Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás
Por:
Verónica Córdova
El miércoles celebramos en grande, ese
tipo de celebraciones que se hacen cuando se siente la luz llegar, aunque
todavía nos rodeen las tinieblas. El tipo de celebración que se acurruca en la
garganta, mezclada con lágrimas: todavía no nos tratan como iguales, todavía no
somos libres, pero ya se ve a lo lejos señales de que pronto lo seremos.
La comunidad LGBT de Bolivia tiene mucho
que celebrar y a la vez mucho por qué seguir luchando. Este 2017 la bandera de
las diversidades se ha visto flamear en muchos lugares, algunos impensables
hace algunos pocos años. Las instituciones están empezando a abrirse y a hacer
realidad inmediata y cotidiana el mandato de la Ley de Identidad de Género,
otro gran motivo de celebración para la comunidad transexual y transgénero. La
marcha que celebra la diversidad sexual cada año se visibiliza cada vez más, y
con mayor apoyo ciudadano expresa su orgullo: el orgullo de decirle al mundo lo
que se es, de vivir como se siente adentro, de seguir vivos y ser felices, y no
haber permitido que los encajonen, ni los degraden, ni los sigan escondiendo.
Pero esos momentos de orgullo y
celebración no bastan para desaparecer los muchos otros momentos de rabia,
impotencia y humillación que todavía vive la comunidad LGBT el resto del año.
Sigue siendo uno de los grupos más maltratados y discriminados en la sociedad,
y también al interior de las familias, que es donde más duele. Sigue siendo el
grupo más desamparado a la hora de buscar —y de encontrar— justicia y
resarcimiento. Sigue siendo el grupo cuyos derechos humanos se violan más
sistemáticamente.
De hecho, es el único grupo en la
sociedad cuyos derechos humanos más básicos y fundamentales se niegan en nombre
de la religión, de la tradición o de no sé qué valores. La comunidad LGBT es la
única a la que el Estado le niega el derecho a elegir a quién amar y con quién
compartir vida y bienes; el derecho a construir juntos y heredarse uno al otro
el fruto de su trabajo; el derecho a formar una familia, si así lo deciden. Son
derechos tan elementales, tan sensibles y tan personales que su negación no
puede sostenerse indefinidamente, a pesar de toda la presión que ejerzan
quienes se oponen a lo que la Constitución afirma: que todos tenemos derechos
iguales, independientemente de nuestras diferencias.
Puedo entender que existan personas y
grupos que se oponen al matrimonio entre personas del mismo sexo, por razones
religiosas o por cualquier otra. Esas personas están en su total y completa
libertad de oponerse, pero no por ello pueden impedir que dos personas que se
aman y deciden casarse lo hagan, en uso de su total y completa libertad e
independientemente de su sexo. El árbitro en este tipo de situaciones es el
Estado, que garantiza que el derecho de uno no afecte el derecho del otro. Y el
Estado tarde o temprano va a tener que cumplir con su obligación de garantizar
derechos iguales a ciudadanos iguales.
La Plataforma por la Vida, que agrupa a
una serie de organizaciones religiosas, esta semana ha manifestado su oposición
al resquicio legal que permite el matrimonio civil de personas transgénero, y
ha declarado también que están orando para que la Ley de Identidad de Género se
derogue. Eso está muy bien: la función de los grupos religiosos es orar y
generar un espacio de comunicación con Dios para sus fieles. La función del
Estado es legislar y generar espacios de igualdad de derechos para los
ciudadanos, independientemente de su raza, género, credo o preferencias
sexuales. Ambas funciones no deben confundirse.
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