Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás
Por: Marco Teruggi
Crear condiciones, medir consensos, pasar al acto. Esa secuencia está en
desarrollo y tiene problemas que son tapas de diario. La cuestión Venezuela ha
ingresado en una zona de tensión donde los filos de las palabras son el terreno
público de los desacuerdos que existen tras las puertas. En términos
sintetizados: intervención si o no, qué tipo de acción, quiénes a la cabeza.
Las condiciones están en construcción permanente desde hace años.
Funciona al igual que el ataque sobre la economía: cada más fuerza, volumen,
actores. El epicentro de la matriz se ha centrado en la crisis
humanitaria/éxodo/violación de derechos humanos. La multiplicación y
posicionamiento diario de este imaginario se ha hecho a través de grandes
medios de comunicación, presidentes y diversos funcionarios de gobiernos de
derecha, organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales.
Apuntan y disparan de manera coordinada palabras claves, acompañadas de
imágenes, relatos. Se trata de convencer que Venezuela es una dictadura que se
niega a recibir ayuda humanitaria y crea pobreza como parte de su plan de
control político. Esa construcción tiene tiempo y estamos en una nueva etapa:
el post 20 de mayo, fecha a partir de la cual el abanico de gobiernos
articulado contra Venezuela no reconoce al presidente como legítimo.
El objetivo es generar el punto de apoyo que justifique nuevas acciones
en los pasillos donde se toman decisiones y en la opinión pública. Ataques
sobre la economía, de manera a presionar con un bloqueo creciente, y sobre lo
internacional, como el intento, por ejemplo, de llevar a Nicolás Maduro a la
Corte Penal Internacional, una acción que los cancilleres de Argentina, Perú,
Chile, Colombia y Paraguay buscarán activar desde la asamblea general de
Naciones Unidas. Es parte del plan, lo esperable, los velos caídos. Para
algunos no es suficiente: si esto es una dictadura entonces se debe recurrir a
otras vías. Allí los consensos que no alcanzan, las disputas sobre objetivos y
métodos.
La frontera entre Colombia y Venezuela a la altura de Cúcuta se ha
vuelto epicentro de actuaciones y anuncios. Desde ahí el secretario de la
Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, afirmó que no se debía
descartar ninguna opción contra Venezuela, incluyendo la “intervención militar
para derrocar al régimen de Nicolás Maduro”. Ante esa afirmación el Grupo de
Lima, que agrupa los países del continente que encabezan las acciones contra
Venezuela, manifestó su “rechazo ante cualquier curso de acción o declaración
que implique una intervención militar o el ejercicio de la violencia, la
amenaza o el uso de la fuerza en Venezuela”.
El mismo Almagro afirmó luego que sus palabras habían sido
malinterpretadas, que su mensaje era “integralmente de no violencia”. Cruzó una
línea que no tiene consenso. La misma tensión había ocurrido el año pasado
cuando luego del anuncio de Donald Trump de no descartar una intervención
militar contra Venezuela, varios presidentes del continente, como el entonces
mandatario de Colombia, Juan Manuel Santos, tuvieron que despegarse
públicamente de esa posibilidad.
Es justamente en Colombia donde esa situación quedó expuesta. El
gobierno no firmó el mencionado comunicado del Grupo de Lima, luego el
embajador de Colombia ante los Estados Unidos (EEUU) afirmó que, refiriéndose a
Venezuela, “todas las opciones deben ser consideradas”, y el presidente Iván
Duque declaró: “Me reafirmo: esto no es un espíritu belicista”, en una
continuidad de su declaración anterior, donde había dio no ser “patrocinador de
intervenciones militar”. Líneas cruzadas, dichos y desmentidas, una evidencia
de falta de consenso público, y, sobre todo, de acuerdo interno.
Ese escenario debe rastrearse hasta su punto decisorio: los EEUU. Es
allí donde tomó luz pública las divisiones respecto a las vías a seguir contra
Venezuela. El periódico New York Time (NYT) quien destapó/señaló a la
administración de Trump de estar reunida con sectores golpistas, y luego, en
una editorial, se posicionó en contra de una intervención armada contra
Venezuela. No solamente quedó expuesta el plan intervencionista de un sector
del gobierno de Trump, sino también las disputas internas, y con demócratas.
