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El fascismo está actuando en Santa Cruz, el gobierno debe investigar

Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás

Violencia sexual como acoso político



Por: Lourdes Montero
Leer el relato de lo vivido por Erenía Villca Nina de Choque el 5 de mayo nos confronta de lleno con una realidad de absoluto desprecio por los derechos de las mujeres. Erenía ha puesto voz a la pesadilla que muchas mujeres viven en territorios donde los hombres todavía se creen dueños y señores de la vida. Y es que en Bolivia todavía convivimos con un machismo arrogante que, ante el mínimo ejercicio de poder, cree que puede violar y matar a su antojo, burlando cualquier mandato constitucional, estructura legal o voluntad política.
Para comprender los hechos tratamos de imaginar el municipio de Tapacarí en Cochabamba. Se trata de una comunidad de 24.625 almas, que en su mayoría son quechua hablantes. Su actividad económica es la agricultura, aunque la mayoría de las personas viven de la migración temporal. Cerca del 90% de la población reporta niveles de pobreza, y de ellos, un 47% sufre de indigencia. En este contexto podemos imaginar el poder que despliega el Alcalde, quien cuenta con un presupuesto anual de Bs 52 millones (para el 2016, según el Ministerio de Economía).En ese escenario escuchamos la voz de la concejala Erenía Villca, quien al regresar de Sicaya fue acosada por el concejal Ignacio Mendoza Poma.
“Me agredió físicamente con puñetes y rodillazos, en la cabeza y el cuerpo, quiso abusarme sexualmente, intentando sacarme mi ropa interior a la fuerza, al extremo de romper toda la ropa interior”, contó Erenía a la Policía. La concejala estaba acompañada por Elizabeth Ureña, quien intentó impedir el abuso pero también fue agredida y amedrentada. En ese instante llegó el alcalde Severino Vargas Zelaya, y en lugar de intervenir a favor de las víctimas espetó: “¡Por qué no las han violado a estas putas arrechas!”, “¡viólenlas y tírenlas al río!”. Las víctimas fueron abandonadas en un lugar desolado, y apenas recuperaron su salud, presentaron una querella para que la Justicia actúe.
Este testimonio se conoce gracias al valor de Erenía, quien ha decidido hacer pública la violencia sexual que sufrió como acto de disciplinamiento y acoso político. Sin embargo, hay muchas voces calladas y las historias de las que se atreven a denunciarlo no necesariamente llegan a los medios de comunicación. Desde el 2010, año en que se aprueba la Ley contra el Acoso y Violencia Política, 346 concejalas han denunciado acoso y solo el 24% ha sido procesado y resuelto.
Leer en redes sociales el testimonio de Erenía despertó la indignación de las personas. La Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol) se pronunció, denunciando el delito y se constituirá en parte acusadora del proceso. Diversos colectivos de mujeres protagonizaron un plantón de protesta. Tres asambleístas departamentales de Cochabamba (Cinthya Mendoza, Lineth Villaroel y Lizath Beramendi) enviaron una carta al Fiscal del Distrito para pedirle celeridad en la investigación. El Órgano Electoral Plurinacional (OEP) expresó su preocupación en un comunicado público.
Desde el MAS, partido en el que militan los agresores, se anuncian duras sanciones internas. El presidente del Senado declaró: “Tenemos que ser muy severos (...) no somos un refugio de gente que atropella los derechos de las mujeres”. A su vez, el jefe departamental de la bancada del MAS de Cochabamba, Leonardo Loza, anticipó que, de ser culpables los militantes, serán suspendidos de su partido. La diputada Susana Rivero publicó en sus redes sociales: “Triple inadmisibilidad: que violenten concejalas, que las acosen políticamente y que los agresores sean autoridades electas. ¡Deben ser procesados!”.
En Bolivia contamos con la Ley 243 contra el Acoso y la Violencia Política hacia las mujeres, y después de cuatro años se ha logrado aprobar su reglamento. Es momento de demostrar que el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres no es solo un enunciado de papel.

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