Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás
Por:
Boaventura de Sousa Santos
El problema de la transparencia,
como el de la lucha contra la corrupción, es la opacidad de su selectividad.
Quienes quizás vivan más directamente este problema son los periodistas de todo
el mundo que todavía insisten en hacer periodismo de investigación. Todos
temblaron el pasado 11 de abril, cualquiera que haya sido la línea editorial de
sus periódicos, ante la detención de Julian Assange, sacado a la fuerza de la
Embajada de Ecuador en Londres para ser entregado a las autoridades
estadounidenses que contra él habían emitido una solicitud de extradición. Las
acusaciones que hasta ahora se han vertido contra Assange se refieren a
acciones que solo pretendían garantizar el anonimato de la denunciante de
irregularidades Chelsea Manning, es decir, garantizar el anonimato de la fuente
de información, una garantía sin la cual el periodismo de investigación no es
posible. Si los periodistas son quienes viven más directamente la selectividad
de la transparencia, quienes más sufren las consecuencias de ello son la
calidad de la democracia y la credibilidad del deber de rendición de cuentas a
la que los gobiernos democráticos están obligados.
¿Por qué la lucha por la
transparencia se dirige a determinados objetivos políticos y no a otros? ¿Por
qué las revelaciones en algunos casos son celebradas y tienen consecuencias
mientras que, en otros, se impiden y, si llegan a ver la luz, se ignoran? De
ahí la necesidad de conocer mejor los criterios que presiden la selectividad.
Por supuesto, el otro lado de la selectividad de la transparencia es la
selectividad de la lucha contra la transparencia.
Tal vez no sabríamos de las
perturbaciones reveladas por WikiLeaks en 2010 (videos militares sobre el
asesinato en Irak de civiles desarmados, dos de los cuales trabajaban para
Reuters), si no hubiesen sido divulgadas ampliamente por los medios de
comunicación de referencia de todo el mundo. ¿Por qué toda la saña persecutoria
se desató contra el fundador de WikiLeaks y no sobre esos medios, algunos de
los cuales ganaron mucho dinero que nunca retornó adecuadamente para Assange?
¿Por qué entonces los editoriales del New York Times vitoreaban a Assange como
el campeón de la libertad de expresión y celebraron las revelaciones como el
triunfo de la democracia, mientras que el editorial de la semana pasada
considera su prisión como el triunfo de la rule of law? ¿Por qué el Gobierno de
Ecuador protegió “los derechos humanos de Assange durante seis años y 10
meses”, en palabras del presidente Lenín Moreno, y lo entregó repentina e
informalmente, violando el derecho internacional de asilo? ¿Será porque, según
el New York Times, el nuevo préstamo del FMI a Ecuador por valor de unos 4.000
millones de dólares habría sido aprobado por Estados Unidos a condición de que
Ecuador entregara a Julian Assange? ¿Será porque WikiLeaks reveló recientemente
que Moreno podría ser acusado de corrupción por dos supuestas cuentas offshore,
de titularidad de su hermano, una en Belice y otra en Panamá, donde
supuestamente se depositaron comisiones ilegales?
En cuanto a la selectividad de la
lucha por la transparencia, hay que distinguir entre los que luchan desde fuera
del sistema político y los que luchan desde dentro. En cuanto a los primeros,
su lucha tiene, en general, un efecto democratizador porque denuncia el modo
despótico, ilegal e impune en que el poder formalmente democrático y legal se ejerce
en la práctica para neutralizar resistencias a su ejercicio. En el caso de
WikiLeaks habrá que reconocer que ha publicado informaciones que afectan a
gobiernos y actores políticos de diferentes colores políticos, y este es quizás
su mayor pecado en un mundo de rivalidades geopolíticas. La suerte de WikiLeaks
cambió cuando en 2016 reveló las prácticas ilegales que manipularon las
elecciones primarias en el Partido Demócrata de Estados Unidos para que Hillary
Clinton, y no Bernie Sanders, fuera la candidata presidencial; y más aún
después de haber mostrado que Hillary Clinton fue la principal responsable de
la invasión de Libia, una atrocidad por la que el pueblo libio sigue sangrando.
Se puede objetar que WikiLeaks se ha restringido, en general, a los gobiernos
más o menos democráticos de dicho mundo eurocéntrico o nortecéntrico. Es
posible, pero también es verdad que las revelaciones que se han hecho más allá
de ese mundo cosechan muy poca atención de los medios dominantes.
