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El fascismo está actuando en Santa Cruz, el gobierno debe investigar

Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás

Grupos de poder y la lista de involucrados en la privatización de empresas estatales

Por: Fernando del Carpio Z.
La enajenación de empresas públicas pudo darse porque durante 20 años (1985-2005) y siete gobiernos se estableció una estructura de poder vinculada a intereses políticos, empresariales y familiares.
En todo ese período se superaron las barreras partidarias y políticas.
 “Había nexos no sólo personales y corporativos, sino ideológicos, el siguiente gobierno continuaba haciendo lo que hacía el anterior”, afirmó el diputado Javier Zavaleta (MAS-IPSP), presidente de la Comisión Especial Mixta de Investigación de la Privatización y Capitalización 1985-2005.
Esta instancia del Legislativo está a punto de concluir con la investigación que se efectuó durante más de tres años.
El informe consta de 11 capítulos, la semana que inicia se ingresará a las conclusiones y luego de su aprobación se remitirá a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su consideración.
Tres redes
En las dos décadas se enajenaron 157 empresas públicas, de las que cinco consideradas estratégicas fueron capitalizadas: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) y LAB (Lloyd Aéreo Boliviano).
De las 78 privatizadas, dos eran estratégicas: la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y Vinto. En tanto que 74 fueron cerradas.
Para cumplir esa tarea se estructuraron tres redes, una liderada por el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, jefe del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y accionista de la Compañía Minera del Sur (Comsur); otra por Samuel Doria Medina, quien fue ministro de Planeamiento y Coordinación, del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR), accionista de la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce), y la tercera por Raúl Garáfulic Gutiérrez, de Acción Democrática Nacionalista (ADN), embajador de Bolivia en España, accionista mayoritario de medios de comunicación (La Razón y ATB) y socio de la AFP Previsión.
De los tres políticos y empresarios sólo Doria Medina, actual jefe de Unidad Nacional (UN), se encuentra en el país; Goni, de 87 años, luego de dimitir huyó del país el 17 de octubre de 2003, vive en Estados Unidos y el Gobierno de ese país no da curso a su extradición por la masacre de octubre. Mientras que Garáfulic falleció en noviembre de 2003 en un accidente aéreo.
55 involucrados
La investigación, mediante la aplicación de un software, estableció que 55 personas están involucradas.
Zavaleta aclaró que las mencionadas “no son parte de un delito, pero como se demuestra es la red que manejó el proceso de enajenación que no necesariamente fue delictivo”.
En todo caso en las conclusiones se establecerá cuánto es el daño económico al Estado y las irregularidades cometidas, quiénes son los responsables.
El diputado explicó que algunos cumplieron con la ley de capitalización o privatización, pero otros violaron dichas leyes. “En la lista están los que se vincularon, pero no necesariamente cometieron un delito. En la lista de procesados estarán muchos de aquí y otros que no figuran, se conocerá en las conclusiones con delito e irregularidad concreta”, aseguró.
Información privilegiada
El informe de la comisión mixta refiere que dos factores influyeron decisivamente en quienes se adjudicaban las empresas privatizadas o capitalizadas: el acceso a información privilegiada que tenían estas personas porque eran adjudicatarios y autoridades encargadas de la adjudicación.
El acceso a información clasificada les daba ventaja sobre otros competidores que querían hacerse de las empresas y había conflicto de intereses que pasaron por alto, pasaban a ser socios o empleados de las empresas adjudicadas. Además se adjudicaban a precio de ‘gallina muerta’.
