Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás
Por:
Verónica Zapata
Se cumplieron seis meses de la
masacre de campesinos cocaleros en la ciudad de Sacaba por parte del régimen
dictatorial que encabeza la autoproclamada presidenta Jeanine Añez, un crimen
que sigue impune, sin investigaciones sobre el mismo, ni detenidos, perpetrado
apenas tres días después del sangriento golpe de Estado que derrocó al
mandatario constitucional Evo Morales.
El viernes 15 de noviembre 2019
se recuerda como un día de luto para las y los bolivianos: ese día un grupo de
campesinos cocaleros salió en una marcha pacífica a las calles para llegar
hasta la plaza 14 de septiembre con el fin de repudiar el golpe.
La marcha fue detenida a la
altura del puente Huayllani por la policía y los militares. Luego, de
imprevisto empezaron a lanzar gases lacrimógenos sobre los manifestantes, e
inmediatamente una lluvia de balas fueron disparabas sobre ellos los cocaleros
desde tierra y desde helicópteros.
La gente empezó a correr
desesperadamente sin comprender que sucedía para resguardarse. Cuando se disipó
el gas, volvió para cargar el cuerpo de sus muertos y para trasladar a los
heridos a los hospitales de la zona. Nelson Cox, defensor público de Cochabamba,
confirmó la muerte de 10 personas y 115 heridos.
El gobierno de facto sostuvo
cínicamente al respecto que “los cocaleros vinieron armados, pero al carecer de
entrenamiento necesario, terminaron disparándose entre ellos”. Los policías y
los militares sostuvieron que no tenían armas de fuego y que solo contaban con
gases lacrimógenos por lo cual los disparos no podían venir de su bando.
El ministro de facto
Justiniano sostuvo: “Uno de los fallecidos presenta una herida singular, porque
la bala entra por atrás y va de arriba hacia abajo. Es decir, que no provino de
un enfrentamiento cruzado”.
Mientras tanto los medios del
régimen, con la ministra de comunicación Roxana Lizárraga a la cabeza, acusó de
“sedición y terrorismo” a la prensa internacional y en especial a los
periodistas argentinos, mientras en la televisión boliviana se mostraban
novelas, con el fin de ocultar a la ciudadanía y al mundo lo que ocurría
realmente en el país.
Durante la noche los cocaleros,
en caravana, marcharon y cargaron a sus muertos en féretros sobre la carretera,
en la ciudad de Sacaba. La gente lloraba y gritaba: “Fusil metralla, el pueblo
no se calla”. El dolor cubría los rostros de las personas y el ruido del llanto
se escuchaba en el silencio de la noche. Ese día el dolor y la furia ahogó a la
noche en Bolivia.
La Comisión Internacional de
Derechos Humanos (CIDH) dependiente de la Organización de Estados Americanos
(OEA), condenó el uso desproporcionado de la fuerza policial y militar en la
Masacre de Sacaba, en el departamento de Cochabamba y recordó al gobierno de
facto que “el Estado tiene la obligación de asegurar el derecho a la vida e
integridad física de quiénes protestan pacíficamente”.
Por otro lado advirtió en un
comunicado a pocas horas de conocerse la masacre que “las armas de fuego deben
estar excluidas de los dispositivos utilizados para el control de las protestas
sociales”.
La Comisión amplió su comunicado
con una declaración de la Relatoría para la Libertad de Expresión por las
amenazas de expulsión y uso de gas lacrimógeno contra los periodistas
internacionales que cubrían las protestas, entre ellos los medios argentinos
TN., América 24, Crónica y Telefé.
La masacre ocurrió pocas horas
después de que el secretario general de la OEA Luis Almagro brindara su apoyo a
la autoproclamada presidenta de facto, Jeanine Áñez, y tres días después de que
el propio Almagro señalara cínicamente la hipótesis de que el golpe de estado
en Bolivia lo había dado el presidente constitucional Evo Morales.
Actualmente la masacre sigue
impune y no hay investigaciones al respecto, ni detenidos. El pueblo boliviano
pide justicia para sanar una herida abierta que solo cerrará mediante el juicio
y castigo a los culpables.
En con texto con el golpe
El 10 de mayo también se
cumplieron seis meses del golpe de estado en Bolivia, derrocando al gobierno
constitucional de Evo Morales, a través de un golpe violento y sangriento a la
vieja usanza como en las dictaduras de los años 1970. El imperio estadounidense
demostró que con tal de volver a conquistar a Latinoamérica como su patio
trasero, es capaz de volver a utilizar metodologías que se creían que habían
quedado en el pasado en la región.
Tres semanas antes, el 20 de
octubre, en las elecciones generales el Movimiento al Socialismo (MAS.) obtuvo
el 47,08% de los votos, con una diferencia de más de diez puntos frente a
su contrincante Carlos Mesa de Unidad Ciudadana que logró el 36,51%.
El gobierno de Morales fue
acusado de “fraude” de parte de la OEA, organismo panamericano conocido
como el “ministerio de las colonias” de EEUU,. con sede en Washington, y con un
historial siniestro de jugar como articulador de golpes de estado en la región.
Tras las elecciones, el jefe de
las Fuerzas Armadas, general Williams Kalimán, le exigió la renuncia a Morales
en una clara prueba de de que el ex presidente no renunció sino que fue
obligado a ello. Anteriormente, habían renunciado algunos de sus colaboradores
tras el secuestro de sus familiares, amenazas de muerte, saqueos y quema de sus
casas.
EEUU, articulador y financista
del golpe de Estado, logró rearticular a la oligarquía nacional con el fascista
Fernando Camacho, ex presidente del Comité Cívico de Santa Cruz a la
cabeza, con las Fuerzas Armadas, la policía y los grupos paramilitares para
obligar a punta de pistola a renunciar a Evo Morales.
Jeanine Áñez siguiendo el modelo
de presidentes autoproclamados como Juan Guaidó en Venezuela, el 12 de
noviembre del 2019 asume como presidenta de Bolivia en una asamblea legislativa
vacía, con la Biblia en las manos en alto, en un país laico y en un contexto de
quema masivas de whipalas, banderas de los pueblos originarios andinos, en todo
el territorio boliviano de parte de los seguidores de los golpistas.
Áñez dio vía libre a la
represión y tres días después de asumir se lleva a cabo la sangrienta
masacre de Sacaba contra los campesinos cocaleros.
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