Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás
El
conflicto de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) debiera incentivar un
debate sobre el futuro del sistema universitario del país. Hay que pensar en la
mejor manera de sostener el financiamiento de estas instituciones en un
escenario de mayores restricciones fiscales, a partir de criterios asociados a
la mejora de sus estándares de calidad educativa.
En
un país acostumbrado a conflictos sociales que suelen tener evoluciones
tortuosas y desenlaces poco claros, se tiende a olvidar en poco tiempo los
problemas estructurales que los provocan. Se buscan soluciones rápidas para
superar la coyuntura, las cuales resuelven en el mejor de los casos los
síntomas del conflicto, pero sin enfrentar los factores que suscitaron el
problema.
El
reclamo de la UPEA por mayor presupuesto debería incentivarnos a reflexionar
sobre los grandes retos que tiene el sistema universitario boliviano en
términos administrativo-financieros, pero también con relación a la calidad de
su modelo educativo. Durante una década, las universidades públicas se
beneficiaron, como todas las entidades estatales, de un crecimiento significativo
de sus recursos. Esto fue posible por la excepcional coyuntura de bonanza
fiscal que experimentó el país gracias al súbito aumento de la renta del gas,
escenario que probablemente no se repetirá en esa misma dimensión en el futuro.
Con
esos recursos, las universidades aumentaron su oferta educativa, contrataron
más personal y mejoraron su infraestructura. Sin embargo, la sostenibilidad de
ese modelo era frágil por su gran dependencia de recursos públicos, cuyo
incremento tarde o temprano iba a ralentizarse, dando lugar a un contexto de
restricciones financieras, obligando a las universidades a optimizar su gestión
administrativa y a planificar con prudencia su expansión.
El
caso de la UPEA es sintomático de esta crisis. Según las estadísticas del CEUB,
esta universidad ha duplicado su número de docentes entre 2010 y 2015, llegando
a tener incluso más profesores contratados que la UMSA o la UAGRM. Crecimiento
llamativo considerando que en 2015 el número de alumnos que tenía matriculados
no representaba ni siquiera la mitad de los que atienden las universidades
mencionadas.
Hay,
pues, evidentes problemas de planificación y gestión administrativa en la
entidad alteña, que no se resolverán solo con una mayor asignación de recursos.
Esto sin considerar las dudas que existen sobre la eficiencia y calidad de su
modelo educativo. Por supuesto que el Estado debe hacer un esfuerzo para apoyar
a la UPEA, pero esta universidad no puede obviar compromisos concretos para
racionalizar su manejo administrativo y mostrar resultados en beneficio de las
capacidades de los alumnos que alberga. Esas son las cuestiones de fondo que
hay que empezar a resolver, no solo en la UPEA, sino en todo el sistema
universitario.
Publicado
en la Editorial de La Razón
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