Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás
Además de
la ausencia de normas que regulen los casos de mala praxis médica en el país,
existen vacíos legales respecto a los aranceles que los galenos pueden cobrar a
sus pacientes, situación que previsiblemente va en desmedro de la economía de
los ciudadanos comunes y silvestres.
Por
ejemplo, debido a la ausencia de parámetros en esta materia que, de acuerdo con
la Ley 3131, deberían ser establecidos por el Ministerio de Salud, el Colegio
Médico de La Paz aprobó en 2016 su propio “tarifario”, según el cual la
consulta de un subespecialista puede costar hasta Bs 780, y la de un
especialista, hasta Bs 600. Esto sin contar el costo de los exámenes médicos.
Ahora
bien, justo es reconocer que no todos los especialistas llegan a cobrar cifras
tan elevadas, pero muchos sí lo hacen. Y para colmo de males, no son pocos los
galenos que pese a cobrar estos montos exorbitantes por cada consulta no logran
resolver las dolencias de sus pacientes, lo que los obliga a migrar a otros
centros de salud más baratos en busca de soluciones para las dolencias que los
aquejan, como bien ponen en relieve los testimonios publicados días atrás en
este diario.
Ante esta evidente situación de
desamparo, es de esperar que las autoridades del Ministerio de Salud redoblen
sus esfuerzos para regular, de una buena vez, no solamente los aranceles
médicos en el país, sino también los vacíos legales que impiden que las
personas que reciben servicios de salud deficientes puedan al menos recuperar
el dinero perdido.
Publicado en la editorial del periódico La
Razón 25 de septiembre
y Twitter: @escuelanfp
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