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El fascismo está actuando en Santa Cruz, el gobierno debe investigar

Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás

Pronunciamiento de la Escuela Socialista Comunitaria


El fascismo golpista organiza varios frentes de conflictos en Bolivia

Bolivia vive hoy el principio de una escalada de conflictos sociales y violencia, con epicentros en Santa Cruz, Yungas y en el norte de La Paz con los cooperativistas auríferos.

1. En el caso de Santa Cruz, se está rearticulando el Comité Cívico Pro Santa Cruz con el pretexto de una “defensa de la tierra”, que es en realidad la disputa de la burguesía agroindustrial y financiera cruceña con el Estado Central respecto a las prerrogativas y las atribuciones de los gobiernos departamentales en materia agraria. Lo que quiere Camacho, como parte de su plan federalista, es quitarle al país en beneficio de los intereses agroindustriales terratenientes, el poder constitucional (que el pueblo ejerce a través del Gobierno Nacional) de administrar, distribuir y redistribuir las tierras. Camacho pretende conformar una instancia departamental que supla al Instituto Nacional de Reforma Agraria; si lo logra ya no habrán más dotaciones para los campesinos y comunidades interculturales de otros departamentos de Bolivia, y el control de la tierra se irá concentrando cada vez más, con lo que se consolidará el latifundio y la mercantilización agraria.

Esto lo hace la burguesía cruceña utilizando un discurso que busca poner a los indígenas del oriente como pantalla para ocultar su carácter racista que se manifestó abiertamente durante el golpe del 2019 con la quema de la wiphala, que era una forma de acabar simbólicamente con el Estado Plurinacional y volver a la República. Los cívicos hoy pretenden mostrarse como defensores de los indígenas mientras en los hechos están defendiendo los intereses de los terratenientes. El discurso de construcción del enemigo se centrará en las comunidades Interculturales y campesinas con quienes buscarán enfrentamientos para expulsarlos de las tierras que ansían los ganaderos y la agroindustria, y para desalojarlos cuentan con los grupos paramilitares de la Unión Juvenil Cruceñista que hoy son empleados a sueldo de la Gobernación cruceña.

Esa estrategia otra vez va a utilizar las quemas forestales que ya comenzaron, enfocando su discurso de odio y racismo para culpar a los migrantes campesinos de los incendios que se presentan cada año y de los cuales se beneficia el agronegocio controlado por la burguesía ampliando la frontera agrícola.

2. En el caso de los Yungas, se ha reactivado la estructura violenta conformada por Adepcoca “orgánica” desde los tiempos de Franklin Gutiérrez y Sergio Pampa. Nunca olvidemos que esta estructura formó parte del golpe de Estado de 2019, coordinando con Luis Fernando Camacho. El pretexto para la movilización de este sector es el control del mercado de la coca yungueña y de la directiva de la propia Adepcoca.

3. En el caso del norte de La Paz, las denominadas cooperativas mineras que se dedican a la explotación del oro, y que en realidad están bajo control de empresarios, que también se aliaron con Camacho y Mesa en el golpe del 2019, pretenden ahora generar un nuevo conflicto con el gobierno de Luis Arce, con el pretexto de exigir respeto a sus ilegales actividades. A esto se pueden sumar cooperativistas mineros de otras regiones (Oruro y Potosí) pretextando demandas de ampliación de sus áreas mineras.

4. Se trata de una articulación planificada para que en Bolivia en este mes de julio y en agosto se genere una convulsión social que debilite al gobierno nacional, agregando a los temas nombrados (tierra, coca y minería) otros como el supuesto descontrol de la pandemia o el problema económico y de empleo.

5. El gobierno del compañero Luis Arce debe entender que lo que está pasando es la rearticulación del fascismo en el país, que está planificando una primera arremetida desestabilizadora desde el epicentro de Santa Cruz, buscando nuevamente activar focos de conflictos en tierras cruceñas y en otras partes del país. Por tanto hay que actuar a la altura de las circunstancias y no subestimar al enemigo. Para esto se debe procesar con todo el peso de la ley a los grupos paramilitares: la Unión Juvenil Cruceñista, los grupos armados que responden a Armin Lluta en Yungas y otros que son financiados por los auríferos en el norte paceño. Estos grupos aún operan en el país impunemente.

6. El fascismo a la cabeza de Camacho va a aprovechar cualquier dubitación y resquicio que deje el gobierno, por lo que instamos al gobierno a enjuiciar por la vía ordinaria, sin otorgar ningún tipo de privilegios y sin vacilaciones a todos los golpistas de noviembre de 2019. Nuevamente lo decimos: con los golpistas no se concilia, con los golpistas no se negocia, con las bancadas (la de Mesa y la de Camacho) de los golpistas en el Parlamento no se transa porque eso equivale a traicionar al pueblo. Se debe enjuiciar por la vía ordinaria a todos ellos, por lo que nuestra consigna seguirá siendo: JUICIO A AÑEZ, MESA Y CAMACHO.

7. Finalmente, a quienes quieren desestabilizar otra vez el país, hay que enfrentarlos de manera unitaria y coordinada entre el gobierno nacional del compañero Luis Arce y los movimientos sociales de Bolivia, encabezados por el Pacto de Unidad y la Central Obrera Boliviana (COB).

Bolivia, 10 de julio de 2021

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