Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás
Entrevista
a Rogelio Mayta
Para
el abogado de las víctimas de la denominada masacre de octubre de 2003, Rogelio
Mayta, el 5 de marzo de 2018 —día en que un tribunal de Estados Unidos iniciará
el juzgamiento, en un proceso civil, al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada
y su exministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín— será histórico; por primera
vez en casi 15 años, las víctimas y sus familiares podrán demandar justicia a
los sindicados que, finalmente, se sentarán en el banquillo de los acusados. La
persistencia de Eloy Rojas, cuya hija fue asesinada, fue clave para esta
iniciativa.
— Tras casi 15 años de la
masacre de octubre de 2003, ¿qué representa para las víctimas que este 5 de
marzo se inicie el juicio civil contra Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos
Sánchez Berzaín?
—
Es una de las metas que hemos buscado por casi 15 años; la aspiración lógica
cuando se ha sufrido tremendas violaciones a los derechos humanos en la
denominada “guerra del gas” es obtener justicia y es lo que las víctimas han
perseguido desde 2003. Pero el camino para generar este escenario ha sido
complejo y difícil. Recuerdo que en 2006 hicimos una evaluación que concluyó en
que el juicio de responsabilidades en contra de Sánchez de Lozada y de Sánchez
Berzaín, para lo que se pidió a Estados Unidos su extradición, era un obstáculo
casi infranqueable, y buscamos otros caminos para que se haga justicia pero
muchos eran inviables. (...) Entonces, la alternativa más segura era interponer
un juicio civil en Estados Unidos en contra del expresidente y el exministro —el
cual se inició en 2007 y fue admitido en 2013— (a ser procesado) por sus leyes
y ante sus autoridades. (...) Antes de que se concrete el proceso hubo un largo
y duro debate interno entre los que apoyamos la causa de justicia y la
Asociación de Familiares Fallecidos de la “guerra del gas”, pues no había la
seguridad de impulsar un juicio en un escenario ajeno y en una sociedad que no
conoce nuestra realidad latinoamericana, cuando todos queríamos que se
consolide un juicio en Bolivia y que se sancione el hecho con cárcel. (...) No
obstante, una de las intervenciones claves para llevar adelante la iniciativa
fue la de Eloy Rojas, el papá de la niña Marlene Rojas Ramos, de ocho años, que
fue asesinada en la localidad de Warisata porque él dijo que buscaría justicia
en el escenario que fuera y haría todos los esfuerzos, pues su objetivo era
tener un día a Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín frente a él para decirles su
verdad sobre el asesinato de su niña; llegar a ese momento culminante
justificaba todo el trabajo y los riesgos que podíamos correr, su voz fue
determinante porque con ello toda la asociación decidió llevar adelante la
acción civil. Y ese objetivo que nos ha marcado Eloy lo vamos a concretar el 5
de marzo porque él y su esposa Etelvina Ramos estarán ahí pidiendo justicia,
confrontando a los responsables de la muerte de su hija. En las mismas
condiciones estarán los otros siete demandantes y con ellos todo el resto de
las víctimas. (...)
— Un juicio civil conlleva
resultados distintos a los de uno penal, ¿qué ganarían las víctimas en ese
caso?
—
El juicio civil se diferencia del penal en que este último busca la pena de
cárcel y a la vez está vinculado a una reparación del daño civil; en cambio,
con el primero se demanda la reparación de daños y perjuicios. (...) En este
caso, el proceso civil concluirá con una sentencia que establecerá o no la
responsabilidad de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín sobre la masacre, y si
son declarados culpables deberán pagar una indemnización a los demandantes por
daños y perjuicios. (...) Si bien la compensación es una demanda que ha estado
en segundo plano, porque lo principal para las víctimas es tener por primera
vez a esas exautoridades sentadas en el banquillo de los acusados tras casi 15
años de la masacre de octubre de 2003, ellos podrán confrontarlos, decirles su
verdad y conseguir que una autoridad judicial se pronuncie sobre su
responsabilidad. (...) Es un momento trascendental y las víctimas lo han estado
aguardando, están esperanzadas en que se genere ese escenario de justicia.
— ¿Cuáles son los argumentos
para demostrar la responsabilidad de ambas exautoridades?
