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El fascismo está actuando en Santa Cruz, el gobierno debe investigar

Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás

El odio ajeno


Por: Freddy Morales 
Buscada durante años, antes de su nacimiento y después, la Comisión de la Verdad fue desahuciada. Y no por los torturadores, paramilitares, dictadores y asesinos que justifican su creación, sino por algunos familiares de las víctimas y “analistas”.
Son cinco los integrantes de la Comisión, de los que se ha dicho que no sirven o que por lo menos llaman a la duda, por ser, supuestamente, militantes del oficialismo o cuando menos servidores del Gobierno. Que  ya pasaron más de 40 años de los hechos y que si anteriores
Comisiones de la Verdad no pudieron por qué debemos creer que con éstos la historia puede cambiar. Se les ha criticado por no tener una remuneración fija, lo que les obligará a continuar ejerciendo las labores con las que se ganan el sustento y solo darán pedacitos de su tiempo libre a la tarea encomendada. Se critica a la propia ley que crea la Comisión, por otorgarle apenas dos años de funcionamiento, cuando un trabajo tan complejo fácilmente podrá requerir mucho más tiempo.
Algunos familiares de las víctimas de las dictaduras que se hicieron del poder entre 1964 y 1982 pasearon su rencor contra el gobierno por medios de comunicación para desprestigiar a la Comisión de la Verdad y dejar en claro que sienten igual que los defensores de los asesinos. Es cuestión de comparar las opiniones de algún defensor de un dictador con las de algún familiar víctima de la dictadura.
El clímax, hasta ahora, en esta campaña del absurdo, se produjo cuando la Comisión de reunió con los integrantes del Alto Mando Militar en el Gran Cuartel de Miraflores (donde muchas de las víctimas estuvieron antes de ser asesinadas y desaparecidas, entre ellas Marcelo Quiroga Santa Cruz, 1980). Una visita de cortesía para decir aquí estamos, con esta misión y ustedes, según la ley, tienen estas obligaciones (entre otras abrir los archivos de las dictaduras). Nobleza obliga, y el Jefe Militar invitó a la Comisión a dar una vuelta por algunos de los ambientes donde hay archivos de esa institución. Se pasearon tres ambientes, donde hay miles de papeles apilados, algunos en exposición, como por ejemplo algunos manuscritos y escritos de la Guerra del Chaco. La ridiculización y el escarnio fueron inmediatos: ¡imbéciles!, son tan inteligentes que van a buscar a los desaparecidos y se contentan con que les muestren papeles de la Guerra del Chaco.
En esa visita no se abrió siquiera un archivo. Solo se recorrieron ambientes. Está por venir el trabajo especializado de revisar hoja por hoja nada que se parezca ni a la Guerra del Chaco ni a ninguna otra guerra que no sea la prepotencia de las dictaduras militares contra quienes pensaban distinto entre 1964 y 1982.
Es tan profundo el odio propio que deja en la impunidad, una vez más, el odio ajeno: el de los que nos consideran enemigos, el odio de los asesinos, torturadores y rateros de las dictaduras y los dictadores. En la posesión de los cinco integrantes de la Comisión se divulgaron estos datos: entre 1964 y 1982, las dictaduras militares asesinaron a 1.392 personas. Otras 486 fueron desaparecidas y 2.469 fueron exiliadas o confinadas. No se mencionó el costo económico que debió pagar el país en esos casi 20 años de extremo dolor por el odio ajeno.

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