Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás
Por: Lourdes Montero
El
retorno a sus funciones del magistrado Orlando Ceballos, acusado de violencia
machista, ha despertado la indignación de la ciudadanía, las organizaciones de
mujeres y algunas autoridades; generado consenso sobre la imposibilidad ética y
moral de seguir ejerciendo su cargo en el Tribunal Constitucional. Las
diputadas y senadoras de varios partidos, la presidenta y presidente de las dos
Cámaras, la Defensora del Pueblo y más de 60 organizaciones sociales e
instituciones se pronunciaron pidiendo la renuncia del jurista.
Hace
un mes, el magistrado fue denunciado por su esposa, quien acudió a la Policía
con signos de haber sufrido violencia física, revelando en su declaración que
no era la primera vez que ocurría algo semejante. El certificado forense
estableció siete días de impedimento para la víctima por los hematomas que
presentaba. A pesar de que unos días después la esposa desistió de la denuncia
(cosa que siempre ocurre frente a la presión familiar), la Fiscalía continúa la
investigación del delito frente a los indicios de reincidencia y el juez de
instrucción Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer, Gary Bracamonte,
declaró infundada la solicitud de extinción de la acción penal y resolvió que
se debe continuar con la investigación.
¿Por
qué es tan importante que Ceballos renuncie? En un país como Bolivia, donde
cada 15 minutos se denuncia un hecho de violencia por razones de género (el
delito más frecuente según el Ministerio de Gobierno) y mueren más de 100
mujeres cada año por feminicidio, la peor señal que puede darnos el sistema de
justicia es la impunidad. Si Ceballos continúa ejerciendo como magistrado,
asumimos que, como él sostiene, la violencia es un “problema circunstancial” y,
por tanto, la política estatal de protección a las mujeres es tan solo un discurso
demagógico. ¿Qué podemos esperar de un sistema de justicia si su máxima
autoridad es quien da el ejemplo de su vulneración? Ahorremos los recursos de
campañas de prevención de la violencia, guardemos en un cajón nuestra avanzada
Ley 348, sospechemos del reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres
en la Constitución. Lo que importa como lección pedagógica es que alguien que
golpea a su esposa puede salirse con la suya. Esto podría echar por tierra
todos nuestros avances en la desnaturalización de la violencia.
Por
ello, considero un hecho histórico de lucha contra la impunidad el juicio de
responsabilidades interpuesto por la diputada Susana Rivero ante la Cámara de
Diputados. Este juicio, sin interferir con el proceso penal por violencia intrafamiliar,
busca la destitución del magistrado por incumplimiento de deberes, vulneración
de garantías y violación de derechos fundamentales y convencionales. El
resultado de este juicio será un importante precedente para que todas las
autoridades asuman su responsabilidad de ser los garantes del respeto, la
protección y la vigencia de los derechos humanos. Asimismo, instituye como
principio el artículo 114 de la Constitución Política del Estado, que indica
que los servidores públicos o las autoridades que apliquen, instiguen o
consientan cualquier forma de violencia física o moral serán destituidos de su
cargo.
Y
es que justamente las autoridades se constituyen en modelos que establecen lo
aceptable en una comunidad, sus acciones modelan las normas sociales. Por ello,
sus chistes no son graciosos, y sus actitudes son duramente juzgadas por la
ciudadanía. Como sostiene la diputada Rivero: “¿Cómo podrían las mujeres
bolivianas acceder a la justicia, si es el propio garante el que incumple las
garantías, los derechos, los principios de su función y los compromisos en
materia de derechos humanos?”. Si el Sr. Ceballos, haciendo uso de su
influencia con algunas autoridades logra permanecer en su puesto, lo hará como
un fantoche, puesto que no tendrá autoridad ni legitimidad para ejercer ningún
acto de justicia.
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