Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás
Por: Calderón
Castillo
Con
el golpe judicial que pretende encarcelar al ex-presidente Rafael Correa, el
Gobierno ecuatoriano demuestra la urgencia (casi desesperación) para impedir
que el ex-mandatario regrese a presentarse como candidato a las elecciones
municipales del 2019. También para evitar que siga al frente de la
reorganización del movimiento ciudadano antineoliberal que se viene gestando
tras el vertiginoso giro a la derecha de Lenin Moreno. Están apelando a una
guerra judicial sin cuartel, mostrando el rostro autoritario y antidemocrático
del presidente. La presión de la derecha en lo interno y de los EE.UU. desde lo
externo, le obligó a quitarse su máscara amable y de izquierdas, inservible
para aplicar a fondo el proceso de regeneración neoliberal y de sumisión a los
EE.UU., que contiene medidas políticas y económicas que llevarán al Ecuador de
regreso al pasado neoliberal[1].
El
sumario judicial por el cual se acusa a Rafael Correa es realmente kafkiano. El
proceso de lawfare que se desarrolla en Ecuador tiene ribetes particulares
porque el Gobierno tuvo que torcer la institucionalidad judicial existente
(para algunos, de forma ilegal). La captura del Consejo de Participación (CPCC)
designado por Moreno -a partir del referéndum- fue un paso esencial para el
cambio en la institucionalidad judicial y el desarrollo de la persecución
judicial a Correa. El CPCC, en tan sólo tres meses, ha destituido al fiscal
general y al presidente del Consejo de la Judicatura, abriendo el camino para
que el Gobierno, apoyado por las bancadas de derecha, le quitara el fuero
presidencial a Correa, con una dudosa acción de la Asamblea Nacional[2].
Moreno
y las élites ecuatorianas están yendo por todo, como lo demuestra la
destrucción de las instituciones para garantizar la condena de Correa, en un
proceso judicial construido sobre las mismas burdas bases de sospechas,
testigos falsos e inexistencia de pruebas, que en Brasil tienen preso al
ex-presidente Lula -por la supuesta posesión de un inmueble, que nunca ha
estado registrado a su nombre ni de sus familiares-, que en Argentina sustentan
la causa por “traición a la patria” contra la ex-presidenta Cristina Fernández.
Es
una guerra judicial con múltiples objetivos[3]: deslegitimar la gestión
gubernamental de Correa, impedir su retorno a la política, acabar con su imagen
pública, y aplazar -o tratar de impedir- una crisis de gobernabilidad
-previsible, en la medida en que se acerquen las próximas elecciones en el 2019
de Gobiernos seccionales y del poderoso CPCC-.[4]
Claves
del proceso
Desde
el año pasado, recién asumido el actual presidente, el relato de Gobierno ha
sido luchar contra la corrupción para limpiar “la pesada herencia” del
“correísmo”. Mediante aproximaciones sucesivas fue acercándose a deslegitimar a
Rafael Correa, con procesos judiciales a militantes de Alianza País, en
especial, contra funcionarios y ex-funcionarios gubernamentales. Usaron la
patente de corso creada a partir de la mega-causa mediática de las coimas de
Odebrecht para apresar al vicepresidente Jorge Glas y amedrentar a partidarios
de Correa. El objetivo: derribar los obstáculos a la convocatoria del
referéndum legalizador del mandato neoliberal -que se realizó el pasado mes de
febrero-, lo que le permitió a Moreno designar a su conveniencia al CPCC y
acabar con la figura de la reelección presidencial[5].
Logradas
la primera purga de funcionarios -en la que cayó el vicepresidente Glas-, y la
construcción del relato de la corrupción del Gobierno de Correa, Moreno pasó a
la fase acelerada de quiebre institucional, con el nombramiento de personas de
su confianza en el CPCC. Desde allí instrumentaron la captura total del Poder
Judicial, al destituir al fiscal Carlos Baca y al presidente del Consejo de la
Judicatura, Gustavo Jalkh, y a otros cuatro consejeros vocales[6]. Acciones
destituyentes que le permitieron a Moreno tener atrapado al Poder Judicial para
amedrentar y enlodar públicamente a las fuerzas antineoliberales.
El
paso siguiente fue torcer el reglamento del Poder Legislativo para -con una
operación política- lograr que la Asamblea Nacional se declare incompetente
para tratar el “caso Balda”, decisión que fue interpretada por la Justicia
ordinaria como la vía libre para enjuiciar al ex-presidente. Le quitaron el
fuero presidencial de facto sin que haya sido discutido y decidido por mayorías
cualificadas como lo exige la ley -después de intentarlo sin éxito un día antes
en una sesión extraordinaria, citada por la presidencia de la Asamblea-.
