Por
Miguel Pinto Parabá
El 21 de
agosto de 1971 es una fecha nefasta para el periodismo boliviano. Ese día, el
coronel Hugo Banzer encabezó un golpe de Estado que ensangrentó al país,
conculcó las libertades democráticas y cayó como una afilada guillotina sobre
el “ímpetu libertario” de los cronistas de la época. Su régimen persiguió,
encarceló y exilió a más de 100 periodistas que cometieron un “delito”: pensar
diferente.
El
cuartelazo de Banzer fue respaldado por el Movimiento Nacionalista
Revolucionario (MNR) de Víctor Paz Estenssoro y la Falange Socialista Boliviana
(FSB) de Mario Gutiérrez. Después de 19 años de traiciones, los
“revolucionarios” de 1952 mostraron así su rostro más reaccionario.
El
enemigo de ese bloque civil-militar fue el proletariado boliviano que, en junio
de 1971, había instalado un “proyecto estatal” diferente al del liberalismo y
el nacionalismo: La Asamblea Popular. Muchos trabajadores de la prensa en ese
entonces fueron cautivados por ese “órgano de poder”, que planteaba transformar
el mundo del capital.
ZAFRA
ROJA
Tras
destacar que “uno de los acontecimientos más importantes del año –y,
lógicamente, del gobierno de Juan José Torres– fue la instauración de la
llamada ‘Asamblea del Pueblo´, una especie de Sóviet en el corazón de América
del Sur”, el periodista Samuel Mendoza, en su texto Anarquía y Caos, explicó
que fue ahí donde el “comunismo internacional” activó una estrategia de
“captura” del país que iba a concluir con el Plan “Zafra Roja”, una “acción
para asesinar a cerca de un millar de integrantes de las Fuerzas Armadas, la
política, la empresa privada y la prensa”.
Esa
posición fue complementada por Fernando Kieffer, quien, en su libro De cara a
la revolución del 21 de agosto de 1971, exhibió cuatro listas de quienes
posiblemente iban a ser ajusticiados. Zafra Roja fue un documento hallado por
el Ministerio de Gobierno en uno de sus allanamientos a viviendas, donde
también se encontraron armas, dinamita, bombas caceras y literatura marxista.
Empero,
esas denuncias fueron cuestionadas por el periodista Víctor Hugo Sandóval. En
su obra Objetividad o compromiso: la vida privada del periodismo boliviano,
aclaró que ese “folleto”, en realidad, fue el principal instrumento
propagandístico que la dictadura mandó a fabricar para “justificar la
represión” a sus opositores y, principalmente, los periodistas. Quienes lo
“idearon y plasmaron” fueron los “integrantes de una agencia de publicidad de
propiedad de Javier Arce Villalba, el ministro de informaciones Hugo González
Rioja, el periodista Ricardo ‘Palillo’ Ocampo, con la ‘desinteresada’
cooperación de algunos periodistas”, reveló.
TRAGEDIA
En ese
contexto, de acuerdo a las publicaciones realizadas por el matutino católico
Presencia, el ataque del gobierno de Banzer contra los periodistas fue
sistemático. El 22 de agosto, informó que “cuando cumplía tareas humanitarias,
haciendo llamados a los centros de asistencia médica para lograr la atención de
las personas que caían heridas en distintas arterias de la ciudad, Radio Fides
cortó imprevistamente sus transmisiones (…) por una explosión en la planta
transmisora”. Ese hecho no fue aislado. El documento El delito de ser
periodista demostró que varias emisoras sindicales también fueron
“ametralladas” y “clausuradas” por los militares; luego, sus trabajadores
fueron detenidos e “invitados” a dejar el país.
Superando
el miedo, el 26 de agosto, los trabajadores de la prensa y la Empresa Editora
Hoy, denunciaron “que elementos políticos escudados en una prepotencia
incalificable, vienen amenazando al personal de este matutino a extremos tales
de anunciar inclusive su eliminación física”.
Esos
actos fueron “comunes” después del golpe. “El advenimiento del régimen (…) hizo
que el movimiento sindical boliviano quedará prácticamente descabezado”,
sostuvo el periodista Gonzalo Viscarra, en su texto Prensa y país, para
inmediatamente concluir que “la prensa no fue una excepción”, “al contrario,
fue la más afectada (…)”, vivió “momentos realmente críticos”: “el cambio
político puede ser calificado para el sindicalismo de la prensa como una
auténtica tragedia”.
PERSEGUIDOS
Pese al
compromiso público del presidente Banzer de respetar la libertad de expresión,
Mario Marañón Zárate, en Presencia, el 27 de agosto, denunció el asalto por
agentes del Ministerio de Gobierno de Radio Altiplano y el domicilio del jefe
de Prensa, Rolando Viscarra. Lo mismo sucedió, un día después, con Radio Cruz
del Sur.
Según las
noticias publicadas por los periódicos, las ediciones de El Diario y Jornada
estaban “suspendidas”. Los periodistas eran despedidos “sin argumento alguno”
en todo el país. Incluso, redactores que no se involucraron en política eran
detenidos. Varios cronistas se asilaron en las Embajadas, pues todos eran
sospechosos de ser “subversivos”.
Alarmado
por esos hechos, el Sindicato de Trabajadores de la Prensa de La Paz envió una
nota al ministro de Gobierno, coronel Andrés Selich, pidiendo “garantías para
sus afiliados”.
El 9 de
septiembre, hasta la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifestó “su
preocupación por la persecución de periodistas” y la clausura de varios medios.
COMUNISTAS
El 19 de
septiembre de 1971, Presencia publicó las declaraciones del prefecto de Santa
Cruz, Gustavo Melgar. Él se sinceró y sintetizó la posición del gobierno con
respecto a los trabajadores de los medios.
“Respeto
la idea de los vencidos, pero no estoy dispuesto a permitir que éstos tengan
cabida en fuentes de trabajo que en corto o largo plazo serán utilizados como
instrumentos de ideas vinculadas con la violencia, el caos y la anarquía”,
afirmó, para luego advertir a los dueños de medios que se “abstengan de
recontratar a radialistas y periodistas complicados con el comunismo”: quienes
“traten de ignorar esta disposición (radios y periódicos) serán sancionados con
la suspensión de sus licencias”.
Así, a
los paramilitares banzeristas no les tembló la mano para acallar a los
periodistas y atemorizar a sus familiares. 68 cronistas se vieron obligados a
abandonar el país y 32 fueron perseguidos, detenidos y confinados, denunció el
documento El delito de ser periodista. Sumado a eso, el asesinato del periodista
Emilio Mendiola quedó en la impunidad.
Miguel
Pinto Parabá es periodista
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