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El fascismo está actuando en Santa Cruz, el gobierno debe investigar

Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás

Cárceles y niños


Cada cierto tiempo se difunden noticias sobre hechos de violencia cometidos contra niños o niñas dentro de los penales del país, poniendo en relieve los riesgos que corren los menores que conviven con sus padres o visitan a sus familiares recluidos; así como la imperiosa necesidad de poner un alto a esta práctica y de mejorar los controles de seguridad en las cárceles bolivianas.
El último hecho de esta naturaleza salió a la luz el 25 de febrero, día en el que detuvieron a una mujer acusada de abusar sexualmente a su hija de tan solo ocho años junto con su actual pareja, un varón de 36 años recluido en el penal de Palmasola precisamente por delitos de violación. Según el testimonio de la niña, los abusos tenían lugar en la propia celda de este recluso. Extremo que se habría constatado con el hallazgo de al menos un video que registra las agresiones sexuales filmadas en el celular de su progenitora, quien se suicidó al poco tiempo de ser detenida, dejando en la orfandad a una beba de 10 meses, a un niño de siete años y a la menor que era abusada. 
A raíz de este hecho, han vuelto a surgir voces exigiendo que se prohíba que niños y niñas vivan junto a sus padres en los penales del país, así como un mayor control y mayor seguridad en los recintos penitenciarios. No se trata de la primera vez que surgen pedidos de esta naturaleza. Por ejemplo, en agosto de 2013, luego de que un niño de dos años que vivía junto a su padre en Palmasola muriese calcinado al verse involucrado en una gresca entre dos facciones del penal, las autoridades y los reclusos se comprometieron a entregar la custodia de sus hijos a familiares cercanos o a hogares de acogida en caso de no tener ningún pariente que pueda hacerse cargo de ellos.
Sin embargo, hasta ahora este compromiso no se ha materializado (tan solo en Palmasola 600 menores aún viven con sus padres). Por ello, es de esperar que en esta ocasión a las promesas no se las lleve el viento, máxime tomando en cuenta que los penales del país no son precisamente el mejor lugar para que un niño se forme y viva su infancia.
Y es que junto a condiciones de hacinamiento y falta de recursos que los obligan a pasar hambre, frío, calor e incomodidades, el riesgo de que sufran agresiones de toda índole y abusos sexuales está siempre latente, toda vez que los recintos penitenciarios han sido creados precisamente para, entre otras funciones, mantener al margen de la sociedad a peligrosos delincuentes; muchos de los cuales presentan anomalías que les impediría aprender de sus errores, modificar su conducta y rehabilitarse por medio de castigos, como bien advierte por ejemplo un estudio elaborado por psiquiatras y neurocientíficos del Instituto de Psiquiatría del King's College de Londres y de la Universidad de Montreal. De allí que existan tantos homicidas y violadores reincidentes, que necesariamente deben mantenerse alejados de sectores vulnerables como los niños.

Publicado en la Editorial de La Razón el 14 de marzo de 208


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