—
No podemos dar muchos detalles y tenemos algunas restricciones por
recomendación de los abogados, pero los delitos por los que se los demanda son
por su participación en asesinatos extrajudiciales, crímenes de lesa humanidad
y homicidios culposos, los cuales son sancionados según la legislación de
Estados Unidos. Para probar esto hay un bagaje de elementos como los
testimonios, la concurrencia de criterios de los expertos y otros que se
desarrollarán en el juicio. Hemos podido realizar un trabajo que valoramos
enormemente y tenemos un equipo de abogados inmejorable y muy solvente para
llevar adelante este proceso en Estados Unidos. Hemos logrado una alianza de
organizaciones y en la causa colaboran un equipo de abogados del Centro de
Derechos Constitucionales, la Clínica de Derechos Humanos Internacionales de la
Facultad de Harvard y bufetes de abogados de primer nivel como Akin, Gump, Strauss,
Hauer & Feld, LLP, Schonbrun, Seplow, Harris &Hoffman, LLP y Akerman
LLP, que se especializan en estas causas. (...) Asimismo, y no se puede dejar
de nombrar, el eje de articulación del proceso es el reconocido jurista Thomas
Becker.
— ¿Un juicio civil cierra la
posibilidad de iniciar uno penal?
—
No, porque un juicio penal y esta acción civil transcurren de forma paralela, y
el obtener una sentencia en el ámbito civil no impide que se prosiga con una
acción penal y que en el futuro pueda darse una extradición a Bolivia de los
acusados. (...)
— ¿En qué está la extradición?
—
La extradición está en suspenso y pendiente de una definición del Gobierno de
Estados Unidos, no creemos que en un futuro inmediato se
resuelva positivamente.
El
Gobierno estuvo al margen prudentemente
Rogelio
Mayta asegura que el Ejecutivo guardó cierta distancia de este proceso a
solicitud de las víctimas y sus familiares; el fin
era que el proceso no sea politizado para conservar su legitimidad.
— ¿En qué colaboró el Gobierno
en este caso, o no intervino?
—
El Gobierno no ha intervenido en el juicio civil porque legalmente solo le
corresponde a las víctimas de la masacre de octubre de 2003. Tampoco participó
en la concepción o búsqueda de esta alternativa ni en su desarrollo durante
todos estos años. Y creemos que lo hizo de forma prudente dado que muchas veces
el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su exministro de Defensa Carlos
Sánchez Berzaín han argumentado que eran
perseguidos políticos del actual Gobierno. Y eso no es verdad porque han sido
las víctimas quienes hallaron el camino para procesarlos por la vía civil. Por
eso, para evitar ese tipo de cuestionamientos y mantener el proceso
transparente, a iniciativa de las propias víctimas es que tampoco pedimos su
apoyo. Incluso les solicitamos que mantengan una prudente distancia.
— ¿Para Bolivia, qué significa
que se consolide un juicio por la masacre de octubre de 2003?
—
Es un escenario más de la gran lucha contra la impunidad debido a que se trata
del dolor de situaciones tan graves como la pérdida o desaparición de un
familiar o la muerte en circunstancias tan duras como la represión militar que
se vivió en septiembre y octubre de 2003. (...) Y esa lucha contra la impunidad
busca indirectamente, al margen de hacer justicia en estos casos concretos,
ponerle freno a los excesos del poder, y si los comete saber que será
sancionado por la justicia.
Rogelio
Mayta Mayta confía en que una serie de testimonios, la concurrencia de
criterios de los expertos y otros elementos que aportan al caso serán claves
para una potencial victoria. Valora el trabajo realizado y destaca la solvencia
del equipo de abogados que asumirá la defensa de la causa.
Pérfil:
Nació:
el 16 de septiembre de 1971. Profesión: jurista.
Ocupación:
abogado de las familias de las víctimas de la masacre de octubre de 2003.
Graduado
de Derecho de la UMSA. En 2011 logró la sentencia a cinco exjefes militares y
dos exministros de Sánchez de Lozada. En 2016 fue candidato a Defensor del
Pueblo.
Entrevista realizada por
Aline Quispe, periodista de La Razón
Forografía: Miguel Carrasco
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