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El fascismo está actuando en Santa Cruz, el gobierno debe investigar

Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás

Se viabilizan las elecciones


Por: Alfredo Rada Vélez
Hace apenas unos meses las fuerzas políticas–gubernamentales y de oposición– parecían dirigirse hacia una confrontación social riesgosa para la estabilidad democrática del país.  Acicateadas por el resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016, las más radicales tendencias contrarias al gobierno de Evo Morales hicieron suyo el siguiente discurso: “Bolivia es hoy una dictadura, no hay división ni separación de poderes, no hay vigencia del Estado de Derecho, no hay posibilidades de elecciones libres”.
¿Quién es el autor de estas afiebradas expresiones?, Carlos Sánchez Berzaín, nada menos que exministro de Defensa en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y como tal coautor del genocidio de octubre de 2003 en la ciudad de El Alto.
El año pasado resurgieron algunos comités cívicos (siendo el más importante el de Santa Cruz) que desde el año 2009 habían perdido protagonismo luego de que su gran bandera –la autonomía– quedó incorporada a plenitud en la nueva Constitución Política del Estado. Como resultado del activismo digital en las redes sociales, aparecieron las denominadas plataformas ciudadanas, muchas de las cuales ocultaron sus vínculos con los partidos políticos de derecha.
En un ambiente político que parecía crisparse se conformaron colectivos autodenominados de defensa de la democracia. No faltaron analistas que hablaban del “fin del ciclo de los movimientos sociales”, del inicio de un “proceso de transición desde un gobierno autoritario hacia otro democrático”, hasta llegaron a acuñar un concepto tan pretencioso como insustancial: “posevismo”.
A la par que crecían las tendencias contrarias al proceso de cambio de carácter regresivo, la vitalidad de los movimientos sociales comenzó a desplegarse en su capacidad de cohesión unitaria, en su incidencia programática y en sus acciones de masas.
En este tiempo la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) se fortaleció en sus tres vertientes: la obrera sindical articulada en la Central Obrera Boliviana (COB), la del Pacto de Unidad campesino indígena originario, y la de los sectores urbanos populares (gremialistas, transportistas, juntas vecinales y juntas escolares).
No han faltado los intentos divisionistas de este bloque social revolucionario; el más grave fue el del ex dirigente Guido Mitma, cuya errática conducción fue derrotada en el Congreso de la COB efectuado en la ciudad de Santa Cruz, en febrero de 2018. Allí se ratificó la tesis política que plantea la profundización del proceso de cambio desde los movimientos sociales hacia la construcción del socialismo comunitario. Hace unos días escuché al compañero Hugo Moldiz afirmar que la Conalcam no logra aportar ideológicamente al proceso de cambio; si leyera la mencionada tesis política se daría cuenta de lo equivocado que está.
La incidencia política de los movimientos sociales se puede ver en varias medidas de gobierno, como por ejemplo el paquete agrario promulgado el 2 de agosto en Yapacaní, el fondo de jubilación para los choferes, la ley de empresas sociales favorable los trabajadores, la actualización de los valores del régimen tributario simplificado para los gremialistas. También se nota en la construcción participativa de la reforma de salud, debatida en los encuentros sociales que concluyeron hace tres semanas.
Este período histórico, que arranca el año 2000 con la guerra del agua en Cochabamba y que se prolonga hasta la actualidad, será recordado como el de mayor movilización de masas que con este método configuraron una democracia de alta intensidad (combinación de representativa, participativa y comunitaria) como es la boliviana.
Sostengo que este potencial transformador –todavía no agotado– de los movimientos sociales, es ignorado por la mayoría de analistas que no entienden cómo un proceso de cambio y su liderazgo, a los que desahuciaron prematuramente, se recompone una y otra vez. Es curioso cómo, en cuestión de meses, estos apóstoles del antievismo pasaron del optimismo más desbordante a la preocupación más severa, conforme se va consolidando la candidatura de Evo Morales.
Y acá dos apuntes sobre la coyuntura electoral. La derecha (sí señor, la derecha, aunque Carlos Mesa quiera confundir afirmando que es un anacronismo) no tuvo la capacidad para manejar los tiempos políticos, que se aceleraron una vez aprobada la nueva “Ley de organizaciones políticas”.
Por su parte, las plataformas ciudadanas, que aseguraron que sólo se habían organizado para la defensa del 21F, se dividieron entre “radicales” y “electoralistas”; las primeras impulsando acciones de calle y paros cívicos, las segundas optando pragmáticamente por el apoyo a alguna candidatura. En el camino fueron abandonando su discurso de renovación de la política, pues a los que apoyan son los mismos viejos representantes de la política tradicional, que fueron parte de los gobiernos neoliberales, como el propio Carlos Mesa, vicepresidente de Sánchez de Lozada y que compartió el gabinete con Sánchez Berzaín.
El segundo apunte tiene que ver con el fracaso de los intentos unitarios de la oposición, que se inscribieron divididos en dos bandos: Mesa-Revilla por una parte, Doria Medina-Costas por otra. Esto no significa que más adelante, ante el fortalecimiento de la izquierda y los movimientos sociales, terminen juntándose; pero ante la ciudadanía ya demostraron que no tienen un proyecto común que ofrecerle al país, que sus diferencias son de fondo y que cualquier espacio político no bastará para tanto ego.
El registro de alianzas sumado a la próxima inscripción de candidaturas para las elecciones primarias a celebrarse el 27 de enero de 2019, allanan el camino rumbo a las elecciones generales. Y está muy bien que así sea porque la forma de dirimir las diferencias en democracia es a través de las urnas.
Será una campaña bastante larga y habrá tres factores definitorios: 1) La presencia política territorial en los nueve departamentos del país, aspecto en que el Movimiento al Socialismo (MAS) tiene ventaja, 2) La solidez de las coaliciones de sectores sociales que respalden los proyectos y las candidaturas, aspecto en que también el MAS lleva la delantera y que es también un factor que tiene que ver con la gobernabilidad, y 3) La presencia y el activismo en redes sociales, que es en lo que la derecha ha trabajado más intensamente en los últimos años, pero en el que la izquierda también está logrando avances que reconfiguran la denominada guerra digital.
Ministro de la Presidencia


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