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El fascismo está actuando en Santa Cruz, el gobierno debe investigar

Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás

Cinco gobiernos enajenaron 212 empresas y causaron un daño de $us 22.015 MM

Por: Gonzalo Pérez Bejar
El informe de la Comisión Especial Mixta de Investigación de la Privatización y Capitalización de la Asamblea Legislativa Plurinacional establece que entre los años 1985 y 2005, cinco coaliciones de gobierno enajenaron al menos 212 empresas públicas, tanto dependientes de los ministerios como de las prefecturas (por entonces) y municipios en todo el país, lo que causó un daño económico de $us 10.049,08 millones ($us 22.015,11 millones equivalentes al tipo de cambio actual).
El detalle que brinda el informe señala que entre agosto de 1985 y junio de 2005 hubo cinco coaliciones de gobierno que estuvieron a cargo del manejo administrativo y político de Bolivia.
Los partidos que cogobernaron en estos cinco períodos de gobierno son: agosto de 1985-agosto de 1989 el MNR-ADN; la coalición de gobierno se denominó “Pacto por la Democracia” y el presidente fue Víctor Paz Estenssoro (vicepresidente Julio Garret Ayllón).
Entre agosto de 1989 y agosto de 1993 fueron el MIR-ADN; la coalición de gobierno se denominó “Acuerdo Patriótico” y el presidente fue Jaime Paz Zamora (vicepresidente Luis Ossio Sanjinés).
El tercer gobierno entre agosto de 1993 y agosto de 1997 estuvo compuesto por el MNR-UCS-MBL; la colación se denominó “Pacto por la Gobernabilidad” y el presidente fue Gonzalo Sánchez de Lozada (vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas).
Entre agosto de 1997 y agosto de 2002 gobernaron ADN-MIR-UCS-Condepa; en esta oportunidad la coalición de gobierno se llamó “Compromiso por Bolivia” y el presidente fue Hugo Banzer Suárez (vicepresidente Jorge Quiroga Ramírez).
En el quinto gobierno neoliberal entre agosto de 2002 y junio de 2005 (en 2003 se produjo la masacre de octubre en El Alto) cogobernaron MNR-MIR-UCS-NFR; la coalición se denominó “Plan Bolivia de Responsabilidad Nacional” y el presidente fue Gonzalo Sánchez de Lozada (vicepresidente Carlos Mesa).
De acuerdo con el informe, “los actores nacionales que implementaron la estrategia de dominación y expansión de capital transnacional fueron partidos políticos que operaron a través de pactos que activaron una forma peculiar de mediación llamada ‘democracia pactada’, por la que cada gobierno conformaba determinada coalición o pacto, en función de los partidos pivotes o sistémicos: MNR, ADN y MIR”.
Mientras ENFE, ENDE, YPFB, ENTEL y LAB fueron capitalizadas, ENDE, ENFE y YPFB fueron sometidas a un fraccionamiento para su enajenación. En los casos de ENDE Y YPFB, las fracciones no capitalizadas fueron privatizadas.
Normativa
La base jurídica y legal de todo este proceso tuvo una estructura conexa y complementaria, construida para favorecer a la política privatizadora, detalla el informe de la comisión.
Entre ellas está la Ley 1182 de Inversiones, del 17 de septiembre de 1990, y los tratados bilaterales de inversión; la Ley 1330 de Privatización, del 24 de abril de 1992, y la Ley 1554 de Capitalización, del 21 de marzo de 1994.
También la Ley 1182 de Inversiones, que estableció las condiciones para estimular y garantizar la inversión nacional y extranjera en el país, mediante un sistema normativo ampliamente favorable al sector privado. Asimismo, se garantiza la libertad de producción y comercialización de bienes y servicios en general, así como la libre determinación de precios.
La Ley 1330 de Privatización dispuso “la transparencia de activos, bienes, valores, acciones y derechos de propiedad pública a personas naturales o colectivas, nacionales o extranjeras, o aportar los mismos a la constitución de sociedades de economía mixta o la disolución (cierre)”.
La Ley 1544 de Capitalización  dispuso —refiere el documento— aportar los activos y derechos de las empresas públicas “para la constitución de sociedades de economía mixta en base al valor de los libros para proceder al incremento del capital con la emisión de nuevas acciones equivalentes al 50%, donde la parte perteneciente al Estado se transferiría gratuitamente a los bolivianos mayores de edad al 31 de diciembre de 1995, a ser administrada en su fideicomiso, que posteriormente se entregaría a las AFP”.