Los artículos del NYT se dieron luego de un alzamiento verbal
pro-intervencionista, encarnado entre otros por el senador norteamericano Marco
Rubio, y a poco de las elecciones legislativas y de gobernadores del mes de
noviembre. La posición del NYT expresó la mirada del sector que sostiene que
las acciones contra Venezuela -que también califican de dictadura- deben
centrarse en lo económico, diplomático, en el plan de colapso.
La hipótesis de la intervención militar se debilita sin acuerdo en los
EEUU ni en Colombia. Su implementación no depende de la derecha venezolana que
atraviesa un momento de debilidad profunda, y que, según el mismo artículo del
NYT es poco confiable -en referencia a quienes conversaban con el gobierno de
Trump para lograr el asalto-. La oposición sabe que depende del frente
internacional, pero no tiene acuerdo interno acerca del camino a seguir, como
lo expresó J.J Rendón en una reciente entrevista, donde afirmó que la única
posibilidad de derrocar al gobierno de Maduro es a través de una intervención
-según él sería quirúrgica, limpia, veloz.
La realidad no sería esa, y abrir un escenario de intervención trae
aparejada varias preguntas. En primer lugar, la conveniencia en la misma lógica
del conflicto: un cuadro de caotización prolongado favorece a la estrategia de
mediano plazo en la lógica de reconfiguración de territorios y sujetos, y a
quienes se enriquecen con el contrabando de extracción, o con el negocio de la
crisis humanitaria. El embajador de EEUU en Colombia, Kevin Whitaker, afirmó
que el director de la Usaid -Agencia para el Desarrollo Internacional de EEUU, dependiente
del Departamento de Estado- firmó un memorando para llegar a un total de 60
millones de dólares a Colombia para hacer frente a la inmigración venezolana.
Esa es solamente una de las fuentes de financiamiento.
Almagro subrayó desde Cúcuta la necesidad de “captar recursos
adicionales, nuevos, que significan un aporte financiero a este proceso, este
proceso requiere muchísimos recursos”, y el canciller colombiano, Carlos Holmes
Trujillo, pidió ante la ONU “un fondo humanitario de emergencia para fortalecer
la capacidad presupuestal”.
Cada acción presentada como bienintencionada es dinero, como los más de
tres mil dólares iniciales pagados a cada médico integrante de los Cascos
Blancos enviados desde Argentina a Cúcuta, financiados por el gobierno argentino,
operado a través de un seguro de salud privado -la carpa de Cascos está
actualmente cerrada, según informaciones en el terreno, debido a que el
gobierno colombiano no puso los insumos y el dinero para las derivaciones al
hospital de primer nivel.
En segundo lugar, la pregunta es cuál sería la vía para esa acción de
fuerza que buscaría un desenlace. La hipótesis más probable es que el
territorio a través del cuál detonaría sería Colombia. Whitaker, ante la
pregunta de si EEUU apoyaron a Colombia ante una “agresión militar venezolana”
respondió que el presidente Duque y el secretario de Defensa de los EEUU, James
Mattis, discutieron el tema recientemente, y que “Colombia puede contar con
nosotros”. En esa línea de construcción de escenario se enmarcan las recientes
denuncias del gobierno colombiano acerca de la supuesta incursión -negada por
Venezuela- de veinte miembros de la Guardia Nacional Bolivariana en Colombia.
Crear condiciones, traspasar consensos y dar marcha atrás, habituar a
imaginarios de frontera y enfrentamientos, esa dinámica está instalada,
acelerada, es pública con una evidencia frontal. Los sectores que planifican
acciones como las del magnicidio frustrado continúan sus planes, y un nuevo
episodio de esas características no debe sorprender. Una resolución a favor de
una intervención conducida abiertamente a través de Colombia, manejada por los
EEUU, acordada en ambos frentes internos, parece en cambio más lejana. ¿Es
necesaria una acción de esa naturaleza de resolución incierta y alto costo
político? Los métodos para la fuerza seguramente serán por otros caminos, las
formas de la guerra mutan.
Síguenos en Facebook: Escuela Nacional de Formacion Politica
y Twitter: @escuelanfp
Comentarios
Publicar un comentario
Escriba sus comentarios