Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás
Por:
Verónica Rocha
Empiezo con una certeza tan
básica como importante en este momento: ninguna pandemia pone en suspensión
todo lo establecido en la Constitución Política del Estado, más aún en lo que
refiere a los derechos y garantías constitucionales que protegen a las y los
ciudadanos del accionar del Estado. Uno de éstos, que data de hace una década
en nuestro marco normativo, es el derecho a la información, que además de estar
inscrito en el Art. 106 de la CPE, se encuentra garantizado mediante su Art.
21, que señala que “las bolivianas y los bolivianos tienen los siguientes
derechos: 6. A acceder a la información, interpretarla, analizarla y
comunicarla libremente, de manera individual o colectiva”; además de estar
establecido en varios convenios y tratados internacionales ratificados por
Bolivia.
En tiempos de pandemia este
derecho parece aún más vulnerable que antes, cuando las acciones del Estado son
realizadas en medio de un escenario altamente volátil, incierto y cambiante a
medida que pasan los días. Es cierto que, con la gran cantidad de acciones que
deben realizar los gobiernos de todos los niveles, es altamente complejo
recoger, sistematizar, analizar y comunicar la información pública que se
genera en torno a todo el accionar estatal. Las y los periodistas que conocen a
detalle las varias y continuas trabas que se han generado históricamente desde
instancias públicas para brindar información, que es de todos, afrontan hoy más
limitaciones en su trabajo diario, lo que se suma a las dificultades para la
consecución de esta información.
En general, la ciudadanía no está
cegada ante lo que ocurre. Sabemos que esta emergencia sanitaria es global, que
existen confrontaciones entre los países por conseguir insumos sanitarios para
afrontarla; y entendemos, con claridad, que no existe gobierno en el mundo que
estaba preparado para una amenaza de esta envergadura. Aun conociendo todo
ello, hay demasiada información pública que no se está comunicando oportuna y
adecuadamente. Hay cambios de autoridades y técnicos en medio de la pandemia
que no se conocen puntualmente y simplemente “ocurren” de un día para otro. Hay
intervenciones y acciones sobre las cuales se solicita documentación de
respaldo administrativo y se termina encarando políticamente estas solicitudes.
Los funcionarios públicos
declaran que llegarán al país insumos (equipos de bioseguridad, reactivos,
respiradores, UTI) en “una semana”, a “fin de mes”, en “15 días”; pero estos
nunca llegan. Se señala que habrá evaluaciones y conferencias en determinados
días y horas; y los días no llegan y las horas no se cumplen. Instructivos y
protocolos que son de suma importancia en este tiempo tienen que “filtrarse” en
vez de ser puestos a disposición de la prensa y la ciudadanía. Tenemos cuentas
en redes sociodigitales de instituciones gubernamentales que transitan entre el
“hackeo” continuo y las recetas de panqueques de chocolate, en vez de encarar
con transparencia las acciones de gobierno.
La burocracia estatal, en todos
sus niveles, cuenta con una potente estructura comunicacional que debiera tener
como principal fin el transparentar la información pública de las acciones
gubernamentales. Uno de los principales signos de esta emergencia es el nivel
de incertidumbre que inyecta en los hogares y la sociedad. Aunque las noticias
sean malas, bregar por el cumplimiento del derecho a la información sembrando
certezas es también una manera adecuada de combatir la pandemia.
Verónica Rocha, comunicadora
social
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