 “Hemos detectado irregularidades en las redes de poder, en los procedimientos que utilizaban, violaban sus leyes y decretos, y en las conclusiones se determinará qué irregularidades pueden ser tipificadas en el Código Penal, cuáles prescribieron y cuáles no para presentar denuncias o proposiciones acusatorias para que la Asamblea Legislativa autorice a iniciar esos procesos”, subrayó.
De acuerdo con la capitalización, el 50% del paquete accionario pertenecía a los bolivianos mayores de 18 años y el otro 50% a las empresas privadas transnacionales adjudicatarias. Pese a esta división igualitaria, según el informe, de los siete miembros del directorio, cuatro eran designados por la empresa privada y los tres restantes por las AFP (administradoras de fondos de pensiones).
Durante el proceso de investigación se acumularon 80.000 hojas de información que certifican el proceso de privatización.
El legislador dijo que se escribieron libros parciales e insuficientes sobre aspectos aislados de la privatización y capitalización, pero no se hizo un estudio global de cómo actuaron siete gobiernos y no uno sino 14 partidos políticos, y sobre documentos originales (leyes, decretos, resoluciones, testimonios).
Esa tarea la realizó la comisión, y los investigadores se informarán “de un proceso que no debería repetirse en la historia de Bolivia”.
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Datos
» Los siete gobiernos objeto de la investigación son: 1.- Víctor Paz Estenssoro, 2.- Jaime Paz Zamora, 3.- Gonzalo Sánchez de Lozada, 4.- Hugo Banzer Suárez, 5.- Jorge Tuto Quiroga, 6.- Goni y 7.- Carlos Mesa Gisbert.
» Empresas privatizadas o capitalizadas: 1 gobierno Víctor Paz, 28 Jaime Paz, 42 Goni, 9 Banzer, 1 Tuto y 1 Mesa, en total 82 (no se contabilizan las 71 empresas cerradas).
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55 IMPLICADOS EN LA RED DE PODER DE LA ENAJENACIÓN
Víctor Paz Estenssoro (MNR), presidente 1985-1989, con el Decreto 21060 enajenó las empresas públicas, desmantelando Comibol.
Gonzalo Sánchez de Lozada (MNR), presidente 1993-1997, 2002-2003, como accionista de Comsur se adjudicó varias empresas de Comibol.
Alfonso Revollo Thenier (MNR), ministro responsable de Capitalización.
Gabriel Revollo Thenier, sin militancia política, hermano del ministro, representante legal de la Shell.
Jorge Crespo Velasco (MIR), ministro y embajador en EEUU, socio de Soboce.
Ramiro Cabezas Masses (MNR), ministro, socio de Soboce.
Juan Luis Cariaga Osorio (MNR), ministro de Finanzas.
Fernando Carlos Romero Moreno (MNR), ministro, socio del Banco Hipotecario Nacional.
Andrés Petricevic Raznatovic  (MNR), propietario de la constructora Petricevic, socio del consorcio Agua del Tunari, adjudicataria de Semapa de Cochabamba.
Jaime Villalobos Sanjinés (MNR), ministro.
Fernando Illanes de la Riva, independiente, ministro vinculado al MNR y a Goni.
Antonio Sánchez de Lozada (MNR), contralor general de la República, socio de Comsur, hermano de Goni.
Óscar Bonifaz Gutiérrez (PDC), presidente de Comibol, miembro de Comsur y Soboce.
Jaime Paz Zamora (MIR), presidente 1989-1993, en su gestión se vendieron empresas públicas que pertenecían a las corporaciones regionales de desarrollo.
Hugo Banzer Suárez (ADN), presidente 1997-2000, en su gobierno se enajenaron  empresas estratégicas del sector minero e hidrocarburífero.
Luis Ossio Sanjinés (PDC), vicepresidente 1989-1993.
Samuel Doria Medina Auza (MIR), ministro y accionista mayoritario de Soboce, que se adjudicó Fancesa y El Puente, de Tarija.
Ronald MacLean Avaroa (ADN), ministro y presidente de Inti Raymi.
Carlos Saavedra Bruno (MIR), ministro.
Luis Fernando Saavedra Bruno, sin militancia política, primo del ministro, director de la capitalizada petrolera Andina.
