Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás
Por: Franco Morales Lara
Es típico de gobiernos reformistas que ante su renuencia a
transformar la estructura socioeconómica pretendan hacerlo a plan de decretos y
leyes. Por ello es que siguiendo su “coherencia ideológica” mediante el nuevo
código penal boliviano, que se encuentra todavía como proyecto de ley, se
procure conseguir ciertos cambios que intenten darle a la justicia un rostro
nuevo para captar la atención del ciudadano y crea éste que aquel ideal tan
anhelado conocido como justicia, le permitirá vivir en paz y armonía.
Dentro de estos cambios en el código penal, se encuentran
las propuestas de las nuevas causales que admiten recurrir al aborto sin que se
incurra en alguna forma de delito, nueve casos en total, tres de los cuales ya
son reconocidos por la actual legislación boliviana. El proyecto contempla que
las mujeres con menos de ocho semanas de gestación puedan abortar en caso de
pobreza extrema o no cuenten con recursos propios para la manutención de su
familia. Pero esta situación debe ser demostrada ¿Cómo? me imagino que se
manejarán criterios que permitan delimitar pobreza de extrema pobreza, o tal
vez se deje simplemente a criterio del juez quien deberá aplicar la “sana
crítica”. Pero lo indudable es que el creciente número de niños abandonados que
vemos en las calles de nuestras ciudades es la muestra indiscutible de la
penosa situación de la madre boliviana. Por lo tanto, como publicaba hace
muchos años el Pravda “el nacimiento de un hijo es para muchas mujeres una
seria amenaza” mientras se encuentre en situación de miseria y opresión
familiar, de ahí que en la revolución rusa, la mujer consiguió el derecho al
aborto, claro que después el estalinismo en 1936 nuevamente lo ilegalizó salvo
en casos extremos.
No se vaya a confundir o creer que a los socialistas les
gusta abortar, no es así, incluso el mismo Trotsky mostraba su pesar cuando se
refería a éste como “un triste derecho” muy peligroso en una sociedad
estratificada en clases sociales, pues este derecho es transformado por la
desigualdad social en un privilegio. Cada año muchas mujeres eran mutiladas en
la URSS por abortos mal practicados, porque no existían instalaciones
sanitarias en condiciones adecuadas para proporcionar esta práctica médica a
las mujeres que se veían obligadas a recurrir al aborto, salvo por supuesto las
que podían pagar un “buen servicio”.
En Bolivia, la salud es un tema pendiente postergado
permanentemente por los gobiernos de turno que nunca lo consideraron seriamente
como una política de estado, por la lógica razón que para ellos la salud
pública no es rentable, por eso, lamentablemente estas distan mucho del
servicio que prestan los centros de salud privados. Esta problemática se hace
visible frecuentemente, en largas filas desde altas horas de la madrugada que
tienen que hacer los pacientes para obtener, si es que tienen suerte, una ficha
de atención médica, pero esto solamente es la punta del iceberg, pues también
se manifiesta en la falta crónica de medicamentos, en los precarios equipos
médicos, en la insatisfacción por el trato recibido, en el insuficiente
presupuesto destinado y otras muestras de ineficiencia e insuficiencia que
derivan finalmente en ineficacia en los servicios que se prestan.
Por ejemplo actualmente el hospital de niños “Germán
Urquidi” de la ciudad de Cochabamba se encuentra saturado de pacientes a la
espera de atención médica, de acuerdo a los medios de comunicación existen 300
niños en lista de espera para ser intervenidos quirúrgicamente, muchos de ellos
desde el 2014. Ya el alcalde de esta ciudad manifestó que su municipio no está
en condiciones de dar atención a todos esos niños, por lo que pidió la
colaboración de la gobernación, se prevé destinar un presupuesto para que muchos
de estos niños sean atendidos en clínicas particulares, medida que es un parche
pues obviamente no dará solución al problema estructural de la salud.
Cabe deducir entonces que en estas condiciones la vida de
muchas mujeres estará en riesgo, no todas podrán efectivizar su derecho al
aborto, pues el que una mujer pueda acceder o no a un aborto va a depender de
los ingresos económicos con los que cuente. Por ende la gran mayoría de mujeres
trabajadoras, campesinas, estudiantes que conforman el conjunto de mujeres
empobrecidas, serán quiénes continúen en riesgo de perder sus vidas; si bien ya
no por abortos clandestinos, pero si por abortos realizados en condiciones
precarias, pues no encontrarán en los servicios públicos de salud las
condiciones necesarias para hacerse practicar el aborto, o estarán en “lista de
espera” lo que llevará que clínicas particulares ofrezcan este servicio que
indudablemente no estará al alcance de aquellas mujeres que se encuentran en
situación de extrema pobreza, sino de aquellas que puedan pagarla.
¿Asombra esta situación? No, pues al igual que hay cientos
de niños en nuestro país que no pueden ser atendidos, cientos de mujeres que
mueren por complicaciones en el parto, cientos de ciudadanos que se endeudan
con los desorbitantes costos por la atención médica que reciben, que en muchos
casos cuando fallece el enfermo se ven dificultados a retirar el cuerpo porque
no logran pagar la elevada cuenta hospitalaria incluso en centros hospitalarios
públicos, de la misma manera habrán varias mujeres que se ven obligadas a
abortar a esperar su turno sin la seguridad de ser atendidas en condiciones
adecuadas, o al verse imposibilitadas de recurrir a clínicas privadas se verán
obligadas a acudir a “métodos caseros” que pondrá en riesgo su salud y vida.
Por lo tanto el derecho a un aborto seguro en nuestra sociedad tan marcada por
la desigualdad de clases sociales, será un privilegio para aquellas que puedan
pagarlo, y las que se encuentran en extrema pobreza tendrán que arreglárselas
como lo han venido haciendo hasta ahora para subsistir.
La emancipación verdadera de la mujer, la materialización
justa del derecho al aborto, no serán posibles mientras subsistan las
condiciones sociales, culturales y económicas que siguen privilegiando a unos
pocos en desmedro de la mayoría.
Ya Trotsky lo había previsto: el poder revolucionario debe
dar a la mujer el derecho al aborto, como uno de sus derechos cívicos,
políticos y culturales esenciales mientras duren la miseria y la opresión
familiar, pero que este triste derecho es transformado por la desigualdad
social en un privilegio.
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