Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás
Por: Nahí Nascimento
Esta
refutación surge a partir de la conferencia de prensa que sostuvo la canciller
del gobierno transitorio, Karen Longaric, el día de ayer jueves 21 de mayo, a
fin de esclarecer la vinculación de la cancillería con el “caso Respiradores”.
Por lo cual, me remito expresamente a sus declaraciones, de las cuáles se
desprenden más preguntas e indignación, que respuestas y certidumbre.
En
primer lugar, la canciller aduce no conocer personalmente al Cónsul General de
Bolivia en Barcelona, David Alberto Pareja Lozada, para poder desvincular su
responsabilidad con los hechos de corrupción de los 170 respiradores
provenientes de España. Argumenta, que en este asunto ella tan solo se ocupó de
brindarle el número telefónico del cónsul al exministro Navajas. Alarma número
uno de que existió una coordinación interministerial al respecto y que, por
tanto, como autoridad principal debiera darle seguimiento.
Sin
embargo, la designación de este funcionario fue firmada por ella misma y la
presidenta del Estado. Es, así, vital mencionar que todo funcionario con
designación al Servicio Exterior de ese ministerio, como es el caso del señor
Pareja, en tanto funcionario público debe cumplir con un formulario de
recorrido. Este consiste en breves entrevistas y obtención de firmas de las
direcciones principales del Ministerio de Relaciones Exteriores, así como del
viceministro del área correspondiente y, por supuesto, de la propia canciller,
con el objetivo de recibir información que coadyuvará con el desempeño de sus
futuras funciones y como requisito previo a la partida a su misión
correspondiente.
En
este caso, no se trata del último puesto de la representación diplomática, se
trata de un Cónsul General, nada más y nada menos, que en la segunda legación
diplomática más importante del Estado Plurinacional, como es, ante España. La
canciller considerará que todos somos tan parsimoniosos de pensamiento como
ella misma para no refutar que ella no conozca a quién designa en ese
importante cargo. No obstante, dada la firmeza con la que afirma no conocer a
esta persona, cabe cuestionarse cuánta autoridad tiene realmente la canciller
en su propia Cartera de Estado.
En
segundo lugar, ella afirma que funcionarios de su gabinete recepcionaron la
nota interna clasificada como “Urgente” que contenía el informe del cónsul
(fechada 11 de mayo) y que no le informaron al respecto, derivándola
directamente a los viceministerios. Transcurren 7 días y ella se entera por
“redes sociales” de la existencia de dicho informe y dicha compra (día 18 de
mayo). Este testimonio devela, una vez más, que los viceministros de
cancillería no le informan, ni coordinan con ella, ningún asunto en el curso de
esos largos y lamentables días de penuria para nuestro país.
Igualmente,
la canciller manifiesta drásticamente que los funcionarios de su despacho ya
tienen una sanción de carácter administrativo por esta falta. Me pregunto cuán
desvergonzada se puede ser para castigar injustamente a funcionarios de bajo y
medio rango, entendiendo que ella misma declara no haber consultado siquiera
por cuestiones de índole administrativa –como ser la correspondencia a ella
dirigida como Máxima Autoridad Ejecutiva– durante ese lapso de tiempo. Al
respecto, la acción u omisión del servidor público que cause daño al Estado
acarrea responsabilidad civil.
Aún
más dudoso es que Mohammed Mostajo, al ser dependiente de cancillería como
“Embjaador de Ciencia”, ya el 5 de abril, expuso en una entrevista en
televisión nacional que se trataba de la compra de insumos médicos más grande
en la historia del país. Muy bien, si se trata de una gestión de tal
envergadura, cómo desatina la canciller en dar si quiera seguimiento a las
coordinaciones delegadas a funcionarios suyos –el embajador de Ciencias y
tecnología y el Cónsul en Barcelona– como parte de su propia gestión
interministerial ante un tema tan álgido y urgente. Acoto que ella misma
solicitó al consulado en Barcelona que ayudara al ministro de Salud en todos
los requerimientos que él tuviera.
En
tercer lugar, Longaric manifiesta que ve un afán del MAS por involucrarla en
este caso por razones de índole política, puesto que “no le perdonan” que haya
roto relaciones diplomáticas con Cuba y Venezuela. Continúa declarando que
desde el primer día al frente de cancillería, ha cambiado la orientación de la
política exterior del estado. Aunque en la praxis sabemos el penoso desarrollo
de los hechos diplomáticos en estos 6 meses, la reorientación de la política
exterior no está entre sus atribuciones, simple y llanamente, por que se trata
de un gobierno transitorio.
Y
con cuánta franqueza se manifiesta frente a la relación con Cuba. Longaric
obtuvo su doctorado en Relaciones Económicas Internacionales en ese país,
cuando su esposo Franklin Panka Anaya era embajador de Bolivia ante tal nación.
Rememoremos que Panka Anaya era considerado un amigo por Fidel Castro, quien
como embajador fue parte de uno de los momentos más importantes de la relación
diplomática entre ambas naciones. Lamentable es pensar, que, por entonces,
Longaric aprovechó los beneficios académicos cubanos, que le valieron de
credencial para su posterior desempeño profesional en las lides diplomáticas.
Ahora
bien, en los mismos 10 minutos de conferencia, Longaric indica que han
exonerado a 180 funcionarios del MAS –tan solo “en estos últimos días” a 18
personas– agregando calificativos que no corresponden a una autoridad estatal.
A confesión de partes, relevo de pruebas: masacre blanca. De igual modo, se
define discriminación (Art. 5 Párr. A de la Ley 045) por ideología, filiación
política o filosófica el hecho de “anular o menoscabar el reconocimiento,
goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de derechos humanos y libertades
fundamentales reconocidos por la CPE y el derecho internacional”, dos textos
jurídicos que, presumimos, la canciller conoce. Por extensión, no se puede
privar de trabajo a ningún ciudadano por razones de ideología o militancia
política y menos aún referirse a ellos en los términos que la canciller hizo
ante medios nacionales. Sus declaraciones merecen cárcel.
Por
último, cabe recordar que el señor Mostajo es funcionario de cancillería. Si
bien su designación corresponde a la de Primer Secretario de Bolivia ante las
Naciones Unidas en Nueva York, la población nacional sabe que radica en
Bolivia. Mostajo percibe un salario de más de 6000 dólares –entre haber básico
y compensación de costo de vida de servicio exterior– pero reside en territorio
nacional, lo cual es desde ya una falta flagrante y cómplice a la normativa,
puesto que ningún funcionario puede ausentarse de la misión a la que fue
designado. En caso de hacerlo, debe contar con el beneplácito de su Máxima
Autoridad Ejecutiva, ergo, la canciller.
Este
es solo un caso sobre Cancillería. Otras madejas familiares en Exteriores
fueron denunciadas en estos días. No obstante, ya habrá espacio para referirnos
a ello. Lo que urge preguntarse hoy es ¿en qué país vive la canciller Longaric?
No es todo. La operación del negocio se hizo en el Consulado en Barcelona donde cedieron un espacio a la empresa española QUE NO CONTABA CON OFICINAS. Quien es responsable de una autorización de esa magnitud? Por supuesto Longaric. Aún sin atender a las argumentaciones del artículo q las comparto plenamente, sólo por lo q expongo ya hay materia suficiente para seguir un proceso a la ministra de RREE.
ResponderEliminar