Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás
Por: Juraima
Almeida
El
2018 da la oportunidad a los brasileños de optar entre la posibilidad de
construcción de una sociedad mínimamente igualitaria o la consolidación
definitiva de un proyecto expoliador, represivo, antipopular, siempre y cuando
se realicen las elecciones presidenciales y no se produzca un golpe dentro del
golpe para impedir, a toda costa, la participación del exmandatario Lula de
Silva en ellas.
Las
señales son confusas y es difícil que quienes hoy detentan el poder se pongan la
soga al cuello: las elecciones no están aseguradas, y harán lo imposible para
impedir la elección del expresidente, inclusive un nuevo golpe que conlleva al
vaciamiento del presidencialismo o de un enmienda constitucional (eludiendo la
consulta popular) que dicte un parlamentarismo de hecho, o una presidencia
colegiada, con jueces y quizá militares.br lula elección.
Durante
el gobierno golpista Brasil ha retrocedido en todas las áreas, suprimiendo y
destruyendo los derechos sociales y concentrando la riqueza en la mano de los
más ricos, con aumento expresivo en el precio del gas, la gasolina y la
electricidad, cortes en el salario mínimo, en la salud y reducción de
inversiones en las universidades, cortes drásticos en la educación, en la
investigación y en toda el área social.
No
hay esperanza con este gobierno de facto: las medidas anunciadas para 2018 van
a agravar aún más este cuadro: Son los más pobres quienes pagarán la cuenta de
la reforma de la seguridad social que no afecta a los ricos, los parlamentarios,
los jueces ni los militares. Es que para fines de 2017 los “nuevos pobres”
sumaron 3,6 millones, mientras Naciones Unidas anunciaba que Brasil retorna al
Mapa del hambre.
Solo
un nuevo pacto popular alejará del horizonte las amenazas de hoy, que no se
reducen a las consecuencias del neoliberalismo radical sino a la radicalización
conservadora, como pensamiento, acción, política, gobierno, valores sociales e
ideología. El conflicto que no favorece los proyectos de conciliación de clase,
presidirá las maniobras de la derecha y condicionará los movimientos del campo
popular, independientemente de los partidos y de las candidaturas conocidas y
aquéllas por ser anunciadas, señala el exministro de Ciencia y Tecnología,
Roberto Amaral.
El
académico Liszt Vieira señala que mientras se producen aumentos de impuestos,
por un lado, por el otro se perdonan deudas multimillonarias de grandes
empresas y se decreta la exención de impuestos a las empresas multinacionales
de petróleo. Los medios de comunicación hegemónicos aplauden las reformas
presentándolas como esenciales al interés nacional.
El
Poder Judicial, cada vez más participante en temas que no le debieran
concernir, parece sintonizado con los mismos intereses, al igual que los mandos
policiales. A partir del golpe de 2016, la radicalización creció, se expandió y
se profundiza a favor del poder económico, bajo el liderazgo del capital
financiero y el monopolio de los medios de comunicación, uno y otro “estados”
dentro del Estado, que actúan en consonancia y son portavoces del poder
fáctico, más allá de los tres poderes constitucionales.
Más
allá de los medios de comunicación de masas, en su permanente deconstrucción de
la imagen del expresidente, actúan coordinadamente el poder judicial (de jueces
como Sergio Moro hasta el Supremo Tribunal Federal, el Tribunal Supremo
Electoral y los tribunales superiores regionales), la Fiscalía General y la
Policía Federal. La intención no es comprobar presuntas irregularidades
cometidas por Lula, sino impedir hoy su candidatura; mañana, su elección y su
gobierno, aunque sea a costa de su libertad, amenazada por condenas anunciadas.
Lula
promete un nuevo manifiesto-compromiso, dirigido ahora al pueblo (y no como en
2002 a los banqueros), a trabajadores y campesinos, proletarios urbanos que
sobreviven en los servicios y a aquellos sectores de la clase media perdidos en
el último quinquenio. Aun cuando Lula quiera fortalecer su imagen de
conciliador, estará presionado por las circunstancias.
La
gran ofensiva de la derecha intenta privatizar todo lo posible, hasta el Jardín
Botánico de Río. Luchar contra las zancadillas que intentan impedir que Lula
sea candidato en 2018 y levantarse en la defensa de la democracia y los
intereses de la nación, puestos en riesgo por el entreguismo más descarado, son
las tares del espectro popular, en busca de unidad táctica, estratégica y de
acción.
Revertir
el grave retroceso será la gran tarea del gobierno que sea elegido en noviembre
de 2018. Si un golpe dentro del golpe no lo frena, claro.
Investigadora
brasileña del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE,
www.estrategia.la)
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