Jorge Fernando Quiroga Ramírez (ADN), presidente 2001-2002, Tuto asumió la presidencia luego del fallecimiento del Gral. Banzer.
Juan Pablo Zegarra Arana (ADN), ministro que fue parte del directorio de tres empresas capitalizadas.
Carlos Iturralde Ballivián (ADN), ministro vinculado empresarialmente con Goni.
Manfredo Kempff Suárez (ADN), ministro vinculado familiarmente con la red de poder.
Julio Kempff Suárez, sin militancia política, director de la capitalizada Ferrocarril Oriental.
José Luis Lupo Flores, independiente, ministro, hermano de Elvira Lupo de Velarde.
Elvira Lupo de Valverde, independiente, directora de la Unidad Ejecutora del Reordenamiento de las Empresas Públicas (UEREP).
Herbert Muller Costas (ADN), ministro, director de la empresa capitalizada Guaracachi.
Raúl Garáfulic Gutiérrez (ADN), embajador en España, se adjudicó Hilancruz, socio de la AFP Previsión, compró el LAB, propietario de La Razón, ATB y otros medios de comunicación.
Dieter Garáfulic Lehn, sin militancia política, director de la capitalizada Transredes.
Raúl Garáfulic Lehn, sin militancia política, hijo de Raúl y hermano de Dieter.
Gonzalo Chávez Álvarez (MNR), subsecretario y director de las capitalizadas Valle Hermoso y Ferrocarril Oriental.
Flavio Escobar Llanos (MIR), subsecretario y director de la empresa Valle Hermoso.
Susana Doria Medina Auza (MIR), hermana de Samuel y socia de Soboce.
Hernán Paredes Muñoz (MIR), ministro y director de una empresa subsidiaria de Soboce.
Giovanni Pacheco Fiorilo (MIR), coordinador ministerial y socio de Soboce.
Armando Gumucio Karstulovic, sin militancia política, socio de Soboce, director en las capitalizadas Chaco y Ferrocarril Andina.
Víctor Hugo Cárdenas Conde (MRTKL), vicepresidente 1993-1997 en alianza con el MNR.
Raúl España Smith (MNR), ministro, fundó la Fundación para la Producción (Fundapro), entidad privada beneficiaria de los recursos públicos del proyecto Focas.
Fernando Candia Castillo (MNR), ministro y director de la capitalizada Transredes.
Ivo Kuljis Fuchtner (UCS), ministro, propietario de varias empresas.
Tomislav Kuljis Fuchtner, independiente, hermano de Ivo y director de varias empresas capitalizadas.
Carlos Kempff Bruno (ADN), ministro, pariente de ministros y directores de las capitalizadas.
Edgar Saravia Durnik (MNR), secretario nacional de Capitalización, articuló una red familiar, dos de sus hermanos Carlos y Cynthia, trabajaron en las superintendencias.
Carlos Saravia Durnik (MNR), gerente de Entel hasta el momento de su enajenación y superintendente de Telecomunicaciones.
Cynthia Saravia Durnik (MNR), directora de la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros.
Pablo Gottret Valdez, sin militancia política, ministro, director de Entel y superintendente de Pensiones, Valores y Seguros.
Guillermo Aponte Reyes Ortiz (MNR), superintendente de Pensiones, ministro y síndico del directorio de la empresa capitalizada Guaracachi.
Claude Bessé Arze (MNR), presidente de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) y superintendente general del Sirese.
Julio León Prado, sin militancia política, propietario de Bisa y otras empresas, socio de Comsur.
Ernesto Asbún Gazawi, sin militancia política, propietario de la red Bolivisión, director de la empresa capitalizada Corani y del LAB.
Fernando Salazar Paredes, sin militancia partidaria, consultor en el proceso de capitalización del LAB y de ENAV.
Carlos Mesa Gisbert, vicepresidente 2002-2003 y presidente 2003-2005, accionista mayoritario de PAT, que difundió y promovió la enajenación en esa red televisiva.
Carlos Alberto López Quiroga (MNR), viceministro y director de la capitalizada Entel.
Vincent Gómez-García Palao (NFR), viceministro y director de la capitalizada Guaracachi.

FUENTE: Comisión Especial Mixta de Investigación de la Privatización y Capitalización 1985-2005

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