Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás
Por:
Carla Espósito Guevara
El 15 de mayo pasado la cámara de Diputados
aprobó el proyecto de Ley para la creación de un nuevo tipo de empresas
sociales, que no está reconocido en el código de comercio, el nombre inicial de
este proyecto era “Ley de empresas social comunitarias”, pero en el
camino se perdió la palabra “comunitarias”, lo que de inicio señala un intento
de diluirla de sus contenidos más avanzados. El proyecto fue impulsado por la Confederación de Trabajadores Fabriles de Bolivia y establece la posibilidad de
transferir una empresa privada a manos de los trabajadores en casos de cierre
injustificado.
Dos días después de la aprobación en
Diputados su discusión fue detenida a pedido de los empresarios privados. Su
portavoz, Ronald Nostas, inmediatamente expresó su absoluta oposición a este
proyecto de ley, dijo que era “nefasta para el sector empresarial” que era
“confiscatorio”, pidió la paralización de su discusión y que se reviertan todos
los artículos que, según él, “violentan el derecho constituido del sector
empresarial en el país”.
Pero analicemos algunos de los argumentos
que la empresa privada maneja:
Primero, que se trata de una ley que
autoriza la toma de cualquier empresa privada. Falso, los casos en que el
proyecto de Ley permite la creación de empresas sociales están claramente
definidos y establecidos y son tres: 1) Cuando existan empresas en proceso de
quiebra, concurso o liquidación conforme a lo previsto en el Código de
Comercio; 2) Cuando los procesos de quiebra, concurso o liquidación hubieren
concluido, conforme lo previsto en el Código de Comercio; 3) Cuando exista
cierre o abandono injustificado. Se trata entonces de
cierres injustificados en los que se deja desprotegidos a los trabajadores.
Ese proyecto de Ley no atenta contra el
conjunto del empresariado privado, al contrario es un proyecto de ley que solo
defiende el legítimo derecho de trabajadores a defender su fuente laboral y a
defenderse del abuso patronal de los empresarios corruptos y quienes no lo son
no tiene de que preocuparse. Es una ley que aplica para aquellos casos en que
los empresarios huyen dejando a los trabajadores absolutamente desprotegidos.
Que es inconstitucional. Falso, es más bien
uno de los decretos que mejor interpreta el espíritu de la Nueva Constitución
Política del Estado, materializa además el concepto de economía social
comunitaria, está completamente en línea con el artículo 54 que permite a los
trabajadores, en resguardo de su fuente laboral, crear empresas sociales en
casos de quiebra o cierre injustificado.
Que cierra fuentes de trabajo. Falso, al
contrario, preserva fuentes de trabajo que de otro modo serian cerradas y
posibilita a los trabajadores de la empresa acceder a alguna fuente de
financiamiento que les permita levantarla y seguir trabajando.
Que violenta el derecho constituido del
sector empresarial en el país. Falso, si hay algo que se ha garantizado durante
este Gobierno es el derecho de los empresarios, y sus condiciones de
desenvolvimiento. Los datos son elocuentes, según el Ministerio de trabajo el
2006 existían 72.900 empresas privadas en Bolivia, el 2017 existen 280.000.
Esta tendencia expresa el gran apoyo que el sector privado ha tenido los
últimos 10 años, lo que incluye la obligatoriedad de los bancos para otorgar
créditos productivos y la creación del Banco de Desarrollo productivo, entre
otros.
Este proyecto de Ley expresa muy claramente
la lucha de clases en nuestro país y los diferentes posicionamientos de los
actores señalan el lugar que sumen en esta lucha. En ese sentido, llama la
atención que solo el sector fabril saliera a defenderlo y que la COB guardara
absoluto silencio. El avance o retroceso en este proyecto dará cuenta de qué
lado en esta lucha está ocupando nuestro gobierno.
La
autora es Socióloga.
y Twitter: @escuelanfp
Rellene el siguiente formulario para suscribirse.
Comentarios
Publicar un comentario
Escriba sus comentarios