Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás
Por: Gonzalo
Pérez Bejar
El
informe de la Comisión Especial Mixta de Investigación de la Privatización y
Capitalización de la Asamblea Legislativa Plurinacional establece que entre los
años 1985 y 2005, cinco coaliciones de gobierno enajenaron al menos 212 empresas
públicas, tanto dependientes de los ministerios como de las prefecturas (por
entonces) y municipios en todo el país, lo que causó un daño económico de $us
10.049,08 millones ($us 22.015,11 millones equivalentes al tipo de cambio
actual).
El
detalle que brinda el informe señala que entre agosto de 1985 y junio de 2005
hubo cinco coaliciones de gobierno que estuvieron a cargo del manejo
administrativo y político de Bolivia.
Los
partidos que cogobernaron en estos cinco períodos de gobierno son: agosto de
1985-agosto de 1989 el MNR-ADN; la coalición de gobierno se denominó “Pacto por
la Democracia” y el presidente fue Víctor Paz Estenssoro (vicepresidente Julio
Garret Ayllón).
Entre
agosto de 1989 y agosto de 1993 fueron el MIR-ADN; la coalición de gobierno se
denominó “Acuerdo Patriótico” y el presidente fue Jaime Paz Zamora
(vicepresidente Luis Ossio Sanjinés).
El
tercer gobierno entre agosto de 1993 y agosto de 1997 estuvo compuesto por el
MNR-UCS-MBL; la colación se denominó “Pacto por la Gobernabilidad” y el
presidente fue Gonzalo Sánchez de Lozada (vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas).
Entre
agosto de 1997 y agosto de 2002 gobernaron ADN-MIR-UCS-Condepa; en esta
oportunidad la coalición de gobierno se llamó “Compromiso por Bolivia” y el
presidente fue Hugo Banzer Suárez (vicepresidente Jorge Quiroga Ramírez).
En
el quinto gobierno neoliberal entre agosto de 2002 y junio de 2005 (en 2003 se
produjo la masacre de octubre en El Alto) cogobernaron MNR-MIR-UCS-NFR; la
coalición se denominó “Plan Bolivia de Responsabilidad Nacional” y el
presidente fue Gonzalo Sánchez de Lozada (vicepresidente Carlos Mesa).
De
acuerdo con el informe, “los actores nacionales que implementaron la estrategia
de dominación y expansión de capital transnacional fueron partidos políticos
que operaron a través de pactos que activaron una forma peculiar de mediación
llamada ‘democracia pactada’, por la que cada gobierno conformaba determinada
coalición o pacto, en función de los partidos pivotes o sistémicos: MNR, ADN y
MIR”.
Mientras
ENFE, ENDE, YPFB, ENTEL y LAB fueron capitalizadas, ENDE, ENFE y YPFB fueron
sometidas a un fraccionamiento para su enajenación. En los casos de ENDE Y
YPFB, las fracciones no capitalizadas fueron privatizadas.
Normativa
La
base jurídica y legal de todo este proceso tuvo una estructura conexa y complementaria,
construida para favorecer a la política privatizadora, detalla el informe de la
comisión.
Entre
ellas está la Ley 1182 de Inversiones, del 17 de septiembre de 1990, y los
tratados bilaterales de inversión; la Ley 1330 de Privatización, del 24 de
abril de 1992, y la Ley 1554 de Capitalización, del 21 de marzo de 1994.
También
la Ley 1182 de Inversiones, que estableció las condiciones para estimular y
garantizar la inversión nacional y extranjera en el país, mediante un sistema
normativo ampliamente favorable al sector privado. Asimismo, se garantiza la
libertad de producción y comercialización de bienes y servicios en general, así
como la libre determinación de precios.
La
Ley 1330 de Privatización dispuso “la transparencia de activos, bienes, valores,
acciones y derechos de propiedad pública a personas naturales o colectivas,
nacionales o extranjeras, o aportar los mismos a la constitución de sociedades
de economía mixta o la disolución (cierre)”.
