Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás
Por: Nicolás Oliva
Hace
menos de tres días Lenín Moreno anunció un paquete de medidas económicas como
consecuencias del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La ley
sigue sin conocerse, pero en cadena nacional indicó que se eliminaría el
subsidio a las gasolinas (incrementos de 120% en el diésel y 30% en la gasolina
regular) y bosquejó reformas laborales y tributarias que, claramente, afectan a
los trabajadores y benefician a los grupos exportadores e importadores.
Moreno
goza, desde hace dos años, del respaldo de los medios de comunicación, la banca
y las oligarquías quiteña y guayaquileña para gobernar. En este sentido, pensó
que un estallido social como el que está en curso era cosa del pasado, y que la
prensa podría moldear las voluntades y hacer pasar estas medidas evitando la
reacción de la gente. Se equivocó. El país está sumido en la peor crisis
política desde 2005 y ha aglutinado -de manera simultánea en todo el país- a
varios sectores sociales, convirtiendo a las protestas en un paro nacional. Hay
más de trescientos detenidos y, claramente, hay pruebas de un uso excesivo de la
fuerza. En el caso de Ecuador, una protesta de estas características preocupa,
dada la historia de derrocamientos de presidentes que tiene el país: 1997, 2000
y 2005. El estallido social es súbito y de corto plazo, pero puede tener
consecuencias tremendas en el equilibrio político. Todo deja entrever que el
ecuatoriano es paciente, pero no está
ausente de la vida política.
El
Gobierno afirmó que los hechos eran una cuestión de agitadores y “golpistas”;
aun no reconoce que hay un importante componente de espontaneidad en las
protestas, fruto del descontento generalizado. Así, al segundo día de
movilizaciones decretó el estado de excepción (amparado en el artículo 165 de
la Constitución) e inmediatamente se refugió en Guayaquil. Por su parte la
derecha, al ver la magnitud de la reacción popular, ha tomado distancia del
Gobierno: Guillermo Lasso se aleja con mayor legitimidad -siempre ha mantenido
distancia-, mientras que Jaime Nebot busca en el despegue una forma de que no
le salpique en su carrera presidencial hacia los comicios de 2021. En todo
caso, esto marca un antes y un después en el Gobierno de Moreno.
La
prensa, como parte del poder de trastienda en Carondelet, intenta posicionar
que las protestas son un reclamo a la pérdida de privilegios. Los analistas
políticos buscan imponer la idea que el “populismo” de Rafael Correa llevó a
esta situación. Ambos Intentan deslegitimar la protesta y el descontento
social. Evidentemente, ninguno logra retratar toda la realidad.
¿Qué
ha incubado las protestas?
Pensar
que las protestas son solo el resultado de la quita del subsidio es narrar la
mitad de la historia. Lo que vive Ecuador es una crisis democrática de
representación. La sociedad no siente que el Gobierno esté actuando en
beneficio de la mayoría: una vez agotado el discurso del odio que vienen
imponiendo, Moreno no ofrece nada más al país. Es más, el empleo se deteriora,
los servicios públicos escasean y no hay una defensa de la soberanía económica
ni política. En su incapacidad para gestionar el Estado, repartió el país a los
poderes fácticos y asumió un rol secundario. Hoy Lenín Moreno es, simplemente,
la cara visible de un Poder Ejecutivo tricéfalo repartido entre los grupos
económicos, los medios de comunicación y la Embajada de Estados Unidos.
Un
Gobierno sin brújula
En
dos años y medio de gobierno no existe una sola política pública que muestre un
norte. Moreno vive de las cenizas de la institucionalidad del Gobierno anterior
y no logra imponer una marca propia. Su discurso de libertad, institucionalidad
y el diálogo han caído en desprestigio porque no hay acciones concretas que los
respalden. La consulta popular de 2018 ofreció al país un nuevo horizonte
democrático, pero lo único que consiguió fue restablecer el viejo equilibrio de
poderes. Moreno no entendió que el cambio que la gente buscaba era llevar al
país a una etapa post Correa, y lo que hizo fue regresar a las viejas prácticas
clientelares. A esta altura es evidente que Lenín Moreno sabía bien lo que
hacía, y la hipótesis de la traición al plan de gobierno es cada vez más clara.
Han
pasado 30 meses y absolutamente todo el discurso oficial se rellena con “la
culpa es del Gobierno anterior”. Esa estrategia, que al inicio pudo capitalizar
la imagen de Moreno, hoy socava su credibilidad y su capacidad para gobernar.
En este sentido, la sociedad siente que el país en dos años y medio ha perdido
el Norte. Moreno, con la excusa de la corrupción, llevó al país a las antípodas
del plan de gobierno de la Revolución Ciudadana. No es menor que en 30 meses
haya dinamitado el 70% de su capital político.
Esfuerzos
regresivos
Moreno
pensó que podía seguir exigiendo más esfuerzo a las clases trabajadoras
mientras regalaba recursos a las clases dominantes, como ejemplifica esta
última reforma económica. Mientras quita el subsidio a los combustibles,
privilegia a exportadores e importadores reduciendo su carga fiscal, laboral y
les facilita la evasión tributaria. En 30 meses eliminó impuestos, amplió los
escudos fiscales para facilitar la evasión y desmontó los aranceles que
defendían al país y a la dolarización. En lo laboral, redujo derechos,
flexibilizó el mercado y amputó los mecanismos de regulación, todo ello para
garantizar que los grandes empresarios mantengan su tasa de ganancia a costa de
una reducción del salario en momentos en que la economía se debilita gracias a
las políticas de austeridad que emprendió.
Por
ende, es equivocado pensar que son protestas para preservar “privilegios”. La
gente sigue saliendo a la calle porque sabe que no existe corresponsabilidad ni
justicia en las políticas adoptadas; no hay una justa distribución del esfuerzo
y la carga es desproporcionadamente más pesada para la clase social que vive de
su trabajo.
Protestas
que no tienen signos de agotarse
Cuando
terminamos este artículo se iniciaba el tercer día de protestas. Moreno
gobierna desde Guayaquil y ha dicho que no dará marcha atrás. Otros sectores se
suman al paro y al bloqueo de vías. La protesta parece que va ganado en calor e
intensidad. ¿Se podrá catalizar el descontento social? Un escenario como el año
1997, 2000 o 2005 puede ocurrir si Moreno no retrocede. A diferencia del
pasado, la prensa está en silencio y dispuesta a perder su credibilidad con tal
de garantizar que Correa no regrese. En cualquier caso, las élites pueden
frotase las manos porque, si Moreno capitula, ahí está su vicepresidente
dispuesto a “salvar” el país.
Máster en economía del desarrollo (FLACSO) y en economía aplicada (UAB) (Ecuador)
Publicado en CELAG, Centro Estratégico Latinoamericano de Análisis Geopolítico
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