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El fascismo está actuando en Santa Cruz, el gobierno debe investigar

Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás

(Casi) todo el problema fue comunicacional


Por: Verónica Rocha Fuentes
Cuando despertó, su militancia estaba ahí. Así, de la manera más monterrosiana posible arrancamos esta semana. Como muchos bolivianos, me tomé con el trago amargo de saberme militante de un partido que recién en abril obtuvo su personería jurídica. Es comprensible; la sensación de manipulación y estafa está ahí. Así como también está la mucha y escandalosa desinformación, que —caos e indignación de por medio— no ha podido ser revertida. Ya sea por omisión de quienes estamos convocados a brindarla y procesarla (TSE y medios), o por la reacción de quienes deberían recibirla (la ciudadanía).
Si bien en las últimas horas se ha revelado que el ente electoral no filtró el padrón de militantes antes de hacerlo público con el ánimo de que la ciudadanía colabore con este proceso, ha quedado en mayor evidencia que esta acción no llegó acompañada, hasta ahora, de un efectivo plan de comunicación; lo que a su vez ha generado incertidumbre en la ciudadanía. No hay peor medida de gestión pública que aquella que no se informa, más aun cuando involucra intereses (¡datos!) de la ciudadanía de manera tan directa.  
Suponiendo la buena fe con la que se tomó la decisión de abrir el registro de militantes, es preciso poner sobre la mesa cierta información para entender mejor lo que ha ocurrido durante toda la semana. El padrón electoral biométrico de votantes es algo totalmente distinto al padrón de militantes. Nunca antes ha existido un padrón de militantes, es la primera vez que tanto el OEP como la ciudadanía estamos conociéndolo.
La realización de primarias es lo que genera la necesidad de contar con un padrón de militantes. Y su conformación es una actividad planificada y hecha pública en el marco del calendario electoral; así como la consulta de la ciudadanía para que colabore en este proceso. El marco legal con el que se recogió buena parte de la información hecha pública fue transitorio (existe un reglamento transitorio para ello, que duró un mes y que fue derogado el 1 de noviembre). Otra parte del registro estuvo enmarcado en la antigua Ley de Partidos Políticos y sus reglamentos (en uno de ellos de 2007 sigue vigente).
La información hecha pública data desde 1991 hasta agosto de 2018, y hace referencia al registro de 1,2 millones de militantes. Aún falta incluir información de los últimos meses de este año, la cual, producto de la movilización partidaria impulsada precisamente por las primarias, suma cerca de 1 millón de registros, que serán añadidos a esta base de datos. De acuerdo con el calendario electoral, hasta el 13 de diciembre debería contarse con el primer padrón de militantes consolidado en el país. Y después de esa fecha no podrá hacer cambios al padrón, razón que explica por qué se tomó la decisión de “abrirlo” ahora.  
Dadas ciertas certidumbres que terminan de dibujar el complejo panorama, se hace más que necesario que el OEP no se enfrente al sistema partidario, culpándolo de registros de militancia fraudulentos (aunque ciertamente sea responsabilidad de las organizaciones políticas tal adulteración). Más bien debería hacer un mea culpa por no haber podido comunicar/publicitar adecuadamente las dificultades que implican conformar un padrón de más de 2 millones de militantes. Asimismo, debería retomar su obligación de informar pedagógicamente sobre temas electorales, con el fin de dar certidumbre a nuestra democracia.

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