Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás
Por: Fernando del Carpio Z.
Las
políticas implementadas por los gobiernos de Hugo Banzer y de Gonzalo Sánchez
de Lozada, de corte neoliberal, están presentes en el caso Quiborax.
Banzer,
mediante la Ley 1854, del 8 de abril de 1998, redujo el perímetro de reserva
fiscal del salar de Uyuni de 2,3 millones a 1,3 millones de hectáreas, con lo
que inició la entrega de concesiones.
Mientras
que Gonzalo Sánchez de Lozada, sin renunciar nunca a su condición de
empresario, adhirió a Bolivia al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias
relativas a Inversiones (Ciadi), en el que se amparó Quiborax-Non Metallic
Minerals (NMM) para demandar al país.
La
norma aprobada por Banzer permitió que personas como David Moscoso Ruiz,
exfuncionario del Ministerio de Minería, que accedió a información
privilegiada, se adjudique 11 concesiones de Ulexita, constituya su empresa y
en 2001 venda el 55,99% de sus acciones a la empresa chilena Quiborax, 0,1% al
chileno Allan Fosk y que él se quede con el 49%.
Mientras
que la decisión de Goni de incorporarse al Ciadi llevó a que Quiborax-NMM
recurra a esa instancia y logre que dicte un laudo arbitral que le significó al
gobierno boliviano pagar 42,6 millones de dólares de indemnización a la firma
chilena, que no invirtió ni un millón de dólares.
El
Ciadi no estableció el monto por la inversión realizada, sino por la
‘compensación íntegra’, que incluye los recursos que recibiría en el tiempo de
la explotación.
Este
cuadro de situación fue ampliamente explicado por los ministros de Justicia y
Transparencia Institucional, Héctor Arce, y de Minería y Metalurgia, César
Navarro, en el acto interpelatorio que se realizó el miércoles en el hemiciclo
de la Cámara de Diputados y que tuvo como testigo, desde uno de los palcos, al
expresidente Carlos Mesa, principal involucrado en este caso.
Revocatoria
y auditorías
Cuando
concluyó la interpelación, Mesa dijo que en el caso Quiborax actuó con
“transparencia y honestidad”.
Sin
embargo, tal como demostraron con documentos ambos ministros, el exmandatario,
al decidir la revocatoria (Decreto Supremo 27589), no cumplió con la
legislación minera vigente porque dicha figura jurídica no estaba incluida.
Además,
no cumplió con realizar las seis auditorías establecidas en la Ley 2564 que él
promulgó el 9 de diciembre de 2003.
Las
auditorías técnica, jurídica, económica, regalitaria, sociolaboral y
medioambiental debían efectuarse en 60 días, del 9 de diciembre de 2003 hasta el
9 de febrero de 2004, y a partir de éstas determinar la nulidad de las
concesiones, con lo que se hubiese fundamentado la medida. Para rematar, Mesa
aprueba el DS 27326, el 27 de enero de 2004, que da 13 días para el
cumplimiento de las auditorías, cuando el plazo vencía el 9 de febrero.
Meses
después, el presidente Eduardo Rodríguez Veltzé, que sustituyó a Mesa después
de su renuncia, aprueba el DS 28527, el 16 de diciembre de 2005, que abroga el
DS 27589 de la revocatoria por “deficiencias jurídicas insubsanables”.
Todo
ese rosario de medidas fue aprovechado por Quiborax-NMM, que demostró que la
revocatoria, tal como explicó el ministro Arce, no se dio de conformidad a la
legislación boliviana ni del derecho internacional y fue discriminatoria porque
sólo afectó a Quiborax (chilena) y no a las demás.
Al
final, el Estado tuvo que cumplir con el laudo, caso contrario se venían
embargos a bienes y activos de Bolivia en el exterior, por lo que el daño
hubiese sido peor.
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