Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás
Por:
Esteban Elmer Catarina Mamani
Durante las últimas semanas, la
problemática de los bolivianos migrantes varados en la frontera con Chile ha
llamado la atención de la comunidad internacional. En Bolivia se continúa
cuestionando, censurando y estigmatizando a estos connacionales, con una mirada
prejuiciosa y desmedida sin conocer su realidad, ni su situación migratoria en
el vecino país.
Primero, se debe tener una noción
clara sobre el aporte de la comunidad boliviana que radica en Chile. Según
datos del Banco Central, estos migrantes envían cada año remesas por un valor
cercano a los $us 130 millones. Se trata del tercer monto de este tipo en favor
del país, después de España y Estados Unidos. En Chile viven 120.103
bolivianos, según datos del Departamento de Extranjería de aquel país, y el 70%
de ellos trabaja en el norte chileno.
La pandemia ha impulsado el
retorno masivo de estos compatriotas procedentes de Chile, el tercer país de
América Latina con más casos de COVID-19. La crisis sanitaria ha paralizado el
sector productivo chileno. Razón por la cual, los bolivianos que trabajaban de
forma temporal o de manera informal quedaron desempleados y sin recursos
económicos para sustentarse en un país cuyo costo de vida es muy elevado. Esta
situación de vulnerabilidad, sumada al temor de afrontar la pandemia lejos de
sus familiares, motivó su retorno a Bolivia.
En el municipio chileno de
Colchane, en la frontera con Bolivia, había muchos niños, mujeres embarazadas y
personas de la tercera edad, quienes tuvieron que dormir a la intemperie durante
varios días, soportando hambre y temperaturas bajo cero grados. Así lo
manifestó la jefa regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile
de Tarapacá, Lorena de Ferrari. “A juicio nuestro, estamos frente a una crisis
humanitaria de personas que no han recibido ningún tipo de ayuda”, señaló la
autoridad. A su vez, aquellos compatriotas lamentaron que el consulado de
Bolivia no les haya brindado apoyo ni protección, conforme indica la Ley de
Servicio Exterior de Bolivia 465. El gesto humanitario del alcalde chileno
aminoró en algo esta tragedia humanitaria.
Con Chile se comparte una vasta
frontera de 861 kilómetros. Si bien es cierto que los bolivianos varados en el
exterior aún esperan la respuesta del Estado para cumplir los protocolos sanitarios
de ingreso y la correspondiente cuarentena, existen riesgos si se prolonga el
cierre de las fronteras, como bien ha advertido portavoz de la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM) de la ONU, Joel Millman, al alertar
que el cierre de frontera incita a la habilitación y el empleo de “cruces
clandestinos”. Lo cual pude “tener un impacto mayor que una migración regular y
ordenada en estos momentos en todos los países”.
Por otro lado, se conoce que el
paso fronterizo de Tambo Quemado está habilitado para el ingreso de carga
internacional, y que en el transcurso de una semana ingresaron al menos 1.000
camiones procedentes de Arica. Seguramente esos 1.000 conductores siguieron un
protocolo y entraron en cuarentena. Entonces se debería aplicar este mismo
trato a los migrantes que buscan cruzar el paso fronterizo Pisiga – Colchane.
¿O será que un contenedor de carga vale más que una vida humana? El Gobierno
transitorio no puede continuar con esta indolencia, y seguir politizando la
crisis humanitaria que se vive en la frontera. Se debería limita a cumplir lo
que establece el Art 21 de la Constitución Política, la Ley de Migración 370 y
el protocolo sanitario para enfrentar la actual pandemia. El Alto Comisionado
para los Derechos Humanos de la ONU ya se pronunció al respecto, instando a
todos los gobiernos a que dejen ingresar a sus ciudadanos, conforme al mandato
establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Actualmente se
tienen solicitudes de retorno desde México, Alemania, Argentina, Brasil, etc.
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