Algunos
escenarios posibles
Rafael
Correa no está derrotado. El rechazo a la persecución en su contra empezó a
crecer con la movilización del 5 de julio pasado, que desbordó las calles de
Quito para exigir al Gobierno el cese de la operación judicial. Un sector
importante de la ciudadanía lo apoya, como quedó demostrado en el referéndum,
pues cerca del 36 % del electorado lo apoyó. A esta base correísta se irán
sumando otros sectores, afectados por el giro neoliberal del Gobierno -así no
se identifiquen con el ex-presidente- puesto que las medidas de “austeridad” y
el incierto plan económico del Gobierno terminarán rompiendo la quietud (y
cierta complacencia) que mantienen las centrales de trabajadores y el
movimiento social.
Se
prepara el escenario de las elecciones municipales y del Consejo de
Participación, donde medirán fuerzas Moreno y Correa. Será un momento de
confrontación en los territorios, que puede empezar a decantar la disputa
política que destrozó el movimiento Alianza País, una puja en favor o en contra
del neoliberalismo. Estas elecciones elección pueden hacer surgir una nueva
fuerza ciudadana que se proponga tomar el control de estratégicos espacios
electorales que reconfiguren el mapa político ecuatoriano.
Podrían
también mostrar el efecto electoral de la campaña anticorreísta (judicial y
mediática), que puede ser contrario a los objetivos de Moreno. Existen ejemplos
cercanos de ello: en Brasil, un Lula preso es el candidato preferido por la
ciudadanía para ser elegido nuevamente como presidente, y en Argentina existe
un repunte en la intención de voto para Cristina Fernández. La persecución
judicial es dañina contra personas, pero no definitiva para acabar con
proyectos en disputa.
Es
un escenario incierto para Lenin Moreno, pues no está claro que la campaña de
lawfare desatada en contra de Correa y los sectores antineoliberales -realizada
al límite de la ilegalidad y la ficción- impidan una crisis de gobernabilidad
liderada y desatada por los intereses de poder de la derecha de Lasso y Nebot.
En definitiva, éstos no gustan de Moreno, aunque les esté sirviendo de
intermediador y normalizador de las relaciones entre el Gobierno y el poder
oligárquico. La derecha quiere asumir directamente las riendas del Gobierno.
A
Lenin Moreno se le agota el recurso mediático de “la pesada herencia”, y debe
empezar a mostrar obras de Gobierno. Tendrán cada vez menos efecto las
denuncias en contra de Correa y sus aliados; se empezarán a imponer la realidad
económica y política, sin una fuerte coalición de Gobierno y con una ecléctica
propuesta de planes a ejecutar. Si los temas de orientación de la economía y
política ecuatorianas se ponen en el centro de la agenda de discusión, a Moreno
se le habrá acabado el tiempo de gobernar usando el espejo retrovisor.
El
ex-presidente Correa tiene credibilidad en la comunidad internacional; ha
suscitado respaldos del progresismo en todo el mundo, y su condición de
estadista se impone sobre la virulencia con que está siendo tratado por Lenin
Moreno. La población ecuatoriana no olvidará los diez años de cambios
democráticos y de progreso económico logrados por la Revolución Ciudadana, que
hizo reflotar un país trabajador, pujante y con potencialidades autónomas del
poder extranjero y de las corporaciones bananeras que le gobernaron
anteriormente.
Parece
que viene la hora de la confrontación política real: a favor o en contra del
neoliberalismo, que desplazará la astuta estrategia del ensañamiento personal
-efectivo a corto plazo- en contra de los ex-presidentes progresistas, pero no
lo suficientemente definitivo para acabar con el propósito de justicia social
de amplios sectores ciudadanos.
[1]http://www.celag.org/plan-economico-en-ecuador-neoliberalismo-en-pequenas-dosis/
[2]
https://www.dw.com/es/ecuador-parlamento-abre-v%C3%ADa-para-vincular-a-correa-en-secuestro-de-opositor/a-44233521
[3]http://www.celag.org/lawfare-la-via-legal-al-neoliberalismo/
[4]https://www.eluniverso.com/noticias/2018/02/28/nota/6643660/elecciones-serian-marzo-2019
[5]https://www.celag.org/la-revolucion-ciudadana-disputa/
[6]
http://www.elcomercio.com/actualidad/resolucion-cpccs-judicatura-vocales-gustavojalkh.html
Artículo publicado en CELAG.ORG Síguenos en Facebook: Escuela Nacional de Formacion Politica
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