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El fascismo está actuando en Santa Cruz, el gobierno debe investigar

Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás

La Guerra del Gas y la Agenda 2025


Por: Delfín Arias Vargas
La rebelión popular que estalló el 9 de septiembre y alcanzó su punto máximo el 17 de octubre de 2003, con la expulsión del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, encarnó una inflexión histórica en la forma de hacer política y construir nuevos paradigmas luego de 178 años de la declaración de la independencia y 18 años desde la implementación del modelo económico neoliberal que enajenó la riqueza de la patria.
La factura que pagó el pueblo para preservar su democracia y recuperar la riqueza de la patria fue muy alta: al menos 67 muertos por heridas de bala y más de medio millar de heridos —muchos de ellos engrosarían en los días y semanas subsiguientes la lista de fallecidos— que hoy mismo cargan con las secuelas de la dura represión militar ordenada por la oligarquía pro imperialista que entonces gobernaba Bolivia.
¡Arde Bolivia! Así publicaba el periodista Ángel Guerra Cabrera en el periódico mexicano La Jornada, mientras Bolivia se encontraba paralizada en contra de la venta del gas a Estados Unidos por puertos chilenos, negociado que era impulsado a sangre y fuego en el marco de la tristemente célebre ‘democracia pactada’, es decir, el reparto del Estado.
La Guerra del Gas comenzó a tomar forma desde que las empresas públicas fueron privatizadas por el neoliberalismo a precio de remate mediante escandalosos negociados, fraudes y disposiciones inconstitucionales urdidos entre los viejos y nuevos oligarcas en complicidad con las compañías transnacionales.
Merced a una sistemática política de latrocinio, a expensas de la privatización de las empresas públicas, del desempleo de decenas de miles de trabajadores, de la entrega obsequiosa de los recursos de la nación a las transnacionales, Goni había amasado una inmensa fortuna que, según varias fuentes, bordeaba los 250 millones de dólares.
Además, desde hace mucho tiempo la reforma agraria había pasado a mejor vida, ya que el 87% de la tierra productiva estaba en manos de terratenientes, es decir, en manos del 7% de los propietarios; mientras que el 90% de los habitantes de las zonas rurales vivía en medio de una espantosa pobreza.
No obstante, Cochabamba fue escenario de la primera batalla del pueblo contra los agentes internos del imperialismo: la Guerra del Agua. En septiembre de 1999, el ex dictador Hugo Banzer —electo presidente por el Congreso— privatizó el servicio de distribución de agua potable en Cochabamba, y la empresa Aguas del Tunari incrementó las tarifas entre un 30 y 350%.
Después de tres meses de lucha, más de 150 heridos y la muerte de Víctor Hugo Daza, un manifestante de 17 años asesinado por la Policía, Banzer dio marcha atrás. El pueblo había ganado la primera batalla contra el neoliberalismo.
El 9 de febrero de 2003, Goni dispuso el congelamiento de salarios y gravó los mismos con un impuesto del 12,5%. Argumentó que evitaba un incremento del precio de los hidrocarburos que golpearía a los bolivianos más pobres.
El 12 de febrero se amotinó el Grupo Especial de Seguridad (GES) de la Policía y se desató un enfrentamiento entre militares y policías con un saldo de 9 policías, 4 militares y 3 civiles muertos. El 13 de febrero la violencia continuó y dejó un saldo de otros 11 muertos y más de medio centenar de heridos, algunos de extrema gravedad.
Febrero fue una señal inequívoca del rechazo popular a las políticas antinacionales que desde 1985 implementó el neoliberalismo servil a los intereses del imperialismo, con su democracia pactada y la alternancia en el poder del MNR, ADN, MIR, UCS, CONDEPA y otros funcionales de ‘izquierda’.
En ese contexto emerge la rebelión popular de octubre de 2003 con la cual el pueblo expulsó del poder a políticos y oligarcas corruptos, racistas y vende patrias, que tras gobernar Bolivia como cómplices de las dictaduras militares, se apoderaron de la democracia que el pueblo había recuperado el 10 de octubre de 1982.
La chispa que encendió el conflicto social se prendió el 8 de septiembre de 2003. El gobierno rechazó la liberación del dirigente campesino Edwin Huampo y reprimió a los campesinos en Warisata. Esto enardeció los ánimos de los rurales y radicalizó a otros sectores que empezaron a pedir la renuncia Sánchez de Lozada.
El 20 de septiembre, un operativo policial y militar encabezado por Carlos Sánchez Berzaín para “rescatar” a turistas extranjeros retenidos en Sorata dejó un saldo de 6 muertos con heridas de bala entre los campesinos.
El 23 de septiembre de inició el bloqueo de caminos y el 9 de octubre los dirigentes de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto iniciaron un paro indefinido en rechazo a la exportación del gas por puertos chilenos, por una nueva Ley de Hidrocarburos, la industrialización del gas, una asamblea constituyente y la renuncia Sánchez de Lozada.
Entre el 9 y 13 de octubre de 2003, la respuesta del gobierno fue una dura represión que dejó en las calles de El Alto y en Chasquipampa de La Paz al menos 67 muertos por impactos de bala y más de medio millar de heridos, y la población, sin distinción de clases sociales, le dijo ¡basta! a Sánchez de Lozada y a los genocidas que lo acompañan.
El 17 de octubre el genocida no tuvo otra salida que renunciar a la Presidencia que había manchado con la sangre de un pueblo que se rebeló contra la enajenación de la riqueza de la patria. Sánchez de Lozada, Sánchez Berzaín y otros criminales huyeron a Estados Unidos y otros países para no rendir cuentas a la justicia.
Esa misma noche asumió el mando de la nación Carlos Mesa, quien no cumpliría la agenda de octubre y el 9 de junio de 2005 renunciaría a la Presidencia.
En ese contexto, el emergente protagonismo político fue asumido por los marginados por una exigua minoría oligárquica y opulenta que gobernó Bolivia en función de los intereses de la globalización imperialista.
Ahora bien, sin la rebelión popular de octubre no habría sido posible la elección del primer Presidente indígena, la nueva Ley de Hidrocarburos, la nueva Constitución, la nacionalización y la industrialización de los hidrocarburos, los bonos sociales, la vertebración caminera y aeroportuaria, la construcción de infraestructura educativa y sanitaria como nunca antes en nuestra historia.
En fin, no hubiera sido posible un proceso de cambio de grandes logros, aunque no exento de hechos de corrupción que están siendo investigados para que los culpables sean sancionados con la máxima pena que dictan las leyes.
Y por si fuera poco, por cuarto año consecutivo Bolivia liderará este 2017 el crecimiento económico de la región y los indicadores económicos y sociales prevén que hasta el 2025, el país —que hasta el 2005 era “el más pobre de Suramérica”— erradicará la extrema pobreza y consolidará la industrialización de sus recursos naturales. ¡Honor y gloria a los héroes de octubre!
Comunicador social y periodista. Fue docente universitario.


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