Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás
Por: Rosalía del Villar
En pleno
Siglo XXI, el capitalismo sostiene la violencia como una confirmación del
poder, expresado en guerras, invasiones, esclavitud laboral y criminalización
de la pobreza, como algunos ejemplos, que no podían dejar de afectar al núcleo
mismo de la sociedad: LA FAMILIA; reflejado muchas veces en violencia
intrafamiliar como la expresión de la Ley del más fuerte o la impotencia ante
la misma.
Eduardo
Galeano señalaba: “la extorsión, la amenaza, el coscorrón, la bofetada, la
paliza, el azote, el cuarto oscuro, la ducha helada, el ayuno obligatorio, la
comida obligatoria, la prohibición de salir, la prohibición de decir lo que se
piensa, la prohibición de hacer lo que se siente y la humillación pública son algunos
de los métodos de penitencia y tortura tradicionales en la vida de la familia.
Para castigo de la desobediencia y escarmiento de la libertad, la tradición
familiar perpetúa una cultura del terror que humilla a la mujer, enseña a los
hijos a mentir y contagia la peste del miedo”. (La cultura del Terror/2, en El
Libro de los abrazos).
Pareciera
una historia de ficción o de dictadura cuando se lee con detenimiento, sin
embargo, es una cotidianeidad cubierta bajo el manto de “LA VIDA PRIVADA DE LAS
FAMILIAS”, que afecta con mayor relevancia a los integrantes del hogar en mayor
situación de vulnerabilidad, considerados erróneamente como débiles.
Tan normalizada
se encuentra la violencia intrafamiliar en nuestro país que datos alarmantes
revelan que entre el año 2013 y el año 2019 se registraron 19.770 casos de
violencia sexual contra niñas, niños, adolescentes y mujeres, en un promedio de
3.067 hechos de violencia sexual por año.
Los
feminicidios también crecen incesantemente, el año 2013 se registraron 26
feminicidios, para el 2019 este número se elevaba a 116, solo en ese año, y
entre enero y marzo del 2020 se registraron oficialmente 36 feminicidios; los
datos no son menos crudos, en cuanto a infanticidios se refiere, puesto que
para el 2018 la FELCV reportaba 28 casos y ya para el 2019, el número se
elevaba a 66 casos en solo un año. No obstante, menos del 10% de los casos
llegan a juicios que tardan muchas veces más de 10 o 15 años, cuando solo
deberían demorar 6 meses hasta la sentencia final, en un largo viacrucis de las
familias donde muchas veces se pierden las pruebas, los recursos económicos y
las fuerzas, a veces sin encontrar justicia para sus hermanas, hermanos, hijas,
hijos o madres fallecidas.
Si tan
solo fueran cifras, sin embargo, detrás de cada número se encuentran familias
desintegradas, vidas que no volverán a ver la luz del día, hijos huérfanos o
madres que perdieron a sus hijas o hijos y familias dañadas por una violación,
por el golpe o el insulto cotidiano, que afecta sistemáticamente desde adentro,
desde el núcleo hasta la sociedad en su conjunto.
Como
muchos otros flagelos cotidianos, la violencia Intrafamiliar se ha dejado de
lado para atender el mal mayor que vivimos en la actualidad: EL CORONA VIRUS y
entre las estrategias de prevención de contagios, se ha difundido y aceptado de
manera globalizada el encierro voluntario de las familias; que en muchos casos
se vuelve contraproducente si no se generan las medidas necesarias para
prevenir que las mujeres, las niñas, niños y adolescentes, no se expongan a
otro tipo de muerte igual o más cruel que el COVID – 19.
Lamentablemente
el actual gobierno proveniente de un Golpe de Estado no ha presentado ni
implementado ninguna política de emergencia, integral y efectiva, de lucha
contra toda forma de violencia hacia la mujer, ante la crisis sanitaria, a
pesar que ya se contaban con planes aprobados por el anterior gobierno, como el
PLAN DE ACCIÓN “CONTRA LOS FEMINICIDIOS”, que había sido realizado en consenso
con organizaciones de la sociedad civil y se encontraba en los albores de su
implementación en la gestión 2019.
Ante esta
ausencia de Estado, este flagelo se ha multiplicado en plena pandemia, puesto que según datos presentados en los medios de comunicación, el Ministerio
Público, entre el 21 de marzo y el 12 de abril del 2020, habría registrado 545
casos de Violencia Familiar, mientras que según la FELCV se registraron 1.216
casos, de los cuales 4 derivaron en feminicidios, además del reporte de 33
casos de violación a menores de edad; cifras que consideramos alarmantes debido
a que sucedieron en tan solo 23 días, sin
tomar en cuenta los casos que todavía se encuentran en el anonimato y que incrementarían
las cifras oficiales. No obstante, llama la atención el profundo sesgo entre
los datos de una y otra institución, ambas responsables del seguimiento de este
tipo de hechos.
En este
sentido, es fundamental que desde la sociedad civil generemos medidas de
prevención y protección durante la cuarentena, como ser: exigir información
real y transparente; exigir la elaboración o continuidad de planes de acción
contra los feminicidios y la violencia intrafamiliar; exigir que la justicia y
el debido proceso sean garantizados sin descuidar la salud y la vida; exigir el
apoyo biopsicosocial, resguardo y protección de mujeres que denuncian la
violencia hasta la conclusión de la cuarentena; generar redes de protección y
casas de acogida para mujeres, adolescentes, niñas y niños en situación de
violencia; en nuestros barrios y comunidades estar alertas y brindar el apoyo
oportuno a víctimas de violencia.
Estamos a
tiempo de dejar los males privados y externalizarlos a lo público, solo
haciéndolo visible, sin morbo ni prejuicio, podremos coadyuvar generando
comunidades de apoyo a las familias, a través, de la destraumatización y
desvictimización; porque si no tomamos acciones, cuando concluya la cuarentena
en Bolivia nos encontraremos con familias más quebradas y con profundas heridas
internas que como sociedad será más difícil sanar, cuando paralelamente debemos
confrontar una profunda crisis política, social y económica. La realidad,
permanecerá ahí y nosotros tendremos que resolverla, porque las evidencias
demuestran que el actual gobierno no lo hará.
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