Normativas que, según el texto, eran adecuadas de forma encubierta para entregar el patrimonio de las empresas públicas a manos privadas transnacionales, desapareciendo la sociedad de economía mixta y dando paso a la sociedad anónima pura y simple sin participación estatal.
Estas disposiciones legales fueron complementadas con otras como la Ley de Reforma Tributaria 843 (20 de mayo de 1986), Ley de Seguridad Social 924 (14 de abril de 1987), Ley de Bancos y Entidades Financieras 1488 (14 abril de 1993), Ley del Sistema de Regulación Sectorial 1600 (28 de octubre de 1994), Ley de Electricidad 1604 (21 de diciembre de 1994), Ley de Telecomunicaciones 1632 (5 de julio de 1995), Ley de Hidrocarburos 1689 (30 de abril de 1996), Ley de Pensiones 1732 (29 de noviembre de 1996), Ley de Minería 177 (17 de marzo de 1997), Ley del Mercado de Valores 1834 (31 de marzo de 1998), Ley de Crédito Popular 1864 (5 de junio de 1998), Ley de Reactivación Económica 2064 (3 de abril de 2000) y Ley de Fortalecimiento de la Normativa y Supervisión Financiera 2297 (20 de diciembre de 2001).
Perjuicio económico
 “El total del perjuicio económico ocasionado al Estado por la enajenación fue de $us 10.049,08 millones, equivalentes a $us 22.051,70 millones actuales y al 105% del PIB del año 2005, cuando concluyó el ciclo neoliberal y la enajenación de las empresas públicas”, detalla el documento.
Para lograr sus propósitos, los gobiernos neoliberales generaron redes de poder político, empresarial y familiar, las cuales sostenían el modelo y gestionaban la enajenación de las empresas y bienes públicos.
Esa red —según indica el informe— estuvo integrada por 55 individuos y a su vez consta de tres subredes.
La primera tiene como principal actor a Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997; 2002-2003), la segunda subred fue articulada por Samuel Doria Medina (ministro de Planeamiento y Coordinación, 1991-1993) y la tercera subred en torno a Raúl Garáfulic Gutiérrez (ADN), embajador de Bolivia en España (1989-1992).
Para los miembros de la comisión de investigación, el neoliberalismo significó, además, la pérdida de soberanía y “la degradación del Estado a condición de mendigo. Las autoridades de entonces expresaban una doble mentalidad colonial”.
Recomendaciones
Entre las principales recomendaciones, la comisión pide que las diferentes instancias de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) elaboren las proposiciones acusatorias y denuncias en los casos que correspondan.
Para tal efecto, el informe de la investigación, más anexos y documentación de respaldo, será remitido al Ministerio Público, a la Procuraduría General del Estado y la Contraloría General del Estado para su consideración.
También pide que la ALP instruya a la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa del Estado de la Cámara de Senadores, analizar y tramitar el expediente 345/2008, “correspondiente al requerimiento acusatorio del Fiscal General del Estado contra Gonzalo Sánchez de Lozada, Víctor Hugo Cárdenas Conde, Antonio José Araníbar Quiroga y otros, para la autorización de juicio de responsabilidades en contra de altas autoridades del Estado, relacionadas con la negociación de contratos petroleros con la empresa internacional Enron”.
Sonia Brito y Romina Pérez, diputadas y miembros de la mencionada comisión, coincidieron en señalar, por separado, que la enajenación de las empresas estatales causó una millonaria pérdida de recursos.
Brito aclaró que toda la información que se maneja está debidamente respaldada para responder cada uno de los elementos que se mencionan.
Pérez indicó que el millonario perjuicio debe ser atribuido a quienes estuvieron a cargo de este proceso y por ello se pide a la Asamblea Legislativa elaborar el pliego acusatorio contra quienes corresponda, de acuerdo con su participación.

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