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El fascismo está actuando en Santa Cruz, el gobierno debe investigar

Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás

La amnesia es su juego



Por: Manual Morales

La convocatoria está abierta, es pública y casi desesperada. Si eres víctima de las dictaduras militares, puedes acercarte a las oficinas de la Comisión de la Verdad y entregar tu testimonio. Y digo si eres, porque la humillación y el terror no cesarán jamás. Tu sufrimiento tiene una oportunidad —tal vez la última— de ser útil.

Están en investigación los crímenes y delitos ocurridos en el país entre 1964 y 1982. Dieciocho años en que los dictadores militares ejecutaron órdenes de exterminio de todo lo que podía oler o parecer comunismo. Y lo hicieron con las armas más sucias: golpes de Estado, estados de sitio, toques de queda, ejecuciones, allanamientos ilegales, robos, torturas, violaciones de mujeres y hombres, detenciones y confinamientos en cárceles y regiones insalubres, exilios y desapariciones forzadas.

Los dictadores tomaron sus previsiones. Había que dispersar las responsabilidades por el horror. Crearon grupos paramilitares, contrataron mercenarios (criollos y extranjeros) y asesinos de cártel, como el nazi Klaus Barbie Altmann, entre otros, para dar cátedra en aplicación de sufrimiento y exterminio. No fue suficiente la asesoría de la CIA y de los Rangers estadounidenses; necesitaron más refinamientos. En la Argentina idearon colocar a quienes parecían izquierdistas dentro de turriles con cemento fresco, subirlos a un avión y lanzarlos vivos al mar. También aprendieron a tener paciencia para esperar que las embarazadas dieran a luz, antes de asesinarlas y luego dar a sus hijos en adopción.

Hace aproximadamente 15 años, la Policía Boliviana abrió un museo en una de sus instalaciones, a una cuadra de la plaza Murillo. Uno de los objetos expuestos era una picana eléctrica, con un letrero explicativo que decía algo así como “Donación del Gobierno amigo de los Estados Unidos”. El imperio nos regaló máquinas para meter electricidad a vaginas y testículos. He vuelto varias veces a aquel museo, pero la donación del hermano Gobierno de Estados Unidos ya no está a la vista. La Comisión de la Verdad debería reclamar esa grotesca prueba y exhibirla en una plaza pública con el mismo rótulo que le pusieron los policías. 

Las víctimas, los sobrevivientes están convocados a ayudar con sus recuerdos. E incluso también los torturadores. Mario Benedetti solía decir que si un torturador se suicida no resuelve nada, pero algo es algo. También están convocados quienes escucharon, se enteraron, fueron testigos del sufrimiento ajeno. 

La Asociación de Familiares, Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (Asofamd) reconoce como incompleta una lista de 76 personas desaparecidas y 81 asesinadas durante los siete años que duró la dictadura de Hugo Banzer Suárez; entusiasta protagonista del Plan Cóndor, diseñado por los regímenes militares de Brasil, Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay con la CIA para aniquilar a la izquierda en el continente.
Una investigación de la carrera de Historia de la Universidad Mayor de San Andrés identificó, con nombres y apellidos, a 627 personas asesinadas durante los 18 años de dictaduras militares en Bolivia. Otras investigaciones estiman en más de 5.000 las personas detenidas y torturadas, y en más de 20.000 las que sufrieron exilio.

Las víctimas y su memoria provocan pánico entre los torturadores y dictadores. Por eso Banzer y Luis García Meza nunca dieron pistas del paradero de los desaparecidos. La coartada leguleyesca dice que si no hay cuerpo del delito, no hay delito. Ése es su juego.

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