La selectividad de la lucha por
parte de los que dominan el sistema político es la que más daño puede causar a
la democracia, pues quien protagoniza la lucha, si tuviese éxito, puede
aumentar su poder por vías no democráticas. El sistema jurídico-judiciario es
hoy el instrumento privilegiado de esa lucha. Asistimos en los últimos días a
intentos desesperados por justificar la anulación del asilo de Assange y su
consecuente prisión a la luz del derecho internacional y del derecho interno de
los varios países involucrados. Empero, nadie ignora el hecho de que se trató
de un barniz legal para cubrir una conveniencia política ilegal, si acaso no
directamente una exigencia por parte de Estados Unidos.
Pero sin duda el estudio de caso
del abuso del derecho para encubrir intereses políticos internos e imperiales
es la prisión del expresidente Lula da Silva. El ejecutor de tal abuso es el
juez Sergio Moro, acusador, juez en causa propia, ministro de Justicia del
Gobierno que conquistó el poder gracias a la prisión del líder del PT. Lula fue
procesado mediante sórdidos dislates procesales y la violación de la jerarquía
judicial, se lo condenó por un crimen que nunca fue probado, y es mantenido en
prisión a pesar de que el proceso no ha sido transitado en juzgado. De aquí a
cincuenta años, si todavía hubiera democracia, este caso será estudiado como
ejemplo del modo en que la democracia puede ser destruida por el ejercicio
abusivo del sistema judicial. Es también el caso que mejor ilustra de la falta
de transparencia en la selectividad de la lucha por la transparencia.
No es preciso insistir en que la
práctica de promiscuidad entre el poder económico y el poder político viene de
lejos en Brasil y que cubre todo el espectro político. Ni tampoco que el
expresidente Michel Temer pudo terminar el mandato para el cual no fue electo a
pesar de los desórdenes financieros en los que habría estado involucrado.
Lo importante es saber que la
prisión de Lula da Silva fue fundamental para elegir un Gobierno que entregase
los recursos naturales a las empresas multinacionales, privatizase el sistema
de pensiones, redujese al máximo las políticas sociales y acabase con la
tradicional autonomía de la política internacional de Brasil, rindiéndose a un
alineamiento incondicional con Estados Unidos en tiempos de rivalidad
geopolítica con China.
Objetivamente, el que más se
beneficia con estas medidas es Estados Unidos. No sorprende por ello que
intereses norteamericanos hayan estado tan implicados en las últimas elecciones
generales. Es sabido también que las informaciones que sirvieron de base para
la investigación de la Operación Lava Jato resultaran de una íntima
colaboración con el Departamento de Justicia estadounidense. Pero quizás sea
sorprendente la rapidez con la que, en este caso, el hechizo puede volverse en
contra del hechicero. WikiLeaks acaba de revelar que Sergio Moro fue uno de los
magistrados entrenados en Estados Unidos para la llamada “lucha contra el
terrorismo”. Se trató de un entrenamiento orientado al uso robusto y
manipulativo de las instituciones jurídicas y judiciarias existentes, así como
para el recurso a innovaciones procesales, como la delación premiada, con el
objetivo de obtener condenas rápidas y drásticas. Fue esa formación que enseñó
a los juristas a tratar algunos ciudadanos como enemigos y no como adversarios,
esto es, como seres privados de los derechos y de las garantías
constitucionales y procesales y de los derechos humanos supuestamente
universales.
El concepto de enemigo interno,
originalmente desarrollado por la jurisprudencia nazi, buscó precisamente crear
una licencia para condenar con una lógica de estado de excepción, a pesar de
ser ejercida en una supuesta normalidad democrática y constitucional. Moro fue
así escogido para ser el malabarista jurídico-político al servicio de causas
que no pueden ser avaladas democráticamente. Lo que une a Assange, Lula y Moro
es ser peones del mismo sistema de poder imperial: Assange y Lula como
víctimas, Moro en tanto verdugo útil y por eso descartable cuando haya cumplido
su misión o cuando, por cualquier motivo, se transforme en un obstáculo para
que la misión sea cumplida.
Traducción de Antoni Aguiló y
José Luis Exeni Rodríguez.
El autor es doctor en Sociología
y Twitter: @escuelanfp
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