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El fascismo está actuando en Santa Cruz, el gobierno debe investigar

Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás

La potencia revolucionaria del 17 de octubre de 2003

Por: Eduardo Paz Rada
La característica central de un hecho revolucionario, como el producido hace 15 años en Bolivia, el 17 de octubre, es que su impacto y repercusiones alcanzan las siguientes décadas y generaciones, sobre todo porque se trata de un momento constitutivo protagonizado por las fuerzas nacionales y populares que derrotaron política, social y militarmente al sistema de partidos tradicionales, a los agentes del neoliberalismo y a los intereses del imperialismo y la oligarquía que habían destrozado el país durante los anteriores 20 años.
El símbolo de las miles de fogatas nocturnas en los barrios alteños con el pueblo velando armas, el cerco, asedio y posterior toma de las ciudades de La Paz y El Alto por el pueblo movilizado desde el día 8, la quema de las oficinas partidarias y la negativa militar a seguir masacrando culminó con la vergonzosa huida de Gonzalo Sánchez de Lozada la tarde del viernes 17 de octubre, cerrando así las jornadas de lucha y abriendo un nuevo proceso histórico.
El saldo fue de 70 muertos, centenares de heridos, el protagonismo del pueblo y la derrota del proyecto político neoliberal y conservador, abriendo el nuevo cauce político-social que tendrá dos años de transición con la pugna de dos fuerzas definidas: la de los partidos tradicionales acorralados en el Parlamento y en el Palacio de Gobierno, donde se mantuvo primero Carlos Mesa y después Eduardo Rodríguez, por una parte, y la de los movimientos sociales y populares vigilantes en las calles y los caminos de todo el país, por otra.
El resultado de las jornadas de lucha se expresó en la agenda de octubre, un sencillo y profundo programa estratégico destinado a desmontar el poder económico y político de las oligarquías locales y el imperialismo. Establecía, por una parte, la nacionalización de los hidrocarburos que se encontraban bajo propiedad de las transnacionales gracias a las reformas neoliberales, su industrialización y la utilización del gas para el consumo interno de las familias bolivianas; y, por otra, la convocatoria a una Asamblea Constituyente que transforme el orden estatal e institucional con la participación directa de las organizaciones populares.
La ocupación neoliberal-imperialista
La democracia —que había sido conquistada por la resistencia de las luchas populares y sindicales a las dictaduras de los generales Hugo Banzer (1971-1978) y Luis García Meza y Celso Torrelio (1980-1982)— fue apropiada por los partidos tradicionales, especialmente el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Acción Democrática Nacionalista (ADN) y Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), que se convirtieron en los representantes políticos de la nueva rosca formada por transnacionales, banqueros, terratenientes, empresarios de minas y grandes importadores y exportadores.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), bajo el control del imperialismo norteamericano y su embajada, van a aplicar las recetas neoliberales con las reformas de ajuste estructural y el libremercado, provocando la masacre blanca de los trabajadores, el aumento acelerado de la desocupación y la migración, el empobrecimiento y marginación de millones de familias, la enajenación y privatización de los recursos naturales estratégicos y de las empresas estatales, y la exportación de la riqueza y los excedentes económicos.
Los sindicatos y la Central Obrera Boliviana (COB) fueron prácticamente aniquilados con la desindustrialización y el despido masivo de mineros, fabriles y otros sectores de trabajadores que pasaron a realizar actividades informales de pequeño comercio y servicios o se convirtieron en colonizadores en las zonas orientales y en las de potencial de producción de la hoja de coca. Por otra parte, la salud, la educación y los servicios básicos de agua, energía, comunicaciones y otros se fueron privatizando, lo que afectó a la mayoría de la población.
El sistema político de la llamada gobernabilidad no era sino un pacto de partidos y empresarios para controlar las decisiones de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en tanto que los medios de comunicación de prensa escrita y televisión, además de los sectores de intelectuales de “izquierda” se convirtieron en los voceros ideológicos del proyecto antinacional, buscando legitimar una democracia neoliberal que además paulatinamente se convirtió en un taller de corrupción institucionalizada.
Consecuencias del levantamiento nacional-popular
La acumulación social y política del movimiento nacional-popular se fue convirtiendo en una fuerza organizada a través de los movimientos sociales presentes en la ‘guerra del agua’ del año 2000 en Cochabamba que impidieron su privatización, en la lucha por la tierra y el territorio de los años 2001 y 2002, y en la ‘guerra del gas’ de 2003, y se consolidó con la formación del Pacto de Unidad constituido por las organizaciones campesinas, colonizadoras, mujeres campesinas y pueblos indígenas del oriente y occidente de Bolivia, con la presencia de las juntas vecinales del movimiento urbano popular y el renacimiento de la COB y los sindicatos.
Evo Morales Ayma —quien se había destacado por la defensa de la coca y la lucha antiimperialista en el Parlamento— y el Movimiento Al Socialismo (MAS) canalizaron y articularon las luchas sociales y se convirtieron en el referente político de las fuerzas populares y los movimientos sociales. Su accionar en el Legislativo y en las calles y los caminos marcó la agenda de transición hasta las elecciones de diciembre de 2005.
En éstas el MAS consiguió una votación récord del 54%, posesionando a Evo Morales Ayma como presidente y a Álvaro García Linera como vicepresidente el 22 de enero de 2006, quienes desde el gobierno avanzaron en el cumplimiento de la agenda de octubre. Una vez posesionado el gabinete y adoptado medidas preventivas en los altos mandos militares se fue construyendo una democracia nacional-popular y participativa, orientada por la Revolución Democrática y Cultural para fundamentar las transformaciones en el país. El contexto regional fue muy favorable, tomando en cuenta las posiciones integracionistas, latinoamericanistas y nacionalistas de los gobiernos de Chávez en Venezuela, Lula da Silva en Brasil, Castro en Cuba, Kirchner en Argentina y luego Mujica en Uruguay, Correa en Ecuador, Ortega en Nicaragua, desafiando las políticas hegemónicas de Estados Unidos.
Nacionalización del gas y Asamblea Constituyente
La primera medida trascendental fue la nacionalización de los hidrocarburos el 1 de mayo de 2006, con la toma militar de los campos gasíferos de Petrobras, Total de Francia, Repsol de España y British de Inglaterra, con la presencia de Evo Morales, Álvaro García y el ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada, primero en los pozos de producción y después en los balcones del Palacio de Gobierno, donde el pueblo celebró la medida. De esta manera se recuperó la renta gasífera, lo que permitió la solidez de la economía nacional y la redistribución social de los excedentes en los últimos 12 años.
La siguiente medida fue la convocatoria y realización de la Asamblea Constituyente, que de 2006 a 2008 aprobó un nuevo orden político, social, económico, cultural e institucional, consolidado por un referendo popular; se incorporaron las demandas de octubre de 2003 y se estableció el Estado Plurinacional de Bolivia, incluso el Gobierno tuvo que expulsar por injerencia directa al embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg. Morales ganó luego las elecciones de 2009 con el 64% de votos y las de 2014 con el 61% de votos.
Octubre de 2003 representa, por tanto, el momento clave de la transformación de Bolivia, que pasó de una democracia neoliberal a una de liberación nacional, de una economía sometida al FMI y el BM a una economía soberana e independiente, y de una sociedad empobrecida, discriminada y excluida a una con dignidad y orgullo patriótico.

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