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El fascismo está actuando en Santa Cruz, el gobierno debe investigar

Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás

Miedo al diferente



Los datos evidencian la dureza de las condiciones a las que son sometidas las personas TLGB.
Un estudio sobre las condiciones de vida que afrontan las personas con identidades sexuales diversas, colectivo humano conocido como LGBTI (lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales) arroja un preocupante dato: casi cuatro de cada diez han sufrido violencia física solo por su orientación de género y sexual; y hay varias otras formas de violencia que les afectan.
El estudio, titulado Diagnóstico de la situación de las poblaciones TLGB con énfasis en mujeres lesbianas, bisexuales, transgénero y transexuales femeninas en Bolivia, revela que “el 37% de las personas encuestadas ha sido víctima de violencia física y el 39% ha sufrido violencia psicológica en espacios públicos.
La investigación, realizada el segundo semestre de 2018, aplicando de manera combinada una encuesta a personas de la población estudiada de entre 18 y 36 años, entrevistas e historias de vida, ha servido para identificar que la mayor proporción de agresores está entre los varones heterosexuales. Asimismo, se identifica que policías, militares y fundamentalistas religiosos son quienes más ejercen la violencia y la discriminación. 
También se evidencia que la violencia y las diferentes formas de discriminación no solo se ejercen en ámbitos públicos, sino también en el hogar, donde los propios familiares intentan transformar las inclinaciones de las personas TLGB, a menudo valiéndose de la violencia física y la psicológica, a través de severas amenazas. 
El estudio además revela que en centros de salud la violencia contra las personas de este colectivo es moneda común, y la encuesta evidencia que quienes más discriminan son las enfermeras; el 27% de la muestra afirma haber recibido malos tratos, tanto verbales como actitudinales en centros de salud y el 42% asegura que la atención no fue ni de calidad ni con calidez. 
Asimismo, esta población suele ser víctima de discriminación y exclusión en el ámbito educativo, donde la mayoría, con suerte, apenas llega al bachillerato, lo cual limita las posibilidades de crecimiento personal a lo largo de la vida. Una de cada cuatro personas reconoce haber sufrido discriminación en la secundaria, misma proporción que en institutos de formación técnica; también se sabe que estos fenómenos son más frecuentes en ciudades intermedias y pequeñas que en las capitales. 
Estos son apenas algunos datos que evidencian la dureza de las condiciones a las que son sometidas las personas TLGB en todos los ámbitos de la vida, lo cual nos recuerda que tras varios años de promulgadas la Ley 045 y otras, que protegen los derechos fundamentales de todas las personas, hay quienes todavía están lejos de beneficiarse de tales protecciones. Desde el punto de vista de la sociedad, será bueno entender que las manifestaciones de homofobia y transfobia no son más que el rostro de la heterofobia, es decir, el miedo a quien es diferente.
Publicado en la Editorial del Periódico La Razón el 29 de enero de 2019

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