medios y del Abya
Yala esta ventanita de manera absolutamente exclusiva desde Iquique, necesito
contarles desde un punto de vista estrictamente personal que toda esta
situación me parece un gran sin sentido.
He
tenido la oportunidad de hablar con los iquiqueños, de percibir en muchos de
ellos el enojo y la distancia con Bolivia. Enojo y distancia simbólica que
tiene su origen en una invasión y una confrontación bélica de la que ya pasaron
138 años, que no tuvo nada que ver con pueblos, pero sí con oligarquías e
imperios (el británico en ese caso).
Y me
cuesta entender y aceptar que pueblos tan iguales, que hablamos los mismos
idiomas, que bailamos los mismos ritmos, separados por tan pocos kilómetros,
podamos aceptar de manera tan sumisa esta distancia, esta separación inoculada
–y disculpen la redundancia- por un grupo de oligarcas e imperialistas casi 150
años atrás.
Periodista argentino
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