La
Ley 1544 de Capitalización dispuso
—refiere el documento— aportar los activos y derechos de las empresas públicas
“para la constitución de sociedades de economía mixta en base al valor de los
libros para proceder al incremento del capital con la emisión de nuevas
acciones equivalentes al 50%, donde la parte perteneciente al Estado se
transferiría gratuitamente a los bolivianos mayores de edad al 31 de diciembre
de 1995, a ser administrada en su fideicomiso, que posteriormente se entregaría
a las AFP”.
Normativas
que, según el texto, eran adecuadas de forma encubierta para entregar el
patrimonio de las empresas públicas a manos privadas transnacionales,
desapareciendo la sociedad de economía mixta y dando paso a la sociedad anónima
pura y simple sin participación estatal.
Estas
disposiciones legales fueron complementadas con otras como la Ley de Reforma
Tributaria 843 (20 de mayo de 1986), Ley de Seguridad Social 924 (14 de abril
de 1987), Ley de Bancos y Entidades Financieras 1488 (14 abril de 1993), Ley
del Sistema de Regulación Sectorial 1600 (28 de octubre de 1994), Ley de
Electricidad 1604 (21 de diciembre de 1994), Ley de Telecomunicaciones 1632 (5
de julio de 1995), Ley de Hidrocarburos 1689 (30 de abril de 1996), Ley de
Pensiones 1732 (29 de noviembre de 1996), Ley de Minería 177 (17 de marzo de
1997), Ley del Mercado de Valores 1834 (31 de marzo de 1998), Ley de Crédito
Popular 1864 (5 de junio de 1998), Ley de Reactivación Económica 2064 (3 de
abril de 2000) y Ley de Fortalecimiento de la Normativa y Supervisión
Financiera 2297 (20 de diciembre de 2001).
Perjuicio
económico
“El total del perjuicio económico ocasionado
al Estado por la enajenación fue de $us 10.049,08 millones, equivalentes a $us
22.051,70 millones actuales y al 105% del PIB del año 2005, cuando concluyó el
ciclo neoliberal y la enajenación de las empresas públicas”, detalla el
documento.
Para
lograr sus propósitos, los gobiernos neoliberales generaron redes de poder
político, empresarial y familiar, las cuales sostenían el modelo y gestionaban
la enajenación de las empresas y bienes públicos.
Esa
red —según indica el informe— estuvo integrada por 55 individuos y a su vez
consta de tres subredes.
La
primera tiene como principal actor a Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997;
2002-2003), la segunda subred fue articulada por Samuel Doria Medina (ministro
de Planeamiento y Coordinación, 1991-1993) y la tercera subred en torno a Raúl
Garáfulic Gutiérrez (ADN), embajador de Bolivia en España (1989-1992).
Para
los miembros de la comisión de investigación, el neoliberalismo significó,
además, la pérdida de soberanía y “la degradación del Estado a condición de
mendigo. Las autoridades de entonces expresaban una doble mentalidad colonial”.
Recomendaciones
Entre
las principales recomendaciones, la comisión pide que las diferentes instancias
de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) elaboren las proposiciones
acusatorias y denuncias en los casos que correspondan.
Para
tal efecto, el informe de la investigación, más anexos y documentación de
respaldo, será remitido al Ministerio Público, a la Procuraduría General del
Estado y la Contraloría General del Estado para su consideración.
También
pide que la ALP instruya a la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y
Defensa del Estado de la Cámara de Senadores, analizar y tramitar el expediente
345/2008, “correspondiente al requerimiento acusatorio del Fiscal General del
Estado contra Gonzalo Sánchez de Lozada, Víctor Hugo Cárdenas Conde, Antonio
José Araníbar Quiroga y otros, para la autorización de juicio de
responsabilidades en contra de altas autoridades del Estado, relacionadas con
la negociación de contratos petroleros con la empresa internacional Enron”.
Sonia
Brito y Romina Pérez, diputadas y miembros de la mencionada comisión,
coincidieron en señalar, por separado, que la enajenación de las empresas
estatales causó una millonaria pérdida de recursos.
Brito
aclaró que toda la información que se maneja está debidamente respaldada para
responder cada uno de los elementos que se mencionan.
Pérez
indicó que el millonario perjuicio debe ser atribuido a quienes estuvieron a
cargo de este proceso y por ello se pide a la Asamblea Legislativa elaborar el
pliego acusatorio contra quienes corresponda, de acuerdo con su participación.
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