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El fascismo está actuando en Santa Cruz, el gobierno debe investigar

Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás

Goni contrató consultoras por $us 17,3 millones



Por: Gonzalo Pérez Bejar

En el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997) se contrataron consultoras extranjeras para que realicen asesorías y estudios con el fin de determinar el valor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), para así encaminar las estrategias de transferencia de capital.

Por ello se adquirieron dos créditos por $us 17,3 millones para realizar dichas asesorías y financiar los estudios técnicos de la capitalización.

La autoridad que contrató las empresas extranjeras para realizar asesorías fue el entonces ministro de Capitalización, Alfonso Revollo Thenier.

Para costear la asistencia técnica del proceso de capitalización se aprobó el Convenio de Crédito 2647-BO con el BM-AIF, mediante Ley 1607 (22/12/1994) por la suma de $us 10.500.000,00.

Luego se aprobó el Convenio de Crédito 2762-BO, a través de la Ley 1666 (30/10/1995), por la suma de $us 6.800.000, destinados a financiar el proyecto de Reforma Regulatoria y Asistencia Técnica a la Capitalización, señala el informe de la Comisión Especial Mixta de Investigación de la Privatización y Capitalización de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Las consultoras que lograron los contratos fueron: Salomon Brothers Inc., de Nueva York, EEUU; Arthur D. Little International Inc., de Cambridge, Massachusetts, EEUU; Muse, Stancil & Co., con sede en Dallas, Texas, EEUU; Levin SA, de Argentina; Dames & More Inc., Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP, de Houston, Texas, EEUU; KPMG Peat Marwick LLP, con sede en Amstelveen, Países Bajos; Degolyer & MacNaughton, de Dallas, Texas, EEUU, y Coopers & Lybrand Harteneck López y Cia.

Además, el informe legislativo refiere que el Banco de Inversión cobró un honorario equivalente a $us 2,5 millones, monto pagado por las empresas adjudicatarias: Empresa Petrolera Andina SAM (Epan SAM), Empresa Petrolera Chaco SAN (Epcha SAM) y Transportadora Boliviana de Hidrocarburos SAM (TBH SAM).

El gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada optó por fraccionar YPFB y someter al proceso de capitalización solamente las unidades de exploración, explotación y transporte. Las otras unidades de industrialización y comercialización fueron privatizadas en la gestión de Hugo Banzer y Jorge Quiroga (1997-2002).

“De esta manera, los nuevos socios se constituían en propietarios del 50% de los paquetes accionarios y tomaban la administración y el control de las empresas SAM, designando a cuatro de los siete directores en las nuevas empresas. El otro 50% correspondía a las acciones estatales administradas por las AFP (49%) y los extrabajadores de YPFB (1%)”, refiere el informe legislativo (1).

Con ese propósito, el 4 de agosto de 1997, Sánchez de Lozada, mediante DS 24806, aprobó los modelos de contrato de riesgo compartido para áreas de explotación y exploración de hidrocarburos por licitación pública, y determinó que las empresas beneficiadas con tales contratos adquirirían la propiedad y disposición de los hidrocarburos producidos en “boca de pozo”.

En el marco de la Ley 1689 de Hidrocarburos (30 de abril de 1996), se quitó al Estado y a YPFB la posibilidad de controlar el precio y destino de la producción hidrocarburífera en el territorio nacional.

“El total de contratos de riesgo compartido firmados en el período neoliberal fue de 107, ninguno de los cuales contó con autorización congresal, vulnerando el artículo 59, numeral 5, de la CPE (Constitución Política del Estado)” (2).

IRREGULARIDADES

“En la constitución de Epan SAM y Epcha SAM, el Estado aportó el valor en libros del patrimonio (activos fijos); sin embargo, pese a contar con la certificación y valoración de reservas, estas no fueron parte de la constitución de las nuevas empresas, pero sí fueron utilizadas en el proceso de negociación con los postulantes preseleccionados, ya que la industria petrolera no se valora solamente por los fierros con los que cuenta, sino principalmente por las reservas de gas y petróleo que pueden ser explotadas” (3).

Despidieron y acabaron con los campamentos

El proceso de capitalización, que se ejecutó entre 1985 y 2005, fue despiadado para los trabajadores, en especial para los petroleros, que tuvieron que soportar humillaciones y vejámenes por parte de los empresarios de las transnacionales que se apropiaron de YPFB.

El ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD) de Santa Cruz y trabajador petrolero, Rolando Borda, recordó que en esos años lo primero que hicieron los extranjeros fue ordenar la desaparición de los sindicatos.

“Los trabajadores hemos sido golpeados porque nos quitaron muchas de nuestras reivindicaciones. Llegaron al extremo de decirnos que solo nos asegurarían si decidíamos desafiliarnos del sindicato”, rememoró.

Refirió que les ofrecieron un sueldo y medio, además del finiquito, para que se vayan.

El otro mecanismo que utilizaron era hacerlos viajar desde los campamentos hasta Santa Cruz para entregarles sus memorandos de despido.

“En ese tiempo mucha gente tuvo que vender hasta su garrafa de gas para poder viajar”, dijo.

Mencionó que varios campamentos, entre ellos el más importante ubicado en el municipio de Camiri, fueron desmantelados. Y que de los 9.500 trabajadores que había en la empresa estatal, en el proceso de capitalización solo quedaron 500 en todo el país.

Notas
(1) Informe de la Comisión Especial Mixta de Investigación de la Privatización y Capitalización.
(2) Ídem.
(3) Ídem.


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