Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás
Por: Jorge
Richter Ramírez
La dimensión política le unge a
la crisis COVID una incidencia que la lleva hasta la condición de peste
providencial. Así, el poder político del entorno gubernamental encuentra en
ella la posibilidad de escalonar sus mandatos por encima de la debida
institucionalidad.
El ciclo de
conflictividad-tranquilidad que caracteriza el actual momento del Hecho
Político Absoluto ha instalado un nuevo punto de tensión y contradicción:
grupos sociales con tradición antagónica que forcejean en innumerables
exposiciones sobre la conveniencia razonable de continuar con el proceso
eleccionario. Dos fuerzas sociales y políticas, populares y urbanas, expresan
una polaridad subjetiva que lastran desde el mes de noviembre.
La cuestión planteada gira en
torno la Ley Nº 1297 que con su promulgación y posterior publicación adquirió
la debida validación social, término poco utilizado hoy en el lenguaje jurídico
que refiere a la fuerza de obligar cuando una norma es promulgada y se procede
a publicarla en la Gaceta Oficial de Bolivia. La “Ley de postergación de las
Elecciones Generales 2020” corporiza la crisis política irresuelta de un país
roto por la mitad, con clases medias urbanas movilizadas y enfrentadas a
sectores populares periurbanos también en apronte. Estas perspectivas opuestas
de entender y practicar la democracia vuelven a emerger ante la inconclusa
pacificación social, trabajo pendiente que el poder desoyó en la intención de
retrotraer el Estado a la lógica política del año 2003.
Los sectores populares
articulados en acción política nuevamente, enseñan a contrario de la profecía
analítica, política y comunicacional, un restablecido coraje para resolver el
Hecho Político Absoluto con un eje discursivo: “¡Elecciones ya!”. Frente a
ellos, la resistencia de la movilización urbana, argumenta un lógico temor a
una expansión incontrolada de la crisis sanitaria. La realidad de esta negación
e intransigencia al proceso electoral está, sin embargo, en otra ley,
complementaria del soporte jurídico que marcó la anulación de las elecciones
del pasado mes de octubre. La Ley 1269 de 23 de diciembre de 2019, conocida
como “Ley excepcional para la convocatoria y la realización de elecciones
subnacionales”, que en su artículo segundo ordena: “El Tribunal Supremo
Electoral dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la posesión de
la Presidenta o Presidente del Estado Plurinacional, emitirá la Convocatoria
para las Elecciones Subnacionales 2020”, agregando que estas deberán realizarse
en un plazo –abreviado como las elecciones generales- de 120 días calendario y
señalando de manera expresa, que todo aquel ciudadano que hubiera sido reelecto
de forma continua a un cargo electivo durante los dos periodos constitucionales
anteriores, no podrá postularse como candidato al mismo cargo electivo.
La sugerente ofensiva contra la
institucionalización electoral del país bajo formas argumentativas referidas a
la pandemia Covid-19 e interpretaciones incorrectas de la arquitectura jurídica
que regula la aplicación del proceso electoral suspendido, buscan ocultar la
intencionalidad de preservar un poder extendido y ya prorrogado en una lógica
de cálculo por encima de un año calendario. El silencio activo de autoridades
imposibilitadas de asistir a una nueva reelección de sus cargos explica una
articulación provocada por el poder subnacional, vinculado en interés directo
con el gobierno central en ese objetivo de persistir en sus cargos sin reparar
en las formas constitucionales. El hecho habitual de políticos que prolongan su
estadía en el control gubernamental amparados en crisis y coyunturas de
emergencia, adquiere relación directa con implementar una legalidad de
excepción y la administración de recursos que se liberan –precisamente por la
emergencia- de todas las pesadas normas de contratación. La prórroga indefinida
de mandato no constitucional anexada a la declaratoria de alerta sanitaria
sitúa la criticidad de los niveles de transparencia en estándares de
imperceptible fiabilidad.
El proceso electoral en Bolivia
no expresa únicamente la tensión por instalar el poder en el Estado nacional,
sino que se extiende a espacios locales, gobernaciones y municipios urbanos hoy
dirigidos por sectores que resisten la renovación electoral por periodo
concluido. En tal escenario, las convicciones democráticas de los sectores
conservadores del país acreditan un retroceso no tranquilizador y una ansiedad
de poder irreprimible. Así, el problema de resistir el proceso electoral no es
el MAS, ni los sectores sociales y populares, es el no retirarse del poder
político y económico.
